Dice el presidente del gobierno que lo ocurrido en el Consejo de Ministrosdel viernes (los de Sumar dejaron de respirar un rato hasta que Sánchez les dio caramelo para salvar la cara, de irse del gobierno nada: aquí ya se lo dije hace días). Calificar una rebelión a bordo, por más que fuera una rebelión en pista cubierta, de “salseo” es solo una muestra de la falta de respeto a la institución y a la ciudadanía que se tiene en la Moncloa.
Hubo un tiempo en que del “salseo” se ocupaban los partidos políticos, negociaciones en secreto o transparentes, según capacidad filtradora de cada cual. Ahora que los partidos no existen e incluso algunos de los que están en el gobierno han sido reiteradamente declarados extraparlamentarios en diversos procesos electorales, todo se dirime en las alfombras de amaranto por las que pasea el hombre tan enamorado como enfadado.
El juego institucional vivido ayer fue simplemente un vodevil (“nunca estuvo en riesgo la continuidad del gobierno”). Entiendan bien: ya todo es política espectáculo, unos fingen estar enfadados con Sánchez, Sánchez finge estar enfadado con el mundo. Solo nosotros, los que estamos enfadados de verdad, no tenemos la palabra.
El salseo responde a la baja calidad democrática de la política española. Una rebelión en el Consejo de ministros debiera conducir a la ruptura de la supuesta coalición y la consideración por la ciudadanía del continuo esperpento democrático que se nos hace vivir.
Un gobierno que lleva toda la legislatura sin aprobar un presupuesto, ocultando el gasto público (no sabemos en realidad lo que estamos gastando en defensa, solo por poner un ejemplo) mientras gritamos “No a la Guerra”) abandonados o abandonando a nuestros socios europeos, estará todo lo enfadado que decida su presidente, pero es un permanente chiste democrático.
Mantener el relato vale cinco mil millones. Si les parecen muchos sitúen la cifra en contexto: es un tercio de una nómina mensual de las pensiones; los crecimientos de IRPF por no deflactación –ajuste de tarifa a inflación- han supuesto desde la pandemia 9 mil millones, casi 30 mil millones fue el aumento de la recaudación el año pasado. Cinco mil millones es más bien poco.
Antes de opinar sobre el fondo del asunto económico señalemos: no hay medidas específicas para vulnerables, se hace la trampa de incluir medidas que cayeron con el decreto ómnibus no aprobado (algunas de ellas de largo plazo) y otra no pequeña: se hace el teatrillo de la vivienda que no será aprobado, que hará daño durante un mes para permitir a los de Sumar que sigan extendiendo un discurso populista sobre la vivienda, con resultados dramáticos.
Éste no es un decreto que atienda a vulnerables; entro otras cosas porque el Gobierno no sabe quiénes son los vulnerables ni donde viven. Las medidas son, como se dirá, en términos generales regresivas (puro populismo energético) y, también, poco eficientes a largo plazo. Éste es el salseo real: la opción era concentrar recursos en quienes el shock lleva a una situación límite o regar sobre todo el mundo con la esperanza de que llueva donde hace falta. Lo decidido es jugar a la lotería.
Bajar el IVA de la luz, el gas y carburantes al 10%, reducir el impuesto especial de hidrocarburos al mínimo comunitario, congelar el butano o recuperar una bonificación de 20 céntimos para transportistas ganaderos y pescadores son las medidas. Lo que se produce es una subsidiación a todos los conductores, sin distinguir su renta.
La reducción de precios de la energía vía supresión de un impuesto (que no es del gobierno y que se verá obligado a compensar a las Comunidades Autónomas) o prohibir los cortes son medidas que socializan el coste vía tarifas, ocultando quien paga.
Pero hay trucos del almendruco diseminados en estas medidas, tal y como han sido diseñadas: se busca la aprobación de toda la política energética de una legislatura. Oculta, por otro lado, que las bonificaciones ya se las han comido las subidas especulativas de la primera semana de guerra. También, las expectativas sobre las que se construyen alertan sobre un nuevo problema fiscal: tal y como está diseñado el sistema, una inflación sostenida del 4% aumenta en 4.500 millones adicionales el coste de actualizar las pensiones. Probablemente haya desaparecido el efecto real del incremento del SMI.
La subsidiación, ya tenemos experiencia, tiene efectos regresivos, son las rentas más altas las que más consumen (un tercio de las rentas más altas capturan un 45% de los beneficios), La reducción de impuestos a los hidrocarburos si se traslada a precios, eso sí, en mercados competitivos, cosa que en España podemos dudar. No es el mismo caso del IVA. Las empresas harán el agosto con las medidas adoptadas.
Hablaba de eficiencia porque, en términos económicos, se responde de forma contraria al sentido común: si esto es un shock de oferta, las medidas que se adoptan promocionan la demanda, mantener los niveles de consumo y hacer desaparecer la estrategia que se dice defender. Se bonifica lo que en unos meses se quiere penalizar.
El escudo social es de justicia, es necesario. Si se trata de aumentar las rentas disponibles tenemos un instrumento para los que trabajan: reducir retenciones de IRPF deflactando la tarifa del IRPF según la inflación previsible (deflactar no es bajar impuestos). A los que perciben rentas asistenciales aplicar un parte de esos cinco mil millones a mejorarlas. Mantener las medidas que sí se trasladan a precios (supresión de impuestos espaciales a hidrocarburos). Buscar a los vulnerables estaría bien.
Pero lo que buscamos es el salseo populista y eso sin enfadarnos mucho con los malos, que son todos.
