El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama Calama sitúa al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el líder estratégico de una red de tráfico de influencias financiada, entre otras muchas cosas, con el rescate supuestamente fraudulento a la compañía venezolana Plus Ultra. En el complejo de la Moncloa se impone un silencio sepulcral, marcado por el pánico de Pedro Sánchez a lo que un Zapatero acorralado pueda revelar sobre los pasillos del poder actual o sobre él mismo.

La democracia española ha cruzado un Rubicón inédito. El auto emitido por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que levanta el secreto de sumario de las Diligencias Previas 77/2024, ha dinamitado los cimientos del PSOE, actualmente corroído por el sanchismo, y ha abierto un foso de consecuencias imprevisibles bajo los pies del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por primera vez, un exjefe del Ejecutivo de la etapa democrática ha sido imputado formalmente por los cargos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El magistrado no se ha andado con rodeos terminológicos y ha situado a José Luis Rodríguez Zapatero como el “vértice”, “núcleo decisor” y “líder estratégico” de una “trama estructurada y jerarquizada” cuyo único fin era convertir el ascendente político y el acceso institucional en un millonario negocio privado.

Origen del dinero: el “peaje” de los 53 millones de Plus Ultra

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que ha desembocado en la espectacular “Operación Tíbet” -con registros policiales en las oficinas de trabajo de Zapatero y de sus dos hijas, Laura (de 33 años) y Alba Rodríguez Espinosa (de 31)-, sitúa el foco delictivo en el polémico rescate público de 53 millones de euros concedido por el Consejo de Ministros a la aerolínea venezolana Plus Ultra para paliar los efectos de la pandemia.

El relato judicial describe cómo el entorno de Zapatero monetizó presuntamente de forma anticipada la resolución gubernamental. La consultora Análisis Relevante S.L., controlada por Julio Martínez Martínez (amigo íntimo y compañero de carreras matutinas del expresidente), fue contratada por la aerolínea ocho meses antes de que el dinero público fuera aprobado. Los indicios de la UDEF apuntan a que Martínez llegó a felicitar a los directivos de Plus Ultra antes de que el propio Consejo de Ministros diera el visto bueno oficial al rescate.

Ahora bien, el flujo de dinero posterior al rescate dibuja un mapa de presuntos desvíos y comisiones que el juez desgrana minuciosamente:

Pagos directos a Zapatero: Primero, con Análisis Relevante S.L., consultora gestionada por Julio Martínez Martínez (amigo cercano de Zapatero). Esta empresa cobraba de Plus Ultra y desvió presuntamente unos 490.000 € a Zapatero y cerca de 240.000 € a la empresa de marketing de sus hijas (Whathefav S.L.).

Segundo, con Gate Center y Thinking Heads, plataformas y think tanks supuestamente vinculados a Zapatero desde los que también se habrían emitido pagos cruzados hacia el expresidente y la sociedad de sus hijas. En total, el entorno familiar de las hijas habría recibido más de un millón de euros. Registros contables revelan transferencias de Análisis Relevante S.L. al expresidente por un valor de 490.780 euros bajo la fachada de supuestos servicios de asesoría.

La rama familiar: Un montante de 239.755 euros fue a parar a Whathefav S.L., la agencia de marketing gestionada por las hijas de Zapatero, Laura y Alba. A través de otras plataformas satélites como Gate Center y Thinking Heads, el patrimonio inyectado al entorno familiar de las hijas superaría el millón de euros.

La ruta de Dubái: El juez Calama destaca órdenes explícitas atribuidas a Zapatero para la constitución de la sociedad offshore Landside Dubai Fzco, en los Emiratos Árabes Unidos, con un plan de negocio que preveía ingresar 2,6 millones de euros. La tesis policial sospecha que esta mercantil se estructuró específicamente para acoger una comisión del 1% del total del rescate público (530.000 euros), blindándola del control del fisco español.

“Correrías” internacionales: oro, divisas y “nuestro pana”

El auto judicial de Calama Teixeira no se limita al ámbito nacional. El magistrado detalla las presuntas andanzas financieras internacionales del expresidente, atribuyéndole una intervención directa en operaciones de altísimo valor económico relacionadas con el comercio exterior, la compraventa de acciones, divisas y materias primas como el oro y el petcoke (coque de petróleo).

Por cierto, para los sanchistas, que, temerosos de lo que pueda cantar Zapatero cuando se vea acorralado, atacan al juez y a la fiscal anticorrupción Elena Lorente, acusándoles de lawfare y de estar en la fachosfera, esta fiscal es la misma que consiguió la condena de Rodrigo Rato, exministro de Aznar, por el caso de Bankia. Claro, para el sanchismo corrupto, Lorente no estaba entonces en la fachosfera; la iluminación le habría llegado posteriormente.

En todo caso, las intervenciones telefónicas de la causa muestran la familiaridad y el grado de penetración de esta supuesta red mafiosa. En los audios interceptados a los comisionistas y directivos, Rodríguez Zapatero no es un estadista: es “nuestro pana”, el facilitador clave con hilos directos en Caracas y en los Ministerios de Madrid, cuya influencia, al parecer, se compraba y se vendía en un mercado de favores corporativos y geopolíticos.

La Moncloa ante el abismo: Pedro Sánchez, acorralado

Más allá de la evidente gravedad judicial para Zapatero, la onda de choque golpea directamente al Palacio de la Moncloa. Aunque Pedro Sánchez ha comparecido públicamente para descartar un adelanto electoral, asegurar que “habrá elecciones en 2027” y aferrarse al manual de la “presunción de inocencia”, la Procesión va por dentro.

La vinculación política e institucional entre Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero ha sido absoluta en los últimos años. Zapatero no ha sido un “jarrón chino” en el fondo de un pasillo; ha sido el principal validador de las políticas de Sánchez, su escudo electoral más activo en las campañas y el arquitecto en la sombra de la estrategia de alianzas internacionales y territoriales del Ejecutivo.

La gran incógnita del caso: el delito de tráfico de influencias exige una “vinculación funcional entre la influencia y el beneficio económico”. El juez Calama detalla cómo cobró la red de Zapatero, pero el texto siembra la inquietud en el seno del Gobierno al dejar flotando una pregunta obvia: ¿sobre qué cargos del actual Ejecutivo se ejerció esa influencia para lograr que se desembolsaran 53 millones de dinero público?

El verdadero pánico que atenaza al entorno de Sánchez no es la caída en desgracia del legado sanchista, sino el factor del acorralamiento. Sectores de la oposición y analistas políticos coinciden en que un Zapatero imputado por organización criminal -que se enfrenta a severas penas de prisión de cara a su declaración como investigado el próximo 2 de junio- es un peligro radiactivo para la Moncloa.

En los pasillos del poder madrileño el temor es explícito: que Zapatero decida que no va a caer solo. El expresidente atesora los secretos del engranaje que unió las decisiones del Consejo de Ministros con las necesidades de Plus Ultra y el régimen de Venezuela… ¿y también de China? Si la defensa de Zapatero se ve forzada a tirar de la manta para diluir su responsabilidad penal como “vértice” de la trama apuntando a quienes firmaron y autorizaron los decretos de los fondos públicos, el terremoto judicial podría arrastrar de forma definitiva al Ejecutivo de Sánchez.

La Moncloa se juega su supervivencia en la planta sexta de la Audiencia Nacional. Las cartas están sobre la mesa y el juez Calama ha iniciado la cuenta atrás. Por cierto, que se ha sabido que, el mismo día que salió el auto de imputación, Zapatero tenía billete en Air Europa para viajar a Venezuela por “asuntos privados”. Qué casualidad. ¿Acabará ZP como Bettino Craxi? ¿Lo consentirá el juez Calama? ¿Le seguirá el actual presidente del Gobierno?