El número de expedientes atascados del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), del que dependen decenas de miles de trabajadores para cobrar los salarios no devengados de sus despidos, ascienden a más de 47.000, según datos reconocidos por el Gobierno en un informe remitido al Congreso. El Ejecutivo reconoce de forma implícita que el Fogasa se sigue encontrando absolutamente colapsado, lo que dispara la desesperación entre los trabajadores que despiden las empresas acogiéndose a la desastrosa reforma laboral puesta en marcha por la ministra Fátima Báñez.

Según ese informe, que recoge datos oficiales pero referidos al pasado mes de junio, el Fogasa sigue sembrando la desesperación entre aquellos que pierden su empleo y de los que la empresa se libra de pagar el 40% de indemnizaciones. El Fogasa ha ido siempre retrasado en los pagos, pero a fecha de 31 de mayo de 2015 los datos resultaban aterradores: el Fogasa tenía atascados aún 47.040 expedientes, es decir, trabajadores que esperaban cobrar o bien el 40% o bien la totalidad de salarios y/o indemnizaciones en los casos en que las empresas se declaraban insolventes.

La gran mayoría de ese atasco corresponde a Madrid, con un total de 14.429 expedientes sin resolver. A la capital le siguen Barcelona, con 9.354 expedientes atascados; Valencia, con 4.122; Sevilla, con 3.241; Pontevedra, con 2.801; Las Palmas, con 2.236; Murcia, con 1.443, y Santa Cruz de Tenerife, con 1.410.

Los atascos más sangrantes son especialmente los de Las Palmas y Tenerife, capitales canarias que arrastran en el conjunto de las islas un paro superior al 30%. En el conjunto nacional, como decimos, la cifra total asciende a 47.040 expedientes sin resolver… más los que siguen llegando a diario.

Las indemnizaciones del Fogasa

Hay que recordar que el Fogasa es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario.

Ahora bien, para el cálculo de esas prestaciones, el Fogasa utiliza la reforma laboral del Gobierno: el cálculo es 20 días por año, con un total de 365 días (es decir, 18 años y 3 meses). A ese máximo se le aplica el tope de 50,09 euros día.

La empresa paga el 60% restante (12 días por año), y puede pagar a 40, a 80 o a 200 euros el día (lo que la empresa quiera), y si la antigüedad del trabajador es de 30 años, puede pagar 30 años a 12 días por año. Pero el Fogasa pagará el 40% (los restantes 8 días por año) que le corresponde en virtud de los supuestos introducidos en la reforma a 50 euros día máximo (es decir, que si el trabajador ganaba menos, se aplicará esa cantidad menor), y con un máximo de 18 años de antigüedad.

En el supuesto de que la empresa declare no poder pagar, el Fogasa pagará también la parte de la empresa (el 60% que correspondería al empresario), pero ahora con los límites fijados por el Fogasa (18 años y 50 euros día como máximo tanto para sus 8 días como para los 12 días por año que le correspondía pagar a la empresa).

En todo caso, como se ve, el atasco es tan fenomenal que muchos miles de trabajadores se pasan años antes de cobrar sus mínimas indemnizaciones.