Así son los CDR (y II): la Guardia Civil confirma que se crearon desde el Govern golpista de Puigdemont

Los informes de la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa, elevado al Parlamento Europeo, y el de la Unidad de Policía Judicial VII Zona de la Guardia Civil en Cataluña, ponen al descubierto el entramado neofascista que se esconde detrás de las siglas secesionistas CDR. Ambos informes tienen en común destacar que los denominados Comités de Defensa de la República son un instrumento creado por ANC y Òmnium a partir de una decisión política del Gobierno golpista catalán de Carles Puigdemont -y ahora de Quim Torra- para mantener vivo y activo su pulso independentista frente al Estado.

A partir de su creación, los Comités de Defensa de la República (CDR) han empezado a contar con organizaciones locales que, por lo que sabe la Guardia Civil, carecen de estatutos y de régimen jurídico alguno. Sin embargo, ambos informes, el de Pagazaurtundúa y el de la Guardia Civil, advierten que la presión física y psicológica de los CDR sobre la libertad de conciencia de los catalanes no ha sido todavía evaluada en su justa medida, y que los poderes ejecutivo y judicial apenas han actuado contra unos entes que “a todas luces cuentan con un mando superior único, una estrategia y una financiación que deben ser todavía aclaradas”.

Pese a la opacidad en todo este tema, se sabe, sin embargo, que los Comités de Defensa de la República son organizaciones de nivel local (en Barcelona y otras ciudades se organizan por barrios, y son los que martirizan a las familias de los policías y guardias civiles que viven en esos barrios). Pero lo curioso de todo es que se les puede localizar fácilmente por la web.

Los comités están gestionadas de modo asambleario, se organizan en las redes (@CDRCatOficial), se reúnen semanalmente, no hay líderes conocidos para evitar detenciones, sus miembros son variables y muy heterogéneos (desde estudiantes hasta profesores o anarquistas con asuntos pendientes con la justicia), y nadie concurre como representante de ninguna otra asociación. Pero comparten unidad de acción y se aprovechan del anonimato de las redes, dificultando su control por la policía.

La Guardia Civil destaca que el objetivo inicial de estos grupos neofascistas fue defender la realización del referéndum (Comités de Defensa del Referéndum fue su denominación inicial). En ese momento les bastaba para organizarse con aplicaciones de mensajería y redes sociales. Según Pagazaurtundúa, “son los mismos que se organizaron para esconder las urnas y colocarlas en los centros electorales aquel día los que ahora están detrás de los sabotajes en los peajes”.

Abundando en esa cuestión, el informe de la Guardia Civil destaca que esos comités “nacieron para impedir la acción de la Justicia mediante movilizaciones”, y predominan los llamamientos “tanto a la resistencia activa como pasiva, como a la desobediencia civil”.

La Guardia Civil conoce que la mayoría de los CDR están compuestos por asociaciones de vecinos, partidos políticos, plataformas cívicas y entidades culturales secesionistas y ha podido contabilizar un total de 390 comités, 365 de los cuales operan en Cataluña. Además, hay uno en Marinaleda, algo que no es de extrañar, dado que su alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, figura relevante en el Sindicato Andaluz de Trabajadores y el Sindicato de Obreros del Campo, es también dirigente de la formación política de izquierda y nacionalista andaluza Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT), vinculada por afinidad con la CUP catalana.

Otro comité actúa igualmente en Vitoria y otro en Goierri-Tolosaldea, vinculados con los abertzales proetarras de EH-Bildu con Arnaldo Otegi a la cabeza. No es por casualidad, por tanto, que en los CDR se hayan incluido terroristas que lo fueron en la extinta Terra Lliura, como Frederic Bentanachs, el fundador de Terra Lliure al que los etarras ya fallecidos Dolores González Cataraín, alias Yoyes, y Domingo Iturbe Abasolo, alias Txomín, adiestraron para el terrorismo, según se ha conocido en los últimos días.

Otros 22 ‘comités revolucionarios’ se encuentran en Francia, Alemania, Canadá, Japón, Venezuela, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, México y Austria.

Que se cumpla la declaración unilateral de independencia

Ahora bien, la función actual de los CDR es conseguir que se cumpla la declaración unilateral de la independencia catalana, aprobada en el Parlamento catalán el 27 de octubre de 2017, y muchos provienen de la ANC y Omnium. A los más activos y radicales se los asocia principalmente con las CUP: el movimiento es manipulado por personas vinculadas a esta organización antisistema.

En ese sentido, el informe de Pagazaurtundúa señala que el nexo con la organización asamblearia cupista serían dos de sus principales corrientes, Poble Lliure (“Pueblo Libre”, organización independentista pancatalanista constituida en 2014) y Endavant-OSAN (Organización Socialista de Liberación Nacional, creada en el año 2000).

Luego están los sectores estudiantil, con el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalan (SEPC); el ámbito sociolaboral, con la Coordinadora Obrera Sindical (COS); la vertiente antirrepresiva, con Alerta Solidària, que les da el apoyo jurídico necesario y cuyo portavoz, Xavier Pellicer, se encarga de difundir las campañas, y el sector juvenil, representado por ARRAN, organización de la que provienen algunos de los que le han puesto cara a este movimiento, como Jordi Pujol Lizana (concejal de la CUP en la localidad de Sant Sadurní d’Anoia) y Helena Vázquez Giner, quien leyó el comunicado del 14 de octubre de 2017 en Sabadell por el que los Comités de Defensa del Referéndum pasaban a ser Comités de Defensa de la República.

Decisiones de la cúpula política

Para ambos informes queda claro que, a pesar de su fórmula aparentemente autogestionaria, las decisiones de los CDR las toma una cúpula política y muchos de los comités no saben ni siquiera que son un mero engranaje en decisiones que se les escapan. Por ejemplo, cuando se promueven acciones en distintos puntos para que las fuerzas del orden tengan menos efectivos en otros puntos neurálgicos. Las convocatorias pueden parecer ‘inocentes’, pero la táctica de esta nueva kaloe borroca a la catalana es dejar desprotegidos determinados lugares sensibles.

Esos informes detallan las supuestas evidencias de lo que parece ser una estrategia para intentar evitar responsabilidades jurídicas, como colectivo, por sus actos. Aunque muchas de sus campañas se prolonguen hasta causar desórdenes públicos, con daños evidentes a las personas y al mobiliario urbano, los coordinadores se encargan de mandar tuits desconvocando las concentración antes de que se puedan adjudicar las peores consecuencias de sus acciones a una campaña orquestada (con intención) por su organización.

El informe de Pagazaurtundúa a los eurodiputados pone el dedo en la llaga cuando se pregunta por qué no se actúa judicialmente contra ellos como un todo si la organización de presión y ejercicio de la violencia requiere tanto de los CDR pacíficos como de los violentos, si todo es un engranaje con unidad de acción y objetivos claros y comunes, y si hay una coordinación desde la cúpula y una estrategia clara para evadir la responsabilidad ante la justicia.

Pedro Sánchez, impasible ante los CDR

Se ofrecen algunos datos que pudieran servir de ejemplo de cómo el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho nada por frenar los CDR de manera policial y judicial. El primero de esos ejemplos indica que el pasado 2 de abril la Fiscalía de la Audiencia nacional anunció investigaciones a los CDR por actos vandálicos. Tras un operativo organizado por el Juzgado Central de Instrucción número 6, dos de ellos fueron detenidos el 10 de abril en la operación Cadera. Se les imputaban delitos de rebelión y terrorismo. Uno de los detenidos difundió un audio en las redes llamando a operaciones de sabotaje. “No se conoce por ahora actuación del Gobierno de Sánchez contra ellos”, dice el informe.

De hecho, los juzgados catalanes han ordenado abrir más de un centenar de diligencias relacionadas con “las acciones de los autodenominados Comités de Defensa de la República”. Pero generalmente se persigue “un presunto delito de desórdenes públicos” y todavía se continúa investigando “a efectos de identificar a los autores de los posibles hechos delictivos para proceder a su detención”.

Durante todos estos meses, en el marco de una “primavera caliente” y de su “movilización permanente”, los CDR han llevado a cabo una campaña masiva de colocación de lazos amarillos, cruces en las playas y esteladas en cualquier lugar público. Los lazos y cruces son en defensa de quienes ellos llaman “presos políticos”; es decir, de los políticos en prisión preventiva acusados de delitos de rebelión por los actos de septiembre y octubre de 2017.

La campaña se fue volviendo más agresiva y, como ha habido varios ciudadanos dispuestos a quitar los lazos para preservar la neutralidad de los espacios públicos, los CDR empezaron a colocar objetos con intención de hacerles daño, “como imperdibles o alfileres para pincharse, ladrillos atados a las ramas o piedras como contrapeso”, pero también “clavos, cuchillas de afeitar, pesos en las esteladas para que caigan cuando las quiten, e incluso productos químicos abrasivos en los lazos que incrementan las posibilidades de causar daños”.

Apoyo a los neofascistas desde la Generalitat

En el último apartado del informe de Maite Pagazaurtundúa se afirma que el actual presidente de la Generalidad catalana, Joaquim Torra, a quien los CDR habían acusado previamente de “traidor” por las cargas de la Policía autonómica -cuyo mando ejerce- del día 29 de septiembre pasado, minimizó después el boicot de los CDR a una manifestación legal de Jusapol en Barcelona y les arengó públicamente indicando: “Gracias, hacéis bien en apretar”.

Con esta declaración pública, “el presidente de la Generalidad y responsable del mantenimiento del orden público en Cataluña se vinculaba a los CDR incitando a la tensión y manifestaciones violentas del 1 de octubre de 2018”.

Tanto durante el asedio a la Jefatura de la Policía Nacional como en el intento de asalto al Parlament, mientras que el criterio policial de los Mossos era repeler cuanto antes el previsible ataque al Parlament, el Govern esperó hasta que los CDR aporrearon las puertas para dar la orden a los Mossos de cargar. La contención de la Conselleria de Interior puso en riesgo el operativo y la propia seguridad de los Mossos. Se han producido quejas importantes dentro del cuerpo.

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