La asociación Cataluña Somos Todos ha puesto en manos del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías una carta y un informe sobre “Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista”, en el que se recogen 301 actos de violencia extrema y de vulneraciones de las leyes españolas durante 2018 para imponer por la fuerza la secesión de Cataluña. El informe es detalladísimo, y la idea es que el Relator de la ONU, que acaba de visitar oficialmente España, tenga información fidedigna y de primera mano sobre el golpismo catalán.

En la carta, firmada por el colectivo Catalunya Somos Todos-Tots Som España, enviada al United Nations Special Rapporteur on minority issues (Relator Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías), Fernand de Varennes, se le pide que, al menos, escuche “a todos los que estamos implicados en la solución de este problema para que pueda formarse una opinión adecuada acerca de la realidad de España y su territorio”.

Durante una misión de doce días en España, el representante de las Naciones Unidas se reunió con los ministerios españoles de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior y Educación, además de con la fiscal general del Estado, María José Segarra, así como con magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgar a los golpistas catalanes. Además, durante su visita a Cataluña, De Varennes se encontró, entre otros, con el conseller de Acció Exterior, Alfred Bosch, o el síndic de greuges, Rafael Ribó.

De Varennes teníaque realizar un informe definitivo sobre su visita a España, pero no se presentará hasta marzo de 2020, durante el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De cara a ese informe, para que el Relator Especial tenga todos los datos concretos de lo que ocurre con los golpistas catalanes, el colectivo Catalunya Somos Todos-Tots Som España, que preside Jorge Amado, le ha remitido un exhaustivo documento de 152 páginas en el que se recogen hasta 301 actos de extrema violencia filofascista y de vulneraciones del Estado de derecho cometidos por los secesionistas catalanes.

En ese mismo sentido le ha hablado a De Varennes la fiscal general del Estado, María José Segarra, que durante el encuentro con el Relator de la ONU le proporcionó documentación relativa a la causa seguida por rebelión, sedición, malversación y desobediencia en el Tribunal Supremo contra los líderes separatistas, para demostrar “plena transparencia” en las actuaciones judiciales españolas: “En todos estos años no ha existido una merma de la libertad de expresión ni de la libertad ideológica. Cualquier ideología que pretenda la autodeterminación tiene que respetar el ordenamiento internacional y constitucional”, le explicó Segarra al Relator de la ONU.

La carta de Catalunya Somos Todos

De forma paralela, Catalunya Somos Todos envió su carta en inglés a De Varennes y en la misma le daban la bienvenida con la esperanza de que “su visita a nuestro país esté siendo fructífera”. Se le explicaba que Catalunya Somos Todos es una asociación que defiende la concordia entre todos los españoles, y le hacían llegar el informe del año 2018 sobre “Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista”, en el que se recogen hasta 301 vulneraciones de las leyes españolas con el único fin de avanzar hacia la secesión de Cataluña.

En el informe, de 152 páginas, se relatan cronológicamente desde los ataques a comisarías, sedes de partidos o medios de comunicación a agresiones contra ciudadanos que no comparten las tesis nacionalistas. El informe recoge hasta 106 casos contrastados de violencia, con fotografías, vídeos y enlace a la publicación original, y los analiza desde un punto de vista jurídico.

En la carta a De Varennes se le previene con toda claridad sobre la posibilñidad de que los golpistas catalanistas intenten ‘comprarle’, como ya habrían hecho en el pasado con políticos y periodistas internacionales: “Es posible que antes, durante o después de su visita, desde el ámbito del separatismo reciba usted mensajes que le hablen de los catalanes como una minoría subyugada. Nada más lejos de la realidad: Cataluña siempre ha formado parte de España y la convivencia nunca había sido conflictiva en esta parte de nuestro país hasta la llegada del nacionalismo populista, empeñado en sembrar división y odio donde había y sigue habiendo lazos de hermandad y concordia”.

También se señala al Relator de la ONU que la auténtica realidad es que quienes sufren represión en Cataluña, gobernada por los separatistas, son aquellos que no comulgan con esa ideología. “Sin embargo”, dice la carta a De Varennes, “para sembrar la confusión y ganarse para su causa las simpatías de quienes desconocen la profundidad del problema, el separatismo enarbola de cara al exterior un relato victimista que, como podrá comprobar [con el informe que se adjunta] no tiene ningún fundamento”.

Casos de ‘Juzgado de Guardia’

No es el único documento que De Varennes se lleva de España para configurar su relato sobre nuestro país, pero sí resulta muy e interesante este informe del año 2018 sobre “Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista”, en el que no sólo se recogen las agresiones filofascistas de los grupos violentos secesionistas, sino que se cita el artículo concreto del Código Penal que se incumple.

Por ejemplo, el Caso 11 del informe, que relata la “Agresión contra una mujer por retirar un cartel independentista en Viladecans” el 17 de febrero de 2018 y que el informe describe así: “Del puñetazo cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Perdió la conciencia y, durante unos minutos, lo único que oyó era un zumbido en el oído derecho. Pero nadie la oyó. ‘Son unos salvajes, unos energúmenos’. Tienen hijos pequeños y mucho miedo, por lo que prefieren no decir sus nombres para evitar represalias”. Este caso está tipificado en los artículos 147 (delito de lesiones), 169 (delito de amenazas) y 172 (delito de coacciones) del Código Penal.

O el Caso 12, en el que “los Comités de Defensa de la República (CDR), células independentistas de extrema izquierda, han amenazado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con incendiar Cataluña y convertirla en ‘un infierno’ en caso de que este viernes haya nuevos encarcelamientos de políticos golpistas”, amenazas realizadas el 23 de marzo de 2018 y tipificadas en el artículo 557 (desórdenes Públicos) del Código Penal.

O el ataque contra las sedes de Ciudadanos y PSC en Barcelona, del 23 de marzo de 2018, en el que se pintó además en sus fachadas “Espanyols Maricos” y “Fora de Catalunya”. Este caso incumple los artículos 263.1 (delito de daños) y 172 (delito de acoso o “stalking”) del Código Penal, así como el artículo 37.13 (que considera como infracción leve los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

En definitiva, que el informe de 2018 recoge un total de 106 casos en los que se ha detectado una posible comisión de delitos para favorecer la causa independentista. El Código Penal es, con diferencia, la norma legal que más veces ha sido violada en los casos que se recogen, ya que las acciones descritas en el informe equivalen a 215 incumplimientos de la citada ley. Le siguen la Ley de Seguridad Ciudadana, con 63 vulneraciones, y la Constitución Española, con 12.

(Pueden consultar el informe de forma íntegra PINCHANDO AQUÍ).