La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, recibieron meses atrás un toque de atención de forma indirecta por el Parlamento Europeo, que condenó al populista húngaro Viktor Orbán por su ataque frontal contras las libertades en su país. Entre otras cosas, el europarlamento le censuraba su ataque a las libertades de prensa, de expresión y académica en Hungría, así como a la independencia judicial y a la separación de poderes en ese país. En España, desde junio de 2018, fecha en la que llegaron al Gobierno tras la moción de censura, Calvo y Celaá iniciaron una campaña contra la libertad de prensa, contra el Senado y contra los jueces del ‘prosés’: los sanchistas, al igual que Podemos y Orbán, querían una regulación restrictiva para acabar con los medios no adeptos.

El  12 de septiembre de 2018, el Parlamento Europeo decidió poner en marcha el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea ante las crecientes tendencias autoritarias del Primer Ministro húngaro, el populista Viktor Orbán, para garantizar el respeto al estado de derecho, la democracia, los derechos humanos y la libertad de prensa. Tras esa histórica decisión, la primera que se aprobaba en la UE, razón por lo que sentaba un precedente, correspondía luego al Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado o de Gobierno de los 28 países miembros, seguir con el procedimiento del artículo 7.

Era la primera vez en la historia de la Unión Europea que dos tercios del europarlamento votaban a favor de usar este mecanismo, bajo el cual un Estado miembro podría, tras un largo y complicado proceso, ver retirado su voto en el Consejo Europeo por suponer una grave amenaza a los valores fundamentales comunes de la Unión Europea [***].

Entre los 12 puntos de mayor preocupación citados en la resolución aprobada en el Parlamento Europeo se encontraban las violaciones a la libertad de prensa y al pluralismo mediático. La situación en Hungría era realmente crítica para la libertad de prensa, que se veía sometida a una amenaza creciente. El populista de extrema derecha Viktor Orbán, que había iniciado un proceso que podía poner fin a la democracia liberal sobre que la que se apoya la UE, seguía amordazando a la prensa húngara y ponía en peligroso declive el pluralismo mediático.

El control autoritario de los medios de comunicación

La ‘última’ de Orbán fue que un empresario próximo a él se acababa de hacer con el control de Hir TV a principios de agosto de 2018, apenas semanas después del cierre del semanario Heti Valaszaand y del diario Magayar Nemzet. Se trataba de un ejemplo más de la compra de medios por parte de propietarios cercanos al propio Orbán y a su núcleo cerrado de poder que reorientaban sus políticas editoriales a través de censuras, despidos o cierres.

Según un detallado informe de la ONG Reporteros sin Fronteras, una docena de oligarcas progubernamentales tenían posiciones dominantes en la mayoría de los medios húngaros, canales de televisión comerciales, web de noticias y semanarios políticos. Los medios críticos con el Gobierno estaban siendo cercenados y la radio y televisión pública hacía tiempo que se habían convertido en medios de propaganda directa de Orbán, como en España estaba pasando con el Ente Público RTVE tras el asalto podemita-sanchista. Como resultado, en Hungría era cada vez más difícil a sus periodistas ejercer su papel crítico, esencial en una democracia, y a los ciudadanos acceder a noticias e informaciones contrastada, según destacaba el elaboradísimo informe de RSF.

La situación en Hungría era tan grave, que ocupaba el puesto 73 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la libertad de Prensa, elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras.

Cierto es que las maniobras populista-autocráticas de Orbán iban más lejos y afectaban a la independencia judicial -que ya empezaba a controlar desde el propio Tribunal Supremo-, a la separación de poderes -limitación y control del Parlamento- y a la libertad de prensa. En el punto de mira del populismo de extrema derecha orbanita se encontraban específicamente también las organizaciones de derechos humanos que defienden políticas democráticas.

Toque de atención a los ‘populistas’ españoles

Esa decisión del Parlamento Europeo -que también colocaba en una posición difícil al Partido Popular, ya que tanto el PP como el partido de Orbán comparten ‘sociedad’ en el Partido Popular Europeo (PPE)- estaba dirigida sólo a Hungría, pero del estudio de la misma se desprendía connotaciones hacia lo que estaba realizando en España el Gobierno de Pedro Sánchez, presionado por los populistas de extrema izquierda de Podemos, por los golpistas catalinistas y por Bildu, herederos de Batasuna.

En el caso concreto de la separación de poderes, ya el tándem Podemos-PSOE quiso desprenderse del Senado para que la Cámara Alta no vetara el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Una maniobra que la oposición del PP y de Ciudadanos pudo desarticular a tiempo.

En cuanto al poder judicial, todo lo relativo al ‘procés’ estabna en tela de juicio: desde los prejuicios de la vicepresidenta Carmen Calvo y de la aún ministra de Justicia, Dolores Delgado, a defender al juez Pablo Llarena en Bruselas, imputado por jueces belgas favorables a la querella presentada por el prófugo Carles Puigdemont, hasta la política judicial seguida para conseguir la libertad de los supuestos golpistas catalanes actualmente en prisión.

Y por lo que se refiere a la libertad de prensa, ahí quedaban las estrambóticas declaraciones de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, tras las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, diciendo a los periodistas lo que no deben preguntar y lo que no, y especialmente las amenazas de la propia Carmen Calvo a los medios pluralistas. La última fue el jueves 28 de septiembre, cuando el Gobierno afeó de manera clara y directa el trabajo de los medios de comunicación en España, considerando de forma general y falaz que en la prensa imperan las noticias falsas –fake news-.

Era una gravísima acusación contra los medios independientes; una especie de ‘ajuste de cuentas’ por la publicación por parte de los medios de informaciones que ponían en jaque el futuro de algunos ministros. Eran informaciones que  alcanzaban al propio presidente del Gobierno, el doctor Pedro Sánchez, con las dudas planteadas sobre la autoría y posible plagio de su tesis doctoral: “El volumen de postverdades y mentiras es tan alto que empezamos a vivir peligrosamente creyendo que la verdad nos la podemos ahorrar”, llegó a decir Carmen Calvo en la inauguración la XVI Jornada de Periodismo de la Asociación de Periodistas Europeos.

Luego se supo que, para hacer frente a ese supuesto ‘reino de la mentira’, el Gobierno planteaba regular a los medios: “La libertad de expresión no lo resiste todo. Tendremos que mirar qué tipo de regulación conjunta, en el marco de la Unión Europea, para empezar a tomar decisiones”. Una estrategia que pasa por presentar que las supuestas ‘mentiras’ de los medios de comunicación suponen un ataque a la democracia, a los derechos generales: “El juego de las noticias falsas, esas fake news, no están ayudando a reforzar nuestra democracia”, en palabras del propio Sánchez desde Nueva York.

Ahora bien, para frenar esta ofensiva gubernamental, algunos eurodiputados españoles se empezaron a plantear el  presentar en el Parlamento Europeo datos pormenorizados sobre el nivel del ataque populista de extrema izquierda a las libertades en España, que empezaba a ser tan grave como el ataque populista de extrema derecha de Orbán en Hungría, o de la Polonia de Jaroslaw Kaczynski, el siguiente país que  inició el camino hacia una ‘democracia iliberal’ y que, por tanto, se halla también en el ojo del huracán del Parlamento Europeo.

• *** [Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE). El artículo 7 del TUE tiene por objeto garantizar que todos los países de la UE respeten los valores comunes de la Unión, incluido el Estado de Derecho. El mecanismo preventivo del artículo 7, apartado 1, del TUE solo se puede activar en caso de un “riesgo claro de violación grave” y el mecanismo sancionador del artículo 7, apartado 2, del TUE solo en caso de una “violación grave y persistente por parte de un Estado miembro” de los valores estipulados en el artículo 2.
• El mecanismo preventivo permite al Consejo enviar un aviso al país de la UE en cuestión antes de que se llegue a producir una “violación grave”.
• El mecanismo sancionador permite al Consejo suspender ciertos derechos que se derivan de la aplicación de los Tratados en el país de la UE en cuestión, incluidos los derechos de voto de ese país en el Consejo. En ese caso, la “violación grave” debe haberse producido durante algún tiempo].