Las querellas contra el inspector jubilado Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, se acumulan: se han presentado tres querellas más por torturas. Ya son 12 las querellas  contra González Pacheco en Madrid, además de las que se han interpuesto contra Pascual Honrado (tres) en Oviedo, Jesús Muñecas (seis) en Tolosa y Jacinto López Acosta, Benjamín Solsona y el excomisario Manuel Ballesteros (seis) en Valencia. Las nuevas querellas contra policías supuestamente torturadores coinciden con la petición de apertura de una comisión de investigación para esclarecer los asesinatos en el Pozu Funeres, en Asturias.

La labor supuestamente torturadora del inspector jubilado Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, debió ser inmensa en los años finales de la dictadura de Franco. Así lo atestiguan las tres nuevas querellas que contra él y otros se acaban de presentar en los Juzgados de Instrucción de Madrid por las torturas que sufrieron. De ahí las 12 querellas que ‘Billy el Niño’ acumula en los distintos juzgados españoles por otras tantas denuncias.

Las tres nuevas querellas repiten los mismos parámetros supuestamente torturadores como los recogidos en los anteriores escritos. Por ejemplo, en la interpuesta en 2015 por la abogada, escritora y fundadora del Partido Feminista, Lidia Falcón, que ha declarado que en 1974 fue golpeada, insultada y humillada por ‘Billy el Niño’ mientras le gritaba, según ella, “ya no parirás más, puta”.

Ahora, estos tres nuevos casos son similares a los de Falcón, según se recoge en las denuncias que acaba de presentar en los juzgados madrileños la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA).

Tres torturados para un supuesto torturador

El primero de los casos es el de Miguel Ángel Gómez Álvarez, que habría sido detenido y torturado en dos ocasiones por la temible Brigada Político-Social. La primera seríaen 1971, acusado de propaganda y atentado a la autoridad. Tras esta detención abandonó sus estudios y sufrió la quiebra de su proyecto vital.

La segunda detención fue en 1973, acusado de asociación ilícita, ya que era militante de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Pasó siete días incomunicado en la Dirección General de Seguridad, pero antes de ser trasladado a las dependencias de la cárcel de Carabanchel, tuvo que pasar 15 días en la enfermería por las torturas recibidas, según el texto de la querella presentado por CEAQUA.

El segundo caso es el de José Manuel García Benito, que fue detenido en 1975. Tras las torturas recibidas en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol de Madrid, pasó 40 días en enfermería de la prisión de Carabanchel debido a los graves daños que sufrió a cargo de los inspectores de policía de la Brigada Político-Social. Su delito era pertenecer a las organizaciones FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y FUDE (Federación Universitaria Democrática Española).

El tercer caso es el de Luis Miguel Urbán Fernández, que fue detenido en cinco ocasiones y torturado en una de ellas, en abril de 1974. Fue acusado de asociación ilícita (era miembro de la Liga Comunista Revolucionaria) En la Dirección General de Seguridad fue torturado y se acordó su ingreso en la presión de Carabanchel. De allí tuvo que ser trasladado al Hospital Penitenciario, donde permaneció siete días recibiendo tratamiento por graves daños padecidos por las torturas recibidas.

Crímenes contra la humanidad

La querella señala que los delitos descritos en esos tres casos constituyen crímenes contra la humanidad: “Formaban parte de un ataque planificado y sistemático contra la población civil, organizado por y desde los aparatos de la dictadura franquista para reprimir a la disidencia política de la época”. Añade que dichos ataques estaban dirigidos contra todos los que ejercían oposición política al régimen, reclamando y requiriendo el reconocimiento de derechos fundamentales que hoy están reconocidos constitucionalmente.

Con estas tres querellas son ya 12 las presentadas contra González Pacheco en Madrid, además de las que se han interpuesto contra Pascual Honrado (tres) en Oviedo, Jesús Muñecas (seis) en Tolosa y Jacinto López Acosta, Benjamín Solsona y el excomisario Manuel Ballesteros (seis) en Valencia.

En relación con la inadmisión de algunas de las querellas anteriormente presentadas se han interpuesto seis demandas de amparo ante el Tribunal Constitucional. Una de las querellas presentadas en Valencia ha sido recientemente admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital del Turia, y se ha iniciado el procedimiento de investigación.

Exhumación en el Pozu Funeres

Paralelamente, La Comuna de Asturias ha presentado en el Consulado de Argentina en Madrid una nueva denuncia en la llamada Querella Argentina, pidiendo la exhumación del Pozu Funeres. La denuncia está firmada por tres hermanos que presentan el caso de la desaparición de su abuelo, Enrique Suárez Ferrera, minero vecino de La Rina (San Martín del Rey Aurelio), para unirlo a los demás casos.

El 13 de abril de 1948, cuando Suárez Ferrera iba a trabajar a la mina, lo detuvo la Guardia Civil. Una vecina le contó a la esposa de Enrique, Manuela Nava, que había visto a los guardias llevarlo camino de la montaña de Peñamayor. Cuando dos de sus hijas trataron de buscarlo en esa dirección, no les dejaron pasar y las amenazaron con apresarlas a ellas también. Todo parece indicar que el cuerpo de Enrique acabó arrojado en el Pozu Funeres con otras tres personas que también detuvieron ese día: Jesús García Iglesias, de Les Felechoses; Silvino Díaz Méndez, de El Xumíniz, y Ramón Rodríguez Argüelles, de La Camperona.

Los nietos de Enrique piden ahora la exhumación de esa fosa para tratar de identificar restos de su abuelo. Confían en que la Justicia argentina pueda lograr «lo que la española niega sistemáticamente», según dicen en su escrito. Otra denuncia presentada en 2016 desde Asturias solicitaba también la exhumación del Pozu Funeres, por el caso de otro minero, Erasmo Alonso Martínez, de Los Barreros (Laviana), asesinado en 1948 y tirado a la sima.

De momento, gracias a un exhorto de María Servini de Cubría, la jueza argentina que instruye la Querella, en 2016 ya se pudo exhumar en Guadalajara una fosa común a petición de Ascensión, la hija de uno de los asesinados allí, Timoteo Mendieta.

Hasta ahora, son 27 las personas y entidades que se han sumado desde Asturias a la Querella Argentina denunciando sus casos, que afectan en total a alrededor de medio millar de víctimas.