Siendo muchas y terribles las cosas que ocurren y amenazan el porvenir de la humanidad, es probable que se les haya escapado una noticia que afecta a un pueblo que, al parecer, es extranjero, pero tan hermano y fronterizo que hasta tiene diputados en el parlamento español e incluso se quedan con impuestos que nos corresponderían.
El caso, señoras y señores, es que finalmente las fuerzas borbónicas han sido derrotadas y los carlistas vascos han alcanzado su penúltimo objetivo: la Federación de Pelota Vasca ha sido reconocida por la Federación Internacional de la cosa, existiendo, pues, dos Federaciones en España.
Debo informarles de que, lamentablemente, no se ha podido lograr la misma cosa en materia de levantamiento de piedra, cortado de árboles y arrastre de carretones sin bueyes, lo que dejará incompleta la formación atlética y emocional de los deportistas vascos, más que nada porque no saben en qué ventanilla se pide tal cosa.
Esta tontadica ya ha tenido consecuencias: unos pelotaris riojanos han sido excluidos de uno de los campeonatos más relevantes que organiza la Federación Internacional.
Se podrá dar en el futuro esta exclusión en materia de campeonatos internacionales, podrá haber enfrentamientos entre vascos y españoles y, en el caso de los juegos olímpicos que solo permiten una federación por país, en el supuesto de que tan noble y seguido juego sea olímpico, la federación española pasará a la clandestinidad o desfilará con los exilados afganos, por un poner.
Esta circunstancia ha sido posible debido a los cambios en la Ley del deporte modificada en la fiesta de los derroches de las legislaturas progresistas y porque la Federación española estaba sin dirección, debido a estas monísimas inhabilitaciones que padecen de vez en cuando nuestras nobles instituciones deportivas.
Es cierto que se esperaba que esta medida no se desarrollara hasta 2030, pero, como quizá hayan notado, son muchos los campos en los que el Gobierno está blindando sus políticas para que no puedan ser retocadas en el futuro: emigración, financiación autonómica, despido de CEO en algunos periódicos que ya no son amigos, compra a golpe de subvención de algunas líneas editoriales, nombramientos prácticamente a dedo de jueces, sustitución del Supremo por el Constitucional, toma de grandes empresas, etcétera.
Sin duda alguna, una de las razones que les ha impedido a ustedes seguir un asunto de tanta enjundia es otra medida que trajina el Gobierno: el reparto de los menores emigrantes que deben ser tutelados por la Administración.
Como ustedes ya habrán percibido, el Gobierno ha elaborado una norma junto a Junts, escrita a beneficio de parte. Junto a la transferencia de odio que ya pactaron días atrás, y de la que aquí se habló, ahora se exonera, como anunciamos, a Cataluña de recibir menores inmigrantes.
Me permitirán que, para emitir mi opinión sobre el asunto, me limite a repetir las palabras de mi vecino de “fachosfera”, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, camarada Page: “No voy a admitir lecciones de solidaridad de los que pactan con un supremacista identitario como es Puigdemont”. El presidente de Castilla-La Mancha estudiará la posibilidad de presentar un recurso de contra una medida que considera “insultante” (cosa que harán también, al parecer, las Comunidades gobernadas por el PP).
En la línea de madrileñofobia, aquí analizada, Cataluña y País Vasco, serán las que menos menores inmigrantes reciban. En concreto, Cataluña, tras las presiones ejercidas por los partidos independentistas, en concreto Junts, tan solo tendrán que acoger a 29 menores de edad no acompañados, una cifra lejanísima a los 700 que recibirá Madrid en los próximos días. En los tres meses de 2025 que llevamos, en Madrid ya se han recibido 937 menores. Los alcaldes socialistas afirman temer que el Gobierno regional les envíe estos menores. Se supone que Madrid también son los Ayuntamientos socialistas, digo yo, salvo que Pedro haga una ley que lo prohíba.
El asunto de la emigración se ha convertido en un asunto de debate político en lugar de un campo de trabajo, Todo acabará judicialmente porque Melilla o Baleares, Madrid o Castilla-La Mancha no están dispuestos a tragarse unos números que reputan de falsos y con una transferencia de personas vulnerables sin financiación, con centros, en general, saturados.
No tiene pinta de que los números se ajusten mucho a la realidad, pero, por si acaso, en la letra pequeña de la Ley ya se ha añadido un criterio que no exige medida rigurosa alguna: la situación fronteriza exime de cumplir las reglas generales. A la carta del Gobierno. Esto lo hemos aprendido de los vascos: la política ya es cuestión de pelotas.
