Resulta que ahora los jueces son los malos de la película, con nombres y apellidos, además. Así lo ha denunciado la portavoz de Junts en el Congreso en una intervención de pésimo gusto. Su diatriba contra el presunto lawfare (guerra legal) de los magistrados ha llevado al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, a manifestar enfáticamente “¡Déjennos en paz!”, dada la insistencia en los ataques contra la magistratura.

Como todo es susceptible de empeorar, Esquerra Republicana ha querido intervenir diciendo que los jueces se han dedicado a hacer una “guerra sucia contra la democracia”. Ni más ni menos. Con lo que justifica que se investigue a los magistrados en las comisiones del Congreso creadas al efecto.

Es difícil encontrar una mayor intromisión de uno de los poderes del Estado, el Legislativo, en otro, el Judicial, vulnerando así el principio de división de poderes que es la garantía de un sistema político de equilibrios y de mantenimiento de la democracia.

Pero hay más. No se trata ahora de una moda pasajera que se ha de quedar en nada, sino que responde a documentos firmados por el partido de Gobierno con sus socios de investidura, que en el caso de Junts, además, requiere la intervención de un mediador internacional fuera de España para validar el cumplimiento de dichos acuerdos.

Lo más novedoso y paradójico del asunto es que son los propios juzgados y, en su caso, condenados quienes juzgarán ahora a quienes cumplieron su deber jurisdiccional y constitucional de velar que la ley se cumpliese. El argumento falaz de que ha habido, hay y habrá una persecución al pacífico independentismo catalán por el simple hecho de serlo, quiere justificar una de las mayores tropelías contra el sistema democrático.

Por eso no resulta baladí que intervengan las instancias europeas para vigilar que en España se respeten las normas democráticas ya que nosotros solos no somos capaces de hacerlo.