El Estado mantiene prácticamente invariable a lo largo de los años una cifra de algo menos de 2.000 inspectores de Hacienda, a los que, sin embargo, el Gobierno exige anualmente mayores resultados en la lucha contra el fraude fiscal y la evasión de capitales. Sin embargo, el socio podemita del Gobierno, Unidas Podemos, le ha venido reclamando a Sánchez que explique cómo piensa cumplir el Plan de Control Tributario mientras en la Agencia Tributaria faltan más de 25.000 empleos para luchar contra el fraude fiscal y la evasión de capitales.
Son datos oficiales a los que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, que recogen las estadísticas sobre la evolución de la distribución territorial de funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado a partir de 2011, último año del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según esas estadísticas, a finales de 2011 había para toda España un total de 1.927 inspectores de Hacienda, de los cuales la inmensa mayoría, 850, operaban en Madrid, como es natural, seguidos de 233 en Cataluña; 206 en Andalucía; 161 en la Comunidad Valenciana; 77 en Castilla y León; 66 en Galicia, y, ¡oh sorpresa!, 58 en Canarias, con muchísima menos población pero con un régimen económico especial.
Esas cifras se han venido manteniendo a lo largo de los años, pese a que desde los diferentes gobiernos se ha exigido un aumento de los resultados en la lucha contra el fraude fiscal y en la evasión de capitales. Así, según las estadísticas oficiales, en 2012 había 1.986 inspectores de Hacienda; en 2013 creció el número hasta los 2.019, y en 2014 se llegó a los 2.020, es de suponer que por la necesidad del ministro del ramo, Cristóbal Montoro, de cuadrar una cuentas incuadrables y por la presión de la Unión Europea. Pero la cifra volvió a descender en 2015, año en el que el número total de inspectores bajó a 1.979, manteniéndose en 1.977 en 2016 y en 1.993 en 2017.
Madrid, afectada por la variación de inspectores
Sin embargo, las variaciones en el número de inspectores afectó, fundamentalmente, a Madrid, cuya plantilla creció ya en el año 2012 en 18 inspectores más (868), manteniéndose básicamente en esos números en los años siguientes, mientras crecía el tráfico financiero y empresarial. La razón parece evidente: juega aquí el concepto de capitalidad del Estado y es en Madrid donde tienen su sede social el mayor número de empresas.
Ahora bien, siempre oscilando entre los 233 que había localizados en 2011 y los 264 inspectores que hubo en 2014, en Cataluña los inspectores de Hacienda se han mantenido en ese número, con ligeras variaciones anuales. Tiene su lógica también, dado que Cataluña es la segunda región con mayor número de empresas.
Unidas Podemos reclama 25.000 puestos en la Agencia Tributaria
El número de personal tributario para luchar contra el fraude y la evasión de capitales, sin embargo, les parece ridículo en la coalición feminista Unidas Podemos, desde donde sostienen que según datos de la OCDE relativos a las plantillas de las administraciones tributarias europeas “España sufre un déficit de 25.504 empleos respecto a la media ponderada de Europa. Así, contaría con 24.712 efectivos menos -no sólo inspectores de Hacienda, claro está- para luchar directamente contra la economía sumergida y con otros 792 efectivos menos de personal de apoyo”, en palabras del coordinador general de IU, Alberto Garzón.
IU ha colaborado estrechamente con el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en relación con estas cuestiones, y el Grupo de Unidos Podemos registró en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura una batería de iniciativas con el fin de conocer cómo Pedro Sánchez pensaba cumplir el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019, dada la “confusa delimitación de responsabilidades y la falta de refuerzo de la plantilla” de quienes se deben encargar de perseguir el fraude fiscal.
Por un lado, Garzón registró la solicitud de comparecencia del director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón Catalán, para que detallara en sede parlamentaria los contenidos del citado plan e informara “sobre los medios personales con los que se cuenta para lograr los objetivos marcados en sus directrices generales”.
El máximo responsable de IU compartía el análisis de Gestha en relación a que la plantilla de la Agencia Tributaria “va a ocupar este año el último lugar en la Unión Europea (UE) en las ratios de efectivos del control tributario utilizados por la OCDE”. Recordaba que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 “recoge un aumento de los efectivos de la AEAT de tan solo 387 personas”.
Por ello, Garzón registró también otra iniciativa para que el Gobierno de Sánchez responda si cree que “con la estructura y competencias de la actual plantilla es posible llevar a cabo los planes de la AEAT para combatir el fraude fiscal con garantías”, además de si “¿cree que con un plan eficiente de lucha contra el fraude fiscal podría reducirse a medio plazo la economía sumergida a la mitad, desde el 25% del PIB actual?”, tal y como plantean los profesionales de Gestha. “Dicho de otra forma”, señala Garzón, “aquí contamos con una persona empleada en la Administración Tributaria por cada 2.836 ciudadanos, frente a una proporción de un profesional por cada 1.185 ciudadanos como media en Europa”.
El máximo responsable de IU completa su iniciativa interrogando también “¿cómo considera el Gobierno que influyen en la política de control tributario la gestión de personal en la AEAT, en especial la política de traslados y de progresión profesional y la confusa delimitación de responsabilidades?”.
