El gobierno español no tiene interés en restringir la importación de productos de Israel, sean procedentes o no de los territorios palestinos ilegalmente ocupados. El total de importaciones de la Unión Europea de productos israelitas suponen más de 33.000 millones de euros, pero algunos de esos productos proceden de los territorios ocupados. La UE estableció en 2015 un reglamento para que esas mercancías fueran debidamente etiquetadas, pero países como España ponen escaso celo en comprobar las etiquetas. Es una información incómoda para el gobierno de Sánchez, que sigue en este caso la misma senda que el anterior ejecutivo de Rajoy, preocupados ambos por la reacción del sionismo.

El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que España cumple “escrupulosamente” con la política comercial y aduanera de la Unión Europea (UE) con respecto a Israel. Es más, afirma que en la actualidad no hay ninguna medida de la Unión que restrinja la importación de productos de ese país, sean procedentes o no de los territorios ocupados. Pero es una afirmación que no resulta totalmente cierta: España la esgrime asumiendo una ‘ambigüedad calculada’ en este terreno político-económico tan resbaladizo.

Lo que es sin duda cierto es que, a efectos de la UE, los productos procedentes de los territorios palestinos ilegalmente ocupados por Israel no se consideran originarios del país sionista y, por lo tanto, no se pueden beneficiar de las preferencias arancelarias previstas en el Acuerdo comercial euromediterráneo entre la Unión Europea e Israel.

Así, la UE ha establecido una serie de productos procedentes de Israel que están obligados a llevar un marcado de origen para su distribución en España; un marcado que debe tener en cuenta si esos productos son procedentes de los territorios ilegalmente ocupados, de acuerdo con la “Nota Interpretativa sobre la indicación del origen de las mercancías procedentes de los territorios ocupados por Israel desde junio de 1967 (2015/C 375/05)”, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de noviembre de 2015.

Desde ese momento, y como medida de presión para intentar frenar el expansionismo israelí sobre Palestina, la Comisión Europea estableció en esa fecha que los productos fabricados en colonias judías situadas en los territorios palestinos ocupados por Israel no pueden etiquetarse como “hecho en Israel”, sino que tendrían un etiquetado especial.

La razón es que la UE considera que Cisjordania no forma parte del territorio soberano de Israel, y obra así en consecuencia en sus directrices de etiquetado, una decisión que la propia UE calificó de “técnica y no política”. Además, la medida no estaba destinada a afectar negativamente al comercio global y ‘legal’ con Israel, ni tampoco al régimen arancelario preferencial del que gozan los productos israelíes.

Se trataba de impedir el expansionismo sionista y, en todo caso, de grabar con un impuesto no rebajado a los productos de Cisjordania comercializados por Israel. Pero esa decisión no gustó en Tel Aviv, que llegó a convocar al entonces embajador comunitario, Lars Faaborg-Andersen, para pedirle explicaciones.

Sin embargo, la decisión sí gustó a organizaciones no gubernamentales amantes de la paz, como la ONG israelí de derechos humanos Paz Ahora, que la consideró un medio para oponerse a la ocupación: “Un sistema de etiquetado más preciso permitirá a los residentes europeos comprar de acuerdo a consideraciones ideológicas”, llegó a afirmar Paz Ahora en un comunicado oficial.

España no cumple con la normativa

Lo cierto es que, según las estadísticas comunitarias, los productos fabricados en los asentamientos ilegales suponen alrededor del 1% del valor total del comercio de la UE con Israel, que se oscila entre los 27.000 y los 33.000 millones de euros anuales. Pero es que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2010 había establecido ya que los productos originarios de Cisjordania no tenían derecho al régimen arancelario preferencial del acuerdo de asociación suscrito entre la UE e Israel.

En todo caso, España no parece tener mucho interés en identificar los productos. El Gobierno admite, no obstante, que apoya formalmente la diferenciación de productos israelíes de los procedentes de las colonias sionistas sitas en los territorios ocupados palestinos. Los primeros tienen acceso al mercado europeo beneficiándose del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea (UE) con Israel, pero los segundos no tienen ya exención arancelaria alguna.

Sin embargo, a efectos prácticos, el Gobierno español no exige esa diferenciación y no hace efectiva vía inspección la instrucción de la Agencia Tributaria relativa a importaciones de Israel en la UE, e incluso admite en espacios comerciales que empresas sionistas vendan sus productos, en contra de lo que establecen las Convenciones de Ginebra sobre el hecho de que la potencia colonial no robe recursos del territorio conquistado. Y además, sin aranceles.

La Agencia Tributaria, sin embargo, se defiende de las acusaciones de la oposición en España y asegura que, como entidad encargada de la aplicación del sistema aduanero, cuenta con una estrategia de control y con los mecanismos e instrumentos jurídicos y técnicos necesarios para asegurar tal misión.

La Agencia Tributaria sostiene que toma las medidas apropiadas, en el marco de una gestión de riesgo, para minimizar cualquier irregularidad o fraude en relación con la aplicación del régimen preferencial indicado. Sin embargo, Izquierda Unida, que sigue muy de cerca este proceso, ha detectado marcas israelíes que venden en nuestro país productos cosméticos procedentes de los territorios ocupados y que cuentan con puestos en superficies administradas por la entidad pública empresarial Adif y otras instalaciones de propiedad pública.

IU le ha recordado al Gobierno, vía parlamentaria, que existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2010 que vetaba los beneficios arancelarios a los productos de una empresa israelí que se había negado a ofrecer información detallada sobre su procedencia, como puede comprobarse PINCHANDO AQUÍ.