Más de 5.500 millones de euros ha ahorrado la Administración del Estado en medicamentos durante el último cuatrienio, como resultado de “las diferentes medidas puestas en marcha incluidas en la reforma sanitaria en julio de 2012”, lo que se conoce como “copago farmacéutico”. Cataluña es la comunidad autónoma que más ha ‘ahorrado’ en todos y cada uno de los cuatro ejercicios transcurridos desde la imposición de la medida. Pero lo que se ha ahorrado globalmente se ve reducido por las ayudas prestadas por las Comunidades Autónomas a los enfermos con economías débiles.

Un total de 5.515.936.013 millones de euros ha ahorrado el Gobierno en el cuatrienio 2013-2016 en el que ha estado vigente el copago de medicamentos que impuso la reforma sanitaria decretada en julio de 2012 por Mariano Rajoy.

Dicha reforma obedecía, según el Gobierno, a la necesidad de enjugar el “insostenible déficit de las cuentas públicas sanitarias” y afectó a tres capítulos principalmente: la universalidad de la sanidad pública, la modificación a la baja de la ley de Dependencia y la imposición del llamado “copago farmacéutico”. Desde entonces, todas las protestas, recursos judiciales e incluso negociaciones políticas se han estrellado contra el empecinamiento gubernamental, para el que los recortes en sanidad son una prioridad financiera para reducir el déficit presupuestario, al margen de que dejen desprotegidos sanitariamente tanto a los inmigrantes como a las bolsas de pobreza engordadas a causa de la crisis económica.

De hecho, cuando Rajoy mantuvo conversaciones y negociaciones tanto con Ciudadanos como con la Comisión Gestora del PSOE para lograr su voto y su abstención, respectivamente, tras las elecciones de junio de 2016, obvió dar marcha atrás en estos recortes, a pesar de que los partidos de la oposición lo llevaban en sus programas y para Albert Rivera, el líder de C’s, era una de las condiciones que pretendía imponer a cambio de su voto. Rajoy les ofreció una maraña etérea, que incluía una cartera común de servicios, reforzar la interterritorialidad, impulsar las tecnologías sanitarias y fomentar la e-salud, mejorar la coordinación sociosanitaria y las necesidades de los profesionales e incrementar la compra centralizada de medicamentos, pero nada que supusiera volver a incrementar el gasto. Es decir, nada de restablecer la universalidad sanitaria, derogar el copago ni modificar la ley de Dependencia.

Los tribunales también le han sido favorables al gobierno: en julio de 2016, el Tribunal Constitucional avaló el Real Decreto 16/2012 al desestimar el recurso de inconstitucionalidad del Parlamento de Navarra, que cuestionaba la utilización de la citada norma para regular la condición de asegurado y beneficiario de la Seguridad Social. Sólo declaró inconstitucional la pretensión del gobierno de fijar mediante el desarrollo reglamentario el monto de ingresos anuales del paciente no afiliado a la Seguridad Social.

Además, un año después, en el mes de julio de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia aceptó el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra los decretos del Consell que anulaban el copago farmacéutico y ortoprotésico y los declaró nulos.

Los indeseables efectos del copago

No cabe duda de que el copago farmacéutico supone un efectivo ahorro contable para las arcas públicas, pero la comunidad científica internacional pone en cuarentena ese ahorro por los gastos que suponen los efectos colaterales del copago. Entre otros, las ayudas que muchas comunidades autónomas han dispuesto para los colectivos más desfavorecidos, pero el principal, el derivado de la no adherencia de los pacientes a los tratamientos, es decir, el abandono de la ingesta de los medicamentos prescritos por falta de fondos o por colisión con gastos prioritarios.

El copago afecta tanto a pacientes en activo como a pensionistas y se paga en función de la renta: los jubilados, que no pagaban, abonan el 10% de sus medicinas (con máximos de 8, 18 y 60 euros mensuales) y los activos pasan del 40 al 50% si no superan los 100.000 euros de renta y el 60% si la superan. Quedan exentos los parados sin subsidio de desempleo, los afectados por accidente laboral y enfermedades profesionales, por el síndrome tóxico, pacientes con discapacidad y subsidiados con renta de integración social. Los pacientes que superen los topes establecidos de copago pueden reclamar la devolución del excedente, con el gasto que supone el incremento de la burocratización.

Pero el gasto principal es el derivado del agravamiento de las dolencia por la falta de seguimiento de los tratamientos, con los efectos de un mayor recurso a las consultas de urgencias y un mayor número de ingresos hospitalarios. Una encuesta de 2014 a pacientes de los centros de salud de Madrid reveló que el 13,43% de los entrevistados había dejado de consumir algún medicamento como consecuencia de los copagos. La mayor incidencia se observó en el grupo de parados, seguido del de pensionistas y el menor en el de activos; también era más frecuente la no adherencia entre los enfermos crónicos respecto al resto. La mayor reducción del consumo de medicamentos se producía en los remedios contra la hipertensión y la diabetes.

Es lo mismo que viene observándose en la práctica clínica internacional, hasta el punto de que muchas aseguradoras sanitarias estadounidenses, donde el copago es habitual, han decidido eliminarlo para determinadas enfermedades, como la insuficiencia cardiaca congestiva, y sufragarlos totalmente para evitarse el mayor desembolso experimentado por el agravamiento del paciente al restringir el gasto en el tratamiento prescrito.