No parece que el PSOE pueda convencer a Junts que le apoye en sus sucesivas iniciativas en las Cortes. Tanto más se observa esta actitud cuando los socialistas insultan no a Junts, sino al PP por no votar a su favor. Eso demuestra el respeto cuando no el temor del partido del Gobierno a los independentistas catalanes, de los cuales dependen, entre otras cosas, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Por su parte, los separatistas se sienten estafados por el PSOE al no tener amnistiado todavía a Puigdemont. Consideran de tal gravedad el asunto que el presidente del Parlament, Josep Rull, ha acusado al juez Pablo Llarena de prevaricación, al no haber considerado amnistiable la malversación de fondos y dejar el asunto en manos del Tribunal Supremo y, en su caso, del Constitucional, con la dilación de tiempo que eso supone.

Ya ven cómo están las cosas, Junts haciendo sudar tinta a un Gobierno de España que no cuenta con la mayoría asimétrica con que consiguió la investidura y que depende, caso por caso, de la voluntad del independentismo catalán.

Al Ejecutivo, aparte de la gravedad del asunto, no parece que la situación vaya a llevarle a anticipar las elecciones, supuesto que niega siempre que puede, ni a frenar sus proyectos. Prorrogará una vez más, si cabe, los Presupuestos e irá tirando para su gasto indiscriminado de los fondos de la Unión Europea, porque por dinero que no quede.

La otra parte del problema sigue siendo la amnistía del ex presidente catalán, todavía en condición de prófugo, y al que el Gobierno hace todos los favores que puede, como su no detención cuando estuvo en Barcelona cuando la sesión de investidura de Salvador Illa. La amnistía del huido, aprobada por la ley ahora en litigio, es algo inexcusable para el independentismo y su no puesta en práctica, mientras no se produzca, es una china en el zapato que, aunque no quiera, puede hacer caer al Gobierno de Pedro Sánchez.