En el registro de asociaciones del Ministerio del Interior sólo hay catalogadas 868 asociaciones en activo epigrafiadas como “Mujer, igualdad de trato y no discriminación”. Sin embargo, esa cifra es sólo a nivel nacional; es decir, no se tienen en cuenta las que se encuadran exclusivamente en las provincias o en las comunidades autónomas. La cifra, por tanto, induce a error. Sólo en Andalucía, Extraconfidencial.com ha encontrado registradas más de 2.220 asociaciones y otras 50 federaciones de mujeres a niveles provincial y autonómico, que cuentan con 270.000 asociadas. La mayoría cobran subvenciones oficiales, o bien del Estado o de los entes municipales o de los autonómicos. Estamos frente a un negocio que mueve cientos de millones de euros al año.

Como ya hemos informado, en España hay censadas a nivel nacional un total de 54.229 asociaciones de todo tipo. Los registros del Ministerio del Interior clasifican esas asociaciones y las colocan según sus fines sociales. Así, sobre el epígrafe concreto de “mujer” sitúa en la esfera nacional a un total de 868 asociaciones, más otras aproximadamente 30 federaciones.

Pero esos datos son absolutamente irreales, porque a nivel autonómico, e incluso provincial, hay registradas miles de asociaciones y federaciones sobre “mujer” que reciben diversas subvenciones en términos generales y que no constan en el Registro de Interior, dado que su ámbito de actuación es más local.

Este diario ha iniciado una búsqueda más global, y ha encontrado datos que dejan traslucir el ‘negocio’ que el feminismo radical ha vislumbrado a través del movimiento asociativo de la mujer. Desde la etapa de Rodríguez Zapatero se han evaporado cientos y cientos de millones de euros para subvencionar el tema concreto de la mujer en sus diversas vertientes.

La situación es tal, que el pasado 23 de enero, la ministra de Justicia saliente, Dolores Delgado, se reunió con representantes de las principales asociaciones de mujeres a nivel nacional para informarles de los compromisos adquiridos por su Ministerio en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

A esa reunión asistieron representantes de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, de la Federación de Mujeres Progresistas, de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad y de la Red Española Contra la Trata de Personas.

Faltaban muchas otras asociaciones nacionales, como las activistas muy radicalizadas de Femen, y otros colectivos similares, pero la intención era la de hacerles ver que el Gobierno de Pedro Sánchez les iba a tener muy en cuenta en los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Sin embargo, con el rechazo a los PGE por parte del Congreso de los Diputados, lo que ha motivado el adelantamiento de las elecciones generales, el gozo de la radicalidad ha caído en un pozo: y es que el Gobierno iba a destinar nada menos que un total de 220 millones de euros a las políticas previstas en el pacto contra la violencia de género, de los que 64 millones iban a ser directamente gestionados por el Ministerio de Justicia presidido por la exfiscal Delgado.

Esas cifras significaban un incremento para 2019 del 8,75% en el presupuesto respecto a 2018. Es decir, que en sólo dos años, 2018 y 2019, las cifras dedicadas a la política feminista en todos sus capítulos iba a superar la cifra de los 422 millones de euros. Y eso sólo a nivel estatal, sin contar las subvenciones de los municipios y de las comunidades autónomas.

El negocio del feminismo en Andalucía

Las cifras resultan estratosféricas, como hemos tenido ocasión de comprobar. Por ejemplo, tan sólo en 2018 la Administración General del Estado destinó 7,5 millones de euros a publicidad para temas de la “mujer” (el 10,47% del total publicitario), cuando la cifra prevista en todos los epígrafes para el tema “mujer” superaba los 200 millones de euros, como acabamos de señalar. Pero es que, al mismo tiempo, comunidades como la andaluza, dirigida entonces por la socialista Susana Díaz, contaba con una increíble red de mujeres difícil de controlar.

Mientras el total nacional es de 868 asociaciones de mujeres presentes en todo el territorio nacional, Andalucía -única comunidad de la que hemos podido conseguir datos exactos hasta ahora- cuenta con 2.222 asociaciones de mujeres y, paralelamente, con otras 55 federaciones de mujeres, lo que eleva la cifra a un total de 2.277 entre asociaciones y federaciones, según se puede apreciar en el siguiente cuadro del Instituto Andaluz de la Mujer.

Además de las ayudas a nivel nacional, las políticas de igualdad de la Junta de Andalucía que reparte a los colectivos de mujeres son canalizadas a través del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, un órgano colegiado para el seguimiento y desarrollo de las políticas de igualdad de género de la Junta y en el que están representadas esas miles de asociaciones y federaciones que agrupan a más de 270.000 asociadas, con datos de 2017, los últimos cerrados hasta el momento.

Ese nivel asociativo es, sin duda, el más grande de España, lo que deja imaginar una enorme red clientelar, aunque en las elecciones autonómicas de diciembre de 2018 no consiguiera dar un vuelco a la necesidad de cambio que se habían planteado los andaluces. Pero ahí estaban representadas todas las mujeres según tramos de edad, según puede apreciarse en el siguiente cuadro del Instituto Andaluz de la Mujer.

De ahí que el gobierno andaluz, a través precisamente del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), pero no solamente desde esa institución, haya concedido grandes cantidades de subvenciones para todo tipo de actividades realizadas por, desde y para las mujeres.

Por ejemplo, la Resolución de 22 de marzo de 2018 del IAM, dirigido entonces por Elena Ruiz Ángel, por la que se convocó para el ejercicio 2018 la línea de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos “que fomenten la erradicación de la violencia de género”.

Las subvenciones concedidas en esa resolución alcanzaba la cuantía total máxima de 500.000 euros, pero también se establecía que esas cuantías podrían ampliarse por incrementos en el crédito disponible, en cuyo caso se podría aprobar una resolución complementaria de la concesión de las ayudas “que incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo”.