De los 2,5 millones de personas que trabajan en la función pública, menos de una tercera parte lo hace para la Administración General del Estado. Los dos tercios y medio restantes ejercen para los ayuntamiento y, sobre todo, para las autonomías. Estas cifras, obtenidas en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, demuestran cómo ayuntamientos y autonomías han creado una red clientelar que pasa por colocar a numeroso personal en la función pública; en muchos casos, personas supuestamente ‘votantes’ o ‘amigas’.
El Partido Popular cree que la alcaldesa Manuela Carmena, de Podemos, ha ‘colocado’ en Madrid a unos 600 colaboradores podemitas, lo que significaría que estarían creando una ‘bolsa de fidelidad’ importante para las próximas elecciones municipales. La cifra puede que sea muy alta, pero se sabe que en el ayuntamiento madrileño, Podemos ha aprovechado para colocar a considerables asesores y trabajadores, por encima de los numerosos funcionarios ya existentes: más de 26.000, según datos oficiales del ayuntamiento de 2017.
Madrid sería el ejemplo perfecto de que lo que se habría estado haciendo en comunidades autónomas y ayuntamientos durante tantos años: inflar plantillas hasta llegar a una cifra real de funcionarios de más de dos millones, según los datos obrantes en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a los que ha tenido acceso este periódico.
Según el Registro Central de Personal de ese Ministerio, sólo trabajan para la Administración Pública Estatal un total de 522.412 personas, lo que apenas representa el 20,70% del funcionariado total. Es decir, ni siquiera un tercio de los colocados en el conjunto de las administraciones públicas. El resto, dos millones de personas, trabajan para las comunidades autónomas (1.307.358, el 51,81% del total), para los ayuntamientos (543.110, el 21,52%) y para las Universidades (150.287, el 5,96%).
Ése es el auténtico mapa del funcionariado español a fecha de 2017, pero ahí no se cuenta el personal de confianza como asesores, altísimos cargos, etcétera, que están nombrados a dedo. Y eso sin relacionar, naturalmente, el propio personal político: los elegidos en los diferentes procesos electorales.
Una reducida Administración estatal
Las anteriores cifras desmienten la creencia popular de que los ‘Ministerios están inflados’. Puede que estén sobredimensionados, pero de las 522.412 personas que ejercen en la administración pública estatal, a la Administración General del Estado sólo pertenecen 206.706 funcionarios. El resto ejercen en la Policía y Guardia Civil (138.883), en las Fuerzas Armadas (120.648), en la Administración de Justicia (jueces, fiscales, etc., 24.424), o en regímenes específicos (31.571).
Ahora bien, es verdad que de los 206.706 funcionarios que pertenecen a la Administración General, nada menos que 105.827 (el 51,20%) pertenecen a Ministerios y Organismos Autónomas. El resto asume tareas en Centros Penitenciarios (23.196), Seguridad Social (26.538) o Patrimonio Nacional 25.122). La pregunta, no obstante, es: ¿se siguen necesitando tantos funcionarios en los Ministerios con tantas competencias transferencias a las autonomías?
Los monstruos autonómicos y locales
Puede que no, pero los números oficiales de la Administración Pública no dejan lugar a dudas: si alguien ha inflado las cifras y ha creado una red clientelar con cargo a los presupuestos públicos son las autonomías y los ayuntamientos, que se llevan la parte del león, y cuyas datos desmienten el mito del ‘Leviatán’ que formaría la Administración General.
Por centrarnos en las autonomías, el conjunto de las 17 comunidades ‘consumen’ 1.307.358 funcionarios, de los que nada menos que 209.629 ejercen en las diferentes Consejerías y organismos autónomos. Una cifra que puede resultar exagerada. Pero también es verdad que, frente a esa abundante burocracia, 542.582 personas trabajan en la docencia no universitaria y otras 490.509 en las instituciones sanitarias, es decir, en el Sistema Nacional de Salud. Para completar cifras, cuentan con 25.723 policías propios, y otras 38.915 personas ejercen las la administración de justicia.
Lo peor no es eso, porque la mayor parte del personal, como vemos, trabajan en la enseñanza o en la sanidad. Lo peor es lo de los ayuntamientos españoles, que ‘consumen’ 543.110 trabajadores, el 21,52% del total del funcionariado nacional. Y eso, sin incluir, claro está, los asesores y demás personal nombrado a dedo.
Para los ayuntamientos en sí mismos y sus organismos autónomos trabajan 481.32 personas, mientras que el resto, 61.790, lo hacen para diputaciones, cabildos y consejos insulares, además de para sus respectivos organismos autónomos.
Y, en fin, el resto del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 150.287 personas, trabajan en las Universidades: 92.786 inscritos en el Registro Central de Personal (RCP), y otros 57.501 no inscritos en el RCP.
El caso paradigmático de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena y su equipo de podemitas puede ser paradigmático de lo que se comentaba anteriormente. se trata de un Ayuntamiento con nada menos que 26.092 trabajadores, lo que da cuenta de la importancia de esta corporación municipal.
Pues bien, sólo 19.809 eran funcionarios de carrera en 2017, mientras había 1.944 funcionarios interinos. El resto era personal eventual (161) y, sobre todo, personal laboral en sus distintas versiones, las cuales hacen pensar mucho:
– Personal laboral fijo: 2.151 personas.
– Personal laboral indefinido: 242.
– Personal laboral temporal: 1.580.
– Personal laboral ejecución sentencia : 66
– Órganos directivos: 81
– Cargos electos: 57
– Otros órganos superiores: 1
Obviamente, el ‘truco’ siempre está en el personal laboral.
