El Parlamento catalán investiga las responsabilidades en el ‘caso Castor’ de la exministra Magdalena Álvarez a su paso por el BEI

Un documento inédito, Project Undertaking Deed–Contrato entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ESCAL UGS, de julio de 2013, revelado por el grupo ciudadano Caso Castor en la Comisión de Investigación del Parlamento de Cataluña sobre este asunto, coloca a la exministra Magdalena Álvarez, imputada por los ERE en Andalucía, como una de las responsables del proyecto fallido de almacén subterráneo en el Mediterráneo; un plan de fracking que provocó cientos de terremotos, que costó una millonada al Estado español y del que se han beneficiado sobre todo las empresas del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El grupo ciudadano Caso Castor, impulsor de la querella homónima contra el fiasco de ese abandonado proyecto de almacén gasístico submarino frente a las costas de Castellón, ha encontrado ahora un nuevo documento que cocloca en el centro de la polémica a Magdalena Álvarez, la controvertida ministra de José Luis Rodríguez Zapatero y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), actualmente procesada por el caso de los ERE en Andalucía.

El documento en cuestión (Project Undertaking Deed–Contrato entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ESCAL UGS, de julio de 2013), que ha sido entregado a la Comisión de Investigación que se sigue el Parlamento de Cataluña por este asunto, exige responsabilidades directas a Álvarez, dado que era vicepresidenta del BEI, el banco que concedió los créditos a las empresas del proyecto Castor, y no hizo un seguimiento del destino del dinero ni abrió una investigación para ver si se cumplía lo pactado.

El citado documento, que permanecía inédito hasta el momento, contiene las condiciones del contrato que se firmó entre el BEI y ESCAL UGS, el consorcio del proyecto Castor liderado por Florentino Pérez; un contrato por el que ESCAL UGS se comprometía a cumplir con todas las condiciones de plazos y calidades del proyecto, así como de establecer una comunicación fluida con el BEI para que el banco tuviera la información en tiempo real.

El BEI, al mismo tiempo y como banco público, asumía la responsabilidad de hacer un seguimiento exhaustivo del avance del proyecto, pudiendo exigir responsabilidades a la empresa concesionaria por cualquier imprevisto, tanto en la fase de construcción como en la de operación.

Doble responsabilidad: como ministra y como directiva del BEI

Así las cosas, el BEI tenía, por tanto, los elementos necesarios para controlar a la empresa ESCAL UGS e, incluso, retirar la financiación del banco si hubieran realizado bien su trabajo, ya que podrían haber detectado todos los problemas derivados de esa peligrosa técnica de fracking frente a las costas de Castellón. Sin embargo, a la luz del resultado final del proyecto Castor, tanto los querellantes como la Comisión de Investigación del Parlamento catalán consideran -y así lo denuncian- que el BEI hizo un seguimiento deficiente de una inversión tan importante, en un momento en el que Magdalena Álvarez –persona que exigen que se investigue en la querella presentada por este caso, como ya publicó Extraconfidencial.com– era vicepresidenta del BEI, “teniendo una fuerte responsabilidad sobre el proyecto”.

Para los investigadores del caso, Álvarez tiene una doble responsabilidad: primero, como ministra de Fomento cuando el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero decidió seguir adelante con todo el proyecto. Álvarez estuvo en ese Ministerio clave entre el 28 de abril de 2004 y el 7 de abril de 2009, justo el periodo en el que se tomaron las grandes decisiones sobre el caso Castor. En ese Ministerio relevó al popular Francisco Álvarez-Cascos y fue relevada por el socialista José Blanco.

Pero, posteriormente, a instancias del Gobierno de Rodríguez Zapatero, Álvarez fue nombrada vicepresidenta del BEI, cargo que ejerció desde el 1 de junio de 2010 hasta el 25 de junio de 2014, siendo presidentes del BEI Philippe M.P.J. Maystadt (2010-2012) y Werner Hoyer (2012-2014).

Álvarez se vio obligada a dimitir del BEI en junio de 2014 debido a su imputación en el caso ERE en Andalucía, aunque ella siempre negó este extremo. Sin embargo, lo cierto es que el 2 de julio de 2013 había sido imputada por la juez Alaya en este caso de corrupción socialista, una trama consistente en el supuesto desvío de capitales públicos entre los años 2001 y 2010 bajo el mandato del PSOE. Precisamente, Álvarez había sido consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre el 2 de agosto de 1994 y el 7 de febrero de 2004. Es decir, justo en el momento en el que comienza a montarse toda la operación, según investiga la juez Alaya.

Petición de afloramiento de documento ocultos

Volviendo al fiasco del proyecto Castor, los promotores de la querella han pedido ayuda al Parlamento de Cataluña -que está investigando el asunto- para conseguir que afloren documentos que siguen ocultos y poder estudiar el caso con veracidad y continuar la batalla judicial. Gran parte de esos documentos que aún no han aflorado deberían ser públicos, pero parece que hay interés en que permanezcan ocultos.

Se necesita, pro ejemplo, el dossier técnico completo sobre el proyecto Castor, el cual debería estar disponible, y que previsiblemente involucraría a varios Ministerios (parece que no está disponible, y sería importante saber por qué no).

Desde la sociedad civil organizada, a través del grupo Caso Castor -ODG, Xnet e IDHC como grupo promotor de la querella presentada en la Audiencia Nacional y posteriores acciones jurídicas-, han trasladado a todos los grupos parlamentarios la documentación recogida en la investigación que han llevado a cabo durante los últimos años sobre el proyecto Castor, con la esperanza de que el tema pueda salir adelante.

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