El Grupo Popular ha pedido a la Mesa del Congreso que el Tribunal de Cuentas realice un informe de fiscalización específico de Podemos y determine si se financió de forma irregular, recibiendo dinero de gobiernos y organismos extranjeros, o empresas o entidades relacionadas “directa o indirectamente” con los mismos, algo prohibido expresamente por la Ley orgánica de Financiación de Partidos.

La exposición de motivos de la iniciativa, firmada por la portavoz del GRUPO, Cayetana Álvarez de Toledo, e impulsada por el diputado Eloy Suárez, recoge que diversos medios de comunicación nacionales e internacionales han alertado de una presunta contratación irregular de Podemos con empresas extranjeras, por lo que “la calidad democrática exige acreditar de manera inequívoca el cumplimiento de la legalidad vigente” por parte de una formación con representación en distintas instituciones, y próximamente en el ejecutivo de la Nación como socio de Sánchez.

Dado que se trata de un caso singular, el PP reclama que el Congreso pida al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización específico sobre “la contratación y otras operaciones económicas efectuadas con personas físicas y jurídicas extranjeras por la formación política Unidas Podemos, así como por las fundaciones y entidades vinculadas a dicha formación, o que sean dependientes de la misma, en el período 2015-2019”.

El escrito recuerda que los partidos políticos pueden recibir donaciones no finalistas, procedentes incluso de personas físicas extranjeras, con los límites, requisitos y condiciones establecidas en la Ley de Financiación de Partidos, y siempre que se cumplan, además, los requisitos de la normativa vigente sobre control de cambios y movimiento de capitales.

Además, la iniciativa subraya que la normativa vigente prohíbe expresamente la financiación de los partidos por gobiernos y empresas extranjeras, o entidades relacionadas directamente con ellas, por lo que el PP quiere que se despejen dudas con la realización de una fiscalización específica en el caso de Podemos.

Esta petición del PP coincide, además, con las informaciones sobre el ‘caso Morodo’, que afectan a quien fuera embajador de España en Venezuela con José Luis Rodríguez Zapatero –gran valedor de Pablo Iglesias y su vertiente bolivariana ante Pedro Sánchez– Raúl Morodo, uno de cuyos socios en ese affaire declaró antes de suicidarse: “El ministro de Chávez me exigió que Morodo sólo le rindiera cuentas a él”.

En ese sentido, según se afirma en una investigación en el diario El Mundo, el chavismo habría dado 35 millones a la trama del embajador de Zapatero en Venezuela, razón por la que ahora la Agencia Tributaria ha denunciado al ex embajador español en Venezuela durante el Gobierno de Zapatero, Raúl Morodo, y a su hijo Alejo por la comisión de al menos tres delitos fiscales al ocultar las comisiones millonarias que percibieron del chavismo a través de su entramado societario en España, Suiza y Panamá. Hacienda ha interpuesto una denuncia, publicada por El Mundo, en la que les atribuye los citados delitos fiscales, de forma provisional y a la espera de analizar la totalidad de lo recibido.