La cuenta atrás para la hipotética desconexión de Cataluña con España en los próximos 18 meses, acaba de comenzar. La cuestión es saber si en este desafío secesionista, jalonado de traiciones, incumplimientos, transfuguismo y hasta suplicas para retorcer la voluntad de los electores, acabará en guerra cruenta o con una multitud de heridos no precisamente en la cuneta. Antes del choque de trenes -que desde hace tiempo viene anunciando un político tan sensato como Duran Lleida-, los nuevos dirigentes catalanes deberían entrar en una fase de madurez que de momento niegan con la palabra.
Para el nuevo President, el objetivo del independentismo es «irrenunciable». El recién investido, Carles Puigdemont, lo tiene meridianamente claro: será el presidente de la «postautonomía y de la preindependencia» y su gobierno tendrá la misión de «negociar con el Estado español» y con las autoridades europeas la constitución de un Estado en Cataluña, ya que «no es época para cobardes».
El nombramiento de Carles Puigdemont como Molt Honorable President -el 9º desde que Maciá proclamó el estado catalán en 1931- no augura nada bueno si nos atenemos a su currículo y sus no precisamente timoratas declaraciones. El hasta ahora alcalde de Girona no ha tenido empacho en remarcar sus discursos con un «viva Cataluña libre» o asegurar que «los invasores serán expulsados» como ya lo fueron de Bélgica.
TC: el Parlament no es fuente de legitimidad
La perversión del proceso iniciado por el Parlament que acaba de elegir al 130 presidente de la Generalitat, la rechazó ya en diciembre pasado el Tribunal Constitucional al proclamar que «la Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad».
Cien días después de que los catalanes votasen una cámara sin mayoría secesionista, el primer acto de la institución fue proclamar el inicio de un proceso hacia la independencia que desemboque en la republica catalana, con proclamas para completar la «desconexión» con el Estado español, la desobediencia de sus leyes y «la tramitación del proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública» que no hará caso a «las instituciones del Estado» y en particular al más alto Tribunal.
Hasta el defenestrado presidente saliente, Artur Mas, ha reconocido haber logrado «lo que las urnas no nos dieron» en clara alusión a los bochornoso espectáculo de las negociaciones durante tres meses para que la Candidatura de Unidad Popular sumase sus diez diputados a la insuficiente mayoría que ha evitado nuevas elecciones.
El proyecto soberanista es rechazado por el 52% del electorado catalán, esto es, los 63 diputados que representan Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PP. En noviembre pasado, el Tribunal Constitucional impugnaba dicho proyecto tras advertir a 21 altos cargos del Parlament y la Generalitat de «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».
La investidura de Madrid
El Parlamento nacional recién constituido y, en su caso, el futuro Gobierno tienen la potestad de recurrir eventualmente cualquier acto de desobediencia, e incluso de activar el artículo 155 de la Constitución para asumir parte de las competencias autonómicas y obligar al cumplimiento de la ley. Difícil tesitura para los respectivos candidatos a derecha e izquierda –PP y PSOE- que, alejados de la mayoría para gobernar deben conformar acuerdos más que estables para mantenerse en el poder. Es lo que acaba de pedir por enésima vez el presidente en funciones, Mariano Rajoy, en referencia al líder socialista para que apoye su investidura en un ejecutivo presidido por él pero con una amplia base parlamentaria que «garantice la estabilidad».
La presión para encarrilar la legislatura mas endiablada de nuestra reciente democracia se traslada también al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, dispuesto a intentar una mayoría alternativa si la investidura de Rajoy se ve truncada, pese a su apelación a la firmeza y la necesidad de garantizar la soberanía nacional.
De momento y, como era de esperar, el principal partido de la oposición apoyará al Gobierno en funciones para que haga respetar la ley, el Estado de Derecho y la Constitución. Los dirigentes de los únicos partidos con capacidad para liderar la undécima legislatura van a estar necesitados de algo más que la «altura de miras» para llegar a buen puerto.
Una CUP «nada ejemplar»
El remordimiento de conciencia final de la CUP, por «haber frenado el plan soberanista», es proporcional a su inconsciencia y falta de principios en que convirtieron la subasta de sus votos cambiando de opinión y de criterio en función de la presión ambiental. No hay que lucubrar mucho para saber lo que hará su electorado en las próximas consultas contemplando a sus representantes vendidos al Govern, algunos expulsados, mientras otros correligionarios han acabado en las filas de Junts pel Si participando en sus deliberaciones.
Algún dirigente de la todavía Candidatura de Unidad Popular, ha reconocido al menos que su negociación –durante mas de cien días- «no ha sido ejemplar». «Estos son mis principios, si no le gustan los cambio», decía Groucho Marx. El gran cómico sí que era «marxista».
