La historia, como advertía Carlos Marx, suele repetirse, sólo que de la tragedia se pasa a la farsa. Las acampadas y protestas que replican los tics estéticos del 15-M en plazas emblemáticas como la Puerta del Sol no son más que un eco descafeinado, un simulacro de indignación patrocinada que huele a naftalina política. Aquel estallido de 2011, con sus legítimas dosis de hartazgo ciudadano, sirvió de rampa de lanzamiento perfecta para que una casta autodenominada “nueva” trepara hasta las instituciones.

El balance de aquella travesía ya lo conoce de sobra el ciudadano y primo_contribuyente: pancartas revolucionarias con la mano izquierda y firma de hipotecas millonarias con la derecha para acabar disfrutando de un chalé con piscina en Galapagar. Cambiaron el asfalto por la moqueta, pero conservaron intacta su habilidad para vivir del cuento a costa del ciudadano de a pie.

La gran mentira de la vivienda: inacción sanchista y asfixia al propietario

Hoy, el síntoma más evidente de esta nueva estafa social es la crisis habitacional. La política de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos ocho años se resume en un erial absoluto de ineficacia. Mientras los precios del alquiler baten récords y la emancipación de los jóvenes se convierte en una quimera inalcanzable, el parque de vivienda pública y protegida se hunde en mínimos históricos. Con una media de construcción de VPO totalmente insuficiente frente a las más de 700.000 viviendas que estima necesarias el Banco de España, el sanchismo ha optado por el dogmatismo intervencionista en lugar de cemento y ladrillo.

Lejos de construir un solo hogar digno que alivie el mercado, la estrategia se sustenta en señalar y exprimir fiscalmente al pequeño propietario. A través de una legislación asfixiante, el sanchismo ha convertido al ahorrador particular -ese ciudadano que invirtió el fruto de su trabajo en un piso para complementar su pensión o asegurar a su familia- en el enemigo público número uno. Se le persigue, se le limita la renta por decreto y se le despoja de sus garantías jurídicas básicas, empujándole a la indefensión.

Inseguridad jurídica y demagogia institucional

Lo más grave no es solo la incompetencia manifiesta, sino la pinza ideológica que busca expropiar simbólica y materialmente el esfuerzo de las clases medias. Bajo el pretexto de una supuesta emergencia social, las normativas actuales debilitan el derecho a la propiedad privada -pilar fundamental de cualquier democracia liberal- para camuflar la incapacidad del Estado.

Mientras se criminaliza al pequeño propietario tildándolo de especulador, se promueven modelos de subvención masiva y barra libre asistencialista que desatienden el rigor presupuestario. El resultado es un trasvase obsceno de cargas: asfixiar impositivamente al currante y al pequeño tenedor para financiar ocurrencias ideológicas que dinamitan la convivencia y la seguridad jurídica.

Las acampadas de salón y los falsos profetas del bien común solo buscan agitar el descontento para perpetuar sus redes clientelares. La realidad, terca y tozuda, demuestra que el populismo no construye viviendas; solo levanta muros, arruina al pequeño ahorrador y deja el camino expedito para que otros adalides de la lucha obrera sigan amortizando sus hipotecas de lujo a la sombra del Estado.

La deriva intervencionista actual evoca los peores fantasmas de la planificación centralizada y colectivista soviético-estalinista, donde la propiedad privada deja de ser un derecho inviolable para convertirse en un botín a disposición de la ingeniería social del Estado.

Plantear medidas que rozan la requisa o la intervención forzosa de inmuebles particulares -bajo la coartada de solucionar una emergencia habitacional creada por la propia inacción política- demuestra un desprecio alarmante hacia el esfuerzo individual y el ahorro de las familias. En lugar de garantizar seguridad jurídica para que aflore la vivienda libre y se construya nuevo parque inmobiliario, se opta por el señalamiento del pequeño tenedor, amenazando con despojarle de la titularidad de sus bienes.

El agujero negro de la Sareb: un lustro de parálisis

El caso del conocido como “banco malo” (Sareb) es paradigmático de cómo una herramienta clave del Estado se convirtió en un instrumento inútil por puro sectarismo y parálisis burocrática.

Un stock inactivo durante años: A pesar de contar en su cartera con más de 20.000 viviendas y suelo disponible, gran parte de este patrimonio permaneció bloqueado, deteriorándose o mal gestionado durante la mayor parte de la última década, sin articular una salida ágil al mercado que hubiera frenado la escalada de precios.

El despertar electoralista tardío: No fue hasta bien entrada la legislatura, y acuciados por el desgaste electoral, cuando el sanchismo-populismo rescató anuncios grandilocuentes sobre la movilización masiva de decenas de miles de pisos y suelos de la Sareb. Anuncios que, en la práctica, han chocado una y otra vez con la burocracia, la falta de habitabilidad de muchos inmuebles (ubicados con frecuencia en zonas despobladas o de nula demanda) y la lentitud en los traspasos reales a las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Improvisación en lugar de mercado: En lugar de haber promovido un saneamiento técnico y una salida progresiva y ordenada de esos activos hacia la compraventa o el alquiler asequible desde el primer día, Sánchez y sus mariachis prefirieron mantenerlos en un limbo contiguo al colapso mientras se priorizaba el tacticismo político frente al beneficio del ciudadano.

El resultado es un mercado asfixiado donde el Estado ni construye, ni gestiona con eficacia lo que tiene, ni respeta al propietario particular, emulando recetas económicas fracasadas, de tiempos de los soviets, que solo generan desabastecimiento, inseguridad y empobrecimiento generalizado.