La coalición que nos gobierna, con el PSOE como principal referente y con el apoyo externo de partidos nacionalistas de distinto signo y grado de radicalidad, ha llegado hasta nuestros días con el indudable mérito —desde su propia perspectiva— de haber enterrado una buena parte de lo que denomina el “régimen del 78”, en alusión a la Transición, la Constitución de 1978 y el nacimiento de una democracia que, tras cuarenta años de dictadura, ha proporcionado paz y prosperidad a España.

En el punto en el que nos encontramos empiezan a aparecer señales muy claras del rumbo que sigue esta coalición y de sus objetivos finales. Cabe reconocer que Pedro Sánchez, durante sus primeros años como secretario general del PSOE, cargo para el que fue elegido democráticamente, no parecía haber asumido este propósito. Sin embargo, bajo el padrinazgo de José Luis Rodríguez Zapatero —anterior secretario general del partido y presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011—, habría heredado el proyecto político que éste tenía en mente.

Zapatero manifestó en su día una visión de la Segunda República que algunos interpretaron como una expresión de nostalgia y como el anhelo de recuperar, bajo nuevas formas, parte de aquel horizonte político. Quedaba, sin embargo, una pregunta inquietante: ¿se trataba de rescatar sus ideales democráticos o de retomar el relato justamente allí donde la historia comenzó a precipitarse hacia la gran tragedia española?

Era como si la moviola del tiempo se hubiera detenido en abril de 1936, a la espera de ponerse de nuevo en marcha cuando concurriesen las condiciones propicias: el desgaste, el debilitamiento o el desmantelamiento de los sólidos pilares sobre los que se desarrolló la Constitución de 1978. Y esa posibilidad, verdadera o percibida, despierta una profunda inquietud, porque aquellos pilares no son simples vestigios de otra época: representan el pacto que permitió a generaciones de españoles cerrar heridas, reencontrarse y construir en paz un futuro compartido.

La radicalidad y una visión estrecha de la historia, revestida en demasiadas ocasiones de ajuste de cuentas, han sobrevolado estos años como una sombra persistente. Pero ha sido en esta última legislatura cuando esa sombra ha dejado de parecer una mera advertencia retórica para adquirir, a juicio de quienes contemplan con preocupación el deterioro institucional, la forma de una amenaza real, visible y contrastable. Ya no se trataría únicamente de discursos, gestos o símbolos, sino de decisiones capaces de erosionar los equilibrios, los consensos y la confianza que sostienen nuestra convivencia democrática.

A propósito de la grave crisis vivida en la frontera de Ceuta, Pedro Sánchez volvió a hablar sin rodeos sobre la huella política de José Luis Rodríguez Zapatero y sobre la memoria histórica que inspira su proyecto. Sus palabras quedaron grabadas con una claridad difícil de ignorar: al defender la Ley de Memoria Democrática, afirmó que ésta pretendía “recuperar y reivindicar la mejor de las Españas, que fue la de la Segunda República, que sufrió un golpe de Estado”. La frase no fue una insinuación ni una interpretación ajena, sino una declaración expresa que eleva aquel periodo a la categoría de referencia moral y política. Unida a su reciente reivindicación de “la trayectoria” y “el legado” de Zapatero, revela una continuidad que el propio presidente ya no parece dispuesto a disimular.

Para quienes contemplan con inquietud el debilitamiento de los consensos nacidos en 1978, esas palabras resuenan como algo más que una evocación sentimental del pasado: sugieren el deseo de proyectar sobre la España del siglo XXI una determinada concepción de la historia, del progreso y de la legitimidad democrática. Y es ahí donde la emoción se mezcla con el desasosiego, porque llamar a la Segunda República “la mejor de las Españas” obliga a preguntarse qué lugar se reserva entonces a la España de la reconciliación, a la Constitución de 1978 y al inmenso esfuerzo colectivo que permitió cerrar heridas y construir, por fin, un futuro compartido.

La trayectoria de este Gobierno y los hechos acumulados durante los últimos años apenas dejan, a mi juicio, espacio para la duda acerca de sus intenciones. Muchas de las iniciativas legislativas ya aprobadas —y otras aún en trámite— me llevan a pensar, sin vacilaciones, que su objetivo está cada vez más cerca: cerrar un armazón jurídico y político revestido de apariencia democrática que asegure su permanencia en el poder.

En ese armazón podría encontrar cabida, según esta interpretación, una nueva república asentada sobre la transformación de España en un Estado confederado, mediante una redefinición profunda de la soberanía, de la organización territorial y de los vínculos comunes que hoy consagra la Constitución. No sería un quiebro repentino ni un gesto aislado, sino la culminación paciente de un proceso en el que cada reforma, cada cesión y cada debilitamiento institucional encajaría como una pieza más. Y precisamente ahí reside la mayor inquietud: en que las formas de la democracia puedan conservarse mientras se vacían poco a poco los contrapesos, los límites y el espíritu que le dan verdadero sentido.

¿Qué vía podría resultar más eficaz para desfigurar la alternancia política —uno de los fundamentos esenciales de la convivencia democrática— que localizar, ordenar e impulsar desde el propio poder las leyes capaces de hacerlo posible? No sería necesario asaltar las instituciones desde fuera ni derribar de golpe sus muros: bastaría con permanecer dentro de ellas, invocar formalmente la legalidad y modificar, pieza a pieza, las reglas que garantizan el equilibrio, la vigilancia y la posibilidad real del relevo. Ésa es, precisamente, la paradoja que más inquieta: que una democracia pueda ser debilitada utilizando sus propios procedimientos, bajo la apariencia de escrupuloso respeto a las formas, hasta convertir la alternancia en una posibilidad cada vez más remota y el poder en una estructura concebida para perpetuarse.

La Ley de Memoria Democrática dio pie a la aplicación de la conocida popularmente como “ley de nietos”. Conviene precisar que no se trata de una ley independiente, sino de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, que abrió una vía extraordinaria para optar a la nacionalidad española. Esta posibilidad alcanzó, en determinados supuestos, a personas nacidas fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera sido originariamente español y hubiera perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio; también a los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978, y a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad de origen mediante esta misma norma o la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Su finalidad declarada fue reparar las consecuencias del exilio y de antiguas discriminaciones, permitiendo a esos descendientes recuperar el vínculo jurídico con España y adquirir los derechos y deberes inherentes a la ciudadanía española.

No me parece que esta medida carezca de razón de ser, ni considero justificados todos los ataques que ha recibido. Hay en ella una dimensión reparadora que merece ser reconocida y respetada. Sin embargo, no puedo evitar la sospecha de que, al elaborarla, sus impulsores pensaron no solo en los abuelos, en los padres, en los hijos o en los nietos afectados, sino también en el censo electoral y en la posibilidad de que la ampliación de la ciudadanía favoreciera, siquiera parcialmente, el voto a la izquierda. No afirmo que ese cálculo esté demostrado ni que permita anticipar cómo votará cada nuevo ciudadano; sostengo, más bien, que ningún análisis político debería ignorar la eventual existencia de incentivos electorales. No seamos ingenuos: a mi juicio, esa consideración pudo ocupar un lugar central en la decisión, quizá incluso por delante de la finalidad reparadora proclamada.

El respeto al voto secreto, la participación consciente y la confianza en la libre decisión del ciudadano parecen, por momentos, principios relegados a otro tiempo. Cuando en algunos de mis artículos hablo de guerra híbrida, pienso también en este terreno silencioso: el de la influencia ejercida desde fuera por adversarios declarados y por otros actores cuyos intereses, métodos e incluso identidad permanecen ocultos.

Las redes sociales han multiplicado la capacidad de seleccionar mensajes, explotar emociones, repetir consignas y encerrar a cada persona en una realidad diseñada a su medida. Así, el voto puede dejar de ser orientado por la reflexión para ser empujado, casi imperceptiblemente, por algoritmos, campañas opacas y relatos fabricados. El peligro no reside en que el ciudadano sea incapaz de decidir, sino en que llegue a creer que decide enteramente por sí mismo mientras otros han estrechado previamente el horizonte de lo que ve, escucha y considera posible. Defender la democracia exige, por tanto, proteger la libertad interior del votante: información plural, transparencia, educación crítica y la valentía de no dejarse arrastrar por ningún rebaño.