El jefe del Mando de Personal de la Guardia Civil, teniente general Francisco Díaz Alcantud, no emitió la orden para la adaptación de funciones de los guardias civiles con riesgo de contagiarse por COVID-19 hasta el 10 de abril, ocho días después de que lo hiciera la Dirección General de la Policía con respecto a sus agentes. Esta demora, junto a otras acciones similares y la falta de material, podría explicar en parte el por qué se han contagiado de coronavirus el doble de guardias civiles que de policías.

Según los documentos a los que ha tenido acceso Off The Record, por causas aún no explicadas y parece que inexplicables, la Dirección General de la Guardia Civil no puso en práctica medidas para retirar del servicio en la calle a los agentes considerados ‘vulnerables’ ante el coronavirus hasta diez después de que lo hiciera la Policía. ¿Por qué? No hay una explicación, pero, según el presidente de la asociación Profesionales Guardias Civiles (PGC), Guillermo Freire, “las medidas preventivas en la Guardia Civil siempre llegan tarde y vamos a remolque de la Policía”.

Según los datos filtrados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), a fecha de 16 de abril un total de 1.483 guardias civiles han resultado infectados por COVID-19 y otros 2.384 se encuentran aislados al presentar síntomas compatibles con la enfermedad o haber estado en contacto con algún positivo. Cuatro días antes, el 12 de abril, la cifra de infectados en la Benemérita era de 1.389, lo que ofrece una idea de lo rápido que sigue corriendo el virus, según el listado al que ha tenido acceso este diario.

Sin embargo, en el caso de la Policía Nacional, los infectados son 751 y los aislados 2.360, mientras que hay 868 policías locales contagiados y 294 agentes de las policías autonómicas (Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Foral de Navarra y Canaria). Es decir, que hay el doble de guardias civiles contagiados que policías nacionales o locales, considerados por separado. ¿Por qué?

Tarde, mal y nunca

Cierto es que la Dirección General de la Policía no se puso a trabajar en medidas internas para proteger a su ‘personal de riesgo’ con peligro real de contagio del COVID-19 hasta el 2 de abril, fecha en la que la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, María Pilar Allué, emitió unas “Instrucciones sobre la adaptación de tareas de los puestos de trabajo del personal de la Dirección General de la Policía”, en la que señalaba que se podía pedir el cambio de destino –no exposición al riesgo del trabajo en la calle- a los “grupos vulnerables para COVID-19”.

Esos “grupos vulnerables” policiales, que hasta el 2 de abril continuaban ejerciendo su labor en las calles, son los siguientes: tener más de 60 años; enfermedades cardiovasculares incluida hipertensión; diabetes; enfermedades pulmonares crónicas; cáncer en fase de tratamiento activo; inmunodeficiencia; embarazo; enfermedad hepática crónica, o enfermedad renal crónica.

Las “Instrucciones” de la Dirección General de la Policía llegaban 18 días tarde, teniendo en cuenta que la el Estado de Alarma se había decretado el 14 de marzo.

En la Guardia Civil, aún más tarde

Pero lo peor no era eso: las medidas anunciadas por María Pilar Allué eran sólo para la Policía y no para la Guardia Civil, cuyos agentes no recibieron una instrucción similar hasta el 10 de abril, según el documento al que ha tenido acceso Off The Record, firmado por el jefe del Mando de Personal de la Guardia Civil, teniente general Francisco Díaz Alcantud, y titulado “Actualización de medidas para la adaptación de funciones de determinado personal en los puestos de trabajo de la Guardia Civil ante la crisis sanitaria generada por el COVID 19”.

En ese documento, al igual que en el de la Policía, se citan exactamente las siguientes enfermedades como “grupos de riesgo” para que los agentes puedan ser retirados de la labor directa en las calles: “Diabetes; enfermedades cardiovasculares, incluida la hipertensión; enfermedad hepática crónica; enfermedades pulmonares crónicas; enfermedad renal crónica; inmunodeficiencia; cáncer en fase de tratamiento activo; situación de embarazo, y mayores de 60 años”.

Sin embargo, como prueba de la ‘chapuza’ realizada, en otro epígrafe del documento de Díaz Alcantud se hace subir la edad para solicitar medidas un año más, hasta los 61. El párrafo en cuestión dice así:

• “El personal del Cuerpo, el de las Fuerzas Armadas y el personal civil funcionario y laboral que ocupe un puesto de trabajo en la estructura organizativa de la Guardia Civil, que sufra alguna de las patologías anteriores, se encuentre en situación de embarazo o que tenga 61 años cumplidos, podrá instar su condición de personal especialmente sensible ante el jefe de su unidad. A la solicitud acompañará, en su caso, la acreditación oportuna de un médico y la correspondiente autorización para el tratamiento de datos de carácter personal, conforme al modelo del anexo”.

En todo caso, y más allá de esas incoherencias en el documento del general Díaz Alcantud, lo cierto es que “no se dio la orden hasta el 9 de abril y no se trasladó a las Unidades hasta el día 10. Argumentarán que había falta de personal, que hay recortes, pero… no sé hasta qué punto”, afirma el presidente de la asociación Profesionales Guardias Civiles (PGC), Guillermo Freire.

Pero ¿por qué esperaron 8 días para adoptar en la Guardia Civil las medidas que ya se habían adoptado con los policías? “En la Policía fueron más previsores, precisamente por su facultativo médico José Antonio Nieto González, que dio la alarma de forma interna el 30 de enero”, según Freire.

Nieto González, una ‘víctima’ de Grande-Marlaska

Como ya informó Off The Record en su momento, el facultativo médico de la Policía y jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Nieto González, emitió el pasado 24 de enero una Nota Informativa de carácter interno titulada “Medidas de prevención frente a posible exposición a corona virus”. Era una nota de uso interno policial en la que ya en esa fecha, 24 de enero, se hablaba del grave riesgo de epidemia en España y se exigían guantes de nitrilo de un solo uso y mascarillas FPP 2 para los policías en fronteras.

Cuando el 14 de marzo se filtró la existencia de ese documento, una vez que desde el gobierno se habían alentado las manifestaciones multitudinarias del 8 de marzo sin que Interior hubiera adoptado medidas singulares hasta la declaración del Estado de Alarma, el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, procedió al cese fulminante del facultativo médico. El documento de Nieto González dejaba en entredicho la gestión de Interior y ponía de manifiesto la política adanita del ministro Fernando Grande-Marlaska.

Así es como Interior reacciona ante los que avisaron de la profundidad de la pandemia que se aproximaba, pero, también, porque ese documento –y otros de la UE, OMC y OMS– ponían en evidencia la pésima decisión de permitir grandes actos públicos hasta el 8 de marzo, para que pudieran realizarse las multitudinarias manifestaciones de la mujer propiciadas desde el gobierno de Sánchez-Iglesias.

Escasez de material

Pero la pregunta sigue en el aire: ¿por qué hay el doble de contagios en la Guardia Civil que en la Policía, cuando el ámbito de la Benemérita es rural y el de los policías es urbano, con una mayor concentración de personas?

Según el vicepresidente y portavoz de Profesionales Guardias Civiles (PGC), José Manuel Manrique, “hay una escasez permanente de material: a muchos guardias de Tráfico, por ejemplo a los de Madrid, sólo les han dado dos mascarillas FPP-3 y seis guantes… para todos los días, además de un frasco de 50 ml para desinfectarse las manos. Muchos guardias llevan sus propios guantes, porque llevan más de un mes con el mismo material”. En la Unidad de Tráfico, en Valdemoro, sí hay alcohol para desinfectarse en la Unidad, “pero es porque lo pone la empresa de limpieza contratada”.