La mala praxis de los gobiernos apoyados por los estalinistas de Podemos: Comunidad Valenciana (3)

Para salvar su futuro personal, el socialista Ximo Puig se ha entregado a los radicales y ha puesto en peligro la unidad del PSOE.

Para salvar su futuro personal, el socialista Ximo Puig se ha entregado a los radicales y ha puesto en peligro la unidad del PSOE.

En la Comunidad Valenciana, con 99 escaños en total y mayoría absoluta con 50, las elecciones del 25 de mayo de 2015 arrojaron los siguientes resultados: PP: 31 escaños; PSOE: 23; Podemos: 13; Compromís: 19, y C’s: 13. El PP ganó, pues, las elecciones, pero una coalición formada por el PSOE, Podemos y Compromís dio el gobierno de la Generalitat al socialista Ximo Puig, periodista al igual que su homólogo de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

Auténtico prisionero de Podemos y Compromís, de los que depende su futuro profesional y político, Joaquín Francisco Puig Ferrer, más conocido como Ximo Puig, se ha venido definiendo desde hace un año como parte destacada del ala más radical del PSOE, llegando a apostar fuerte por una coalición entre socialista y podemitas para el Senado. Una apuesta que convulsionó los cimientos socialistas y que casi hace tambalearse al líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Por lo demás, su gobierno está hipotecado por las políticas radicales que le obligan a emprender los estalinistas de Podemos. He aquí el resultado.

Ataques a la unidad y a los símbolos constitucionales y a las instituciones. El Consell quiere acabar con las Diputaciones por decreto al quitarles las acciones en turismo, deporte y cultura, que vienen desarrollando históricamente.

Subida de impuestos. Han subido el Impuesto de Patrimonio.

Incremento de la burocracia, de los altos cargos y del gasto corriente. Más Consejerías y más Altos Cargos. Subida de sueldo 1% (100.000€). El President se ha blindado con 179 cargos de libre designación.

Nepotismo y enchufismo. Los casos de nepotismo con contrataciones de familiares se ha convertido en la regla general.

Ataques a la educación concertada. Se restringe la libertad de los padres en la educación de los hijos al impedirles que puedan elegir el colegio y liquidan la educación concertada.

Demonización de las iniciativas empresariales y de inversión productiva. El Consell no paga a sus proveedores (tardan en pagar 118 días). Se han perdido 2.500 millones de inversión privada y 32.500 empleos por inacción o bloqueo de proyectos económicos.

Abandono de las políticas sociales. Reducción de presupuesto de un 1% menos en la partida de Asuntos Sociales. Suben más las tasas que las becas en la Universidad. Tardan más de ocho meses en pagar la Dependencia. Destinan cero euros a la violencia de género. Castigan a las personas con diversidad funcional, a las que aplica una nueva tasa por 1,4 millones y a las personas en riesgo de exclusión social, que siguen pagando tasas y les quitan la línea presupuestaria a organizaciones como Cruz Roja, Cáritas, Casa de Caridad.

 

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