La acogida obligada de ilegales menores de edad sólo en Ceuta y Melilla le ha costado a España 20,44 millones de euros en los últimos cinco años; una cantidad con la que el Estado se ha visto obligado a financiar a ambas ciudades autónomas por la afluencia masiva y en progresión de menores extranjeros. Lo grave es que la financiación se duplicó en 2017 con respecto a 2016, y que en 2018 llegó a duplicarse respecto al año anterior. Es la consecuencia del ‘efecto llamada’ de Pedro Sánchez.

La situación creada por la inmigración ilegal es tan grave y con consecuencias económicas tan importantes para España que el Gobierno consiguió finalmente de Bruselas que los gastos relativos a los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados) entren en el marco europeo del Fondo de Asilo, Migraciones e Integración (FAMI). Los MENAS constituyen casos especiales precisamente porque son menores de edad y tienen otras necesidades al estar más protegidos sus derechos como menores.

No solamente entran por Ceuta y Melilla, sino que la policía española ha detectado mafias marroquíes y argelinas especializadas en introducir vía pateras a menores en la Península, y que esa progresión ha ido ascendiendo de forma geométrica en los últimos dos años, pero especialmente tras el cambio de política operado en España con la llegada al poder del PSOE, en junio de 2018, y de sus socios de Podemos.

Sin embargo, salvo en el caso de Ceuta y Melilla, resulta difícil establecer cuánto cuesta globalmente la atención a los MENA en todo el territorio nacional, dado que esa atención forma parte del ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas, que asumen su tutela en el ejercicio de sus funciones en materia de protección del menor.

Para dicha acogida, las Administraciones autonómicas cuentan con presupuestos propios , de acuerdo con la distribución que cada año se realiza en el marco de la financiación autonómica.

Sin embargo, dada la especial problemática de Ceuta y de Melilla, sin perjuicio de la competencia autonómica en la materia, desde 2005 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social viene suscribiendo anualmente un convenio de colaboración con ambas ciudades para la mejora de la atención a los MENA en sus respectivos centros de menores.

Esa colaboración del Estado responde al especial impacto que la presencia de MENAS tiene en el territorio específico de Ceuta y de Melilla, dada su especial situación de frontera terrestre con Marruecos.

Subvenciones nominativas a Ceuta y Melilla

La financiación extra se ha ido instrumentando en los últimos años mediante una subvención nominativa a Ceuta y otra a Melilla, si bien desde 2017 el instrumento financiero utilizado para proporcionar esa ayuda es el de subvención de concesión directa por razones humanitarias, a través del Real Decreto 654/2017, de 23 de junio, por el que se regula la concesión directa de la subvención para la mejora de la atención prestada en los centros de acogida a favor de menores extranjeros no acompañados, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Durante el periodo 2012-2017 Ceuta recibió un total de 8.323.044 euros adicionales con cargo a este instrumento. En el caso de Melilla, esa cantidad ascendió a 12.122.566 euros, lo que supuso una montante total de 20.445.610 euros en el periodo referido. Sin embargo, lo más alarmante del caso es que la colaboración financiera del Estado con ambas ciudades se vio incrementada considerablemente en el ejercicio de 2017 respecto a 2016, hasta un total de 6.449.000 euros.

En el caso de Melilla, la cantidad aportada para el ejercicio 2017 fue de 4.103.890 euros, lo que duplicaba la dotación respecto al año anterior. Para Ceuta, la ayuda de 2017 ascendió a 2.345.110, con un incremento del 66% respecto al año anterior. En 2018, la partida prácticamente se duplicó para ambas ciudades, ya que las mafias que trafican con MENAS incrementaron considerablemente su actividad, imprimiendo en la práctica un ‘efecto llamada’ propiciado por las políticas ‘buenistas’ del Gobierno de Pedro Sánchez.

En ese sentido, es fácil observar  cómo en los dos últimos años ha aumentado el tráfico de menores hacia España. Entre 2012 y 2017, las mafias han conseguido introducir en España a casi 4.000 menores no acompañados. Pero, al analizar las cifras oficiales, destaca que mientras en 2012 sólo entraron 277 menores a la Península, en 2016 ya consiguieron hacer llegar a casi 600 y en 2017 la cifra de elevó a casi 2.200, que prácticamente multiplica por 10 la de 2012.

Problemas también para la Fiscalía

Sin embargo, según datos preliminares, en el registro del Ministerio del Interior a fecha 30 de abril de este año 2018 había censados ya un total de 6.248 MENAS, mientras que, según los últimos datos oficiales facilitados por el Ministerio de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, el incremento en el número de menores extranjeros no acompañados en España y que son atendidos por los servicios de protección al menor de las comunidades autónomas había experimentado ya hace un año un salto cualitativo: entre los meses de abril y agosto de 2018 se había incrementado en 1.000 menores más, lo que ofrecía unas cifras superiores a los 7.000, lo que supone un 12% más que tres meses antes.

Obviamente, al aumentar las entradas, aumenta también el coste y, por lo tanto, la aportación especial del Gobierno a determinadas ciudades o comunidades autónomas para hacer frente a esta situación.

Pero constituye otro problema también añadido para la Fiscalía, que en su Memoria Anual presentada en 2018 ya hacía referencia a que la entrada de menores migrantes no acompañados en España creció un 398% en 2017 -se pasó de 588 entradas oficialmente registradas en 2016 a 2.177 entradas en 2017-. Según esa Memoria, el 97 por ciento de estos menores son de sexo masculino y, en su mayoría, proceden de Marruecos (56,3%) y Argelia(19,9%), seguidos por países del África Subsahariana como la República de Guinea (8,4%), Costa de Marfil (7,5%) o Gambia (2,8%).

Ese aumento en la llegada de los menores ha desembocado en una subida de las diligencias preprocesales de determinación de edad de los mismos, que se han cifrado en 5.600 y que suponen un aumento del 48% respecto a las incoadas en 2016, que fueron de 2.971.

Para darse cuenta del problema creado por las mafias, el registro interno de la Fiscalía apunta que durante el año 2017 se han incoado 254 procedimientos que tienen por objeto teórico la persecución de delitos de trata de seres humanos -24 más que el año anterior-, 103 persiguen la trata con fines de explotación sexual, 8 la trata laboral, 2 la trata para la mendicidad, otras 2 la trata para la realización de actividades delictivas, 5 para matrimonios forzosos y 1 para la extracción de órganos.