Aquel 17 de enero de 1966, el cielo de la pequeña localidad almeriense de Palomares estalló, literalmente, en miles de fogonazos amarillentos y anaranjados, como los que hace el combustible al explosionar en el aire. Un avión cisterna chocó con un bombardeo norteamericano que dejó caer sus cuatro bombas termonucleares Mark 28 (modelo B28RI) de 1,5 megatones cada una, sobre la pequeña población de Palomares. Tres se rescataron en tierra después de verter su maldito contenido radiactivo de americio y de plutonio en la huerta almeriense; la cuarta sería rescatada del fondo del mar unos meses después gracias a un pescador de Águilas, Francisco Simó, ‘Paco el de la Bomba’. Pero ahora, 53 años después, el Gobierno de Sánchez sigue vetando que los españoles conozcan el nivel de contaminación real que se vive en la zona.

El incidente de Palomares fue el mayor accidente nuclear ocurrido en el mundo a consecuencia de unas bombas después de la ominosa destrucción por armas atómicas de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En la vertical de Palomares, el 17 de enero de 1966 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que campeaba por el territorio nacional español como Pedro por su casa, perdió en el aire un avión cisterna, un bombardero estratégico y las armas nucleares que transportaba este último.

Después de 53 años de silencios, de documentos tachados con el sello de “Secreto”, Izquierda Unida quiso en los pasados meses que su ‘socio’ en el Gobierno, Pedro Sánchez, desclasificara aquellos documentos, dado que han pasado más de 50 años para ser desclasificados y, además, ninguno de los protagonistas vive ya. Pero, según denunció IU, Sánchez se muestra ‘manso y obediente’ con Estados Unidos y mantendrá secretos los documentos con las principales decisiones para (no)descontaminar Palomares y las actas del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre qué hacer en esa zona.

Así es como el Ejecutivo de Sánchez respondió por escrito la pasada legislatura a una iniciativa parlamentaria registrada en julio de 2018 por la diputada andaluza de Izquierda Unida, Eva García Sempere, al tiempo que remitía cualquier nueva decisión sobre el tema al “nuevo Plan General de Residuos Radiactivos que el Gobierno está elaborando y que se ha comprometido a presentar a lo largo del año próximo”.

Es decir, que 53 años después, los españoles seguimos sin poder conocer qué ocurrió exactamente en Palomares; si la cuarta bomba fue realmente recuperada o si le habían quitado el detonador antes de que la recuperaran los norteamericanos; si éstos se llevaron toda la tierra contaminada, como prometieron, y cuántos casos de cáncer se han dado en la zona desde entonces. Datos todos ellos calificados de “secretos”.

Sánchez, un débil con los fuertes

“El Gobierno de Pedro Sánchez da la razón a Estados Unidos y no tiene ninguna intención de hacer públicos o de permitir el acceso a los distintos documentos e informes que, tal y como reconoce el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), recogen los últimos acuerdos alcanzados entre las administraciones de ambos países para rehabilitar el entorno almeriense de Palomares y hacerse cargo de las ingentes toneladas de tierra contaminada a raíz del accidente de 1966”, afirman fuentes de IU, que se muestran muy molestas con el ‘socio’ al que ayudaron a llegar al sillón de la Moncloa.

En una respuesta parlamentaria recibida a raíz de la iniciativa puesta en marcha en julio por la diputada andaluza de IU Eva García, el Ejecutivo del PSOE dijo que “de acuerdo con la legislación vigente, el Gobierno no puede revelar públicamente materias e informes clasificados propiedad de o elaborados por otro Estado, ni tampoco puede violar la confidencialidad en las respectivas posiciones en negociaciones presentes o ya llevadas a cabo por España con un tercer país, en este caso concreto con los Estados Unidos de América”.

García Sempere ya denunció en su iniciativa escrita registrada el 16 de julio de 2018 que una amplia documentación que debía ser pública y de libre acceso sin ningún tipo de problema ha sido “arbitraria e ilegalmente declarada materia reservada”.

Entre esa documentación, según datos del propio CSN a los que hace referencia la diputada, están “documentos como el Plan de Rehabilitación de Palomares (2010), la contrapropuesta norteamericana de 2015 aceptada íntegramente (‘Evaluation of Alternatives for Remediation of Soils of Contamination at the Palomares Accident Site’), las actas de las reuniones negociadoras entre ambos gobiernos, el Anexo del acta del propio CSN de la sesión celebrada el 22 de julio de 2015, donde se recogen los niveles de intervención para la restauración de los terrenos e, incluso, el informe de la estimación del daño económico y social sufrido por las áreas afectadas”.

El Gobierno se reinstala en el secretismo

La respuesta del Gabinete de Sánchez obedecía a la pregunta concreta de la parlamentaria de IU sobre si “¿piensa desclasificar y hacer públicos estos documentos para evitar que sean refugio de presuntos conflictos de intereses ajenos, comportamientos ilícitos y quebranto de los derechos de la ciudadanía y la población afectada tras 53 años padeciendo contaminación radiactiva?”.

En la misma línea, García Sempere preguntó también al Ejecutivo del PSOE si “¿tiene intención de instar al CSN a que culmine el plan de gestión de residuos que incluya su almacenamiento provisional en un almacén temporal y otros estudios complementarios para la ejecución urgente del Plan de Rehabilitación de Palomares, dentro de los criterios radiológicos de 2003, con o sin la ayuda de Estados Unidos?”.

A este respecto, en su escueta respuesta, el Ejecutivo señala que “en cualquier caso, este tema se abordará en el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos que el Gobierno está elaborando y que se ha comprometido a presentar a lo largo del año próximo”. “Se informa -concluye el Gobierno- que corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear plantear las condiciones de ejecución del Plan de Rehabilitación de los terrenos de Palomares”.

Férreo oscurantismo y juego con la vida de los habitantes de la zona

García Sempere ha venido denunciando que con este tipo de respuestas “el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene el mismo férreo oscurantismo que sobre este tema tuvieron tanto la dictadura como sucesivos gobiernos del PSOE y PP, los cuales prolongaron así el statu quo, los modos y maneras instaurados por el franquismo. Esta es la misma opacidad que ha mantenido engañados y desinformados durante varias generaciones tanto a la opinión pública como a los propios vecinos afectados”.

Los distintos ejecutivos del PSOE y del PP llevan décadas negociando que Estados Unidos se haga cargo y se lleve de España las tierras contaminadas con el plutonio y el americio esparcido durante el accidente militar. “Al mismo tiempo, se han ido aceptando contrapropuestas de reducir un 44% las tierras a tratar y de incrementar un 400% la radiactividad a dejar en Sierra Almagrera, aledañas a las poblaciones de Villaricos y Palomares”, denunció la diputada andaluza de IU.

A su juicio, “si en 1966 se utilizó Palomares en aras de la estabilidad política del dictador, mucho nos tememos que ahora ha servido como moneda de cambio en transacciones comerciales con el país causante. Nos enfrentamos siempre a razones ajenas a la radioprotección y a los riesgos a la salud de los afectados y el estigma medioambiental que tanto lastra su economía”.