Suicidio de hombres, falsas denuncias, redes clientelares para financiarse… el feminismo radical se instala en España y produce efectos perversos

El presidente del PP, Pablo Casado, abrió la caja de los truenos al afirmar el pasado 4 de enero que “el 25% de las víctimas de violencia doméstica no son mujeres”. Las asociaciones de feministas radicalizadas se lanzaron contra el líder popular, tildándole poco menos que de ‘fascista’. Sin embargo, Casado llevaba razón: las estadísticas reflejan que hay un 25% de víctimas de este tipo de violencia que son niños, ancianos, parejas homosexuales u hombres en entornos familiares. Pero hay otros datos más escalofriantes: las redes asociativo-económicas montadas por el feminismo estalinista para financiarse personalmente y el número de hombres que se suicidan, tres veces más que el de mujeres, muchos de ellos con problemas familiares.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son concluyentes. En sus informes anuales sobre las causas de la muerte en España el capítulo del suicidio, aunque no está especialmente publicitado, sí aparece con el suficiente detalle para dejarnos ver una triste realidad: se suicidan tres veces más hombres que mujeres en España. ¿Por qué esa diferencia? ¿En qué entorno familiar se mueven esos hombres que les conduce al suicidio? ¿Tiene algo que ver la relación en pareja?

Esos datos por sí mismos son escalofriantes, pero es más turbador aún conocer que, según representantes de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio (AIPIS), la envergadura de este problema en España es mucho mayor de lo que dice el INE, porque sus estadísticas no coinciden con las de los Institutos de Medicina Legal. Y es verdad, porque la diferencia es clamorosa: un estudio en 16 provincias de España realizado por el Instituto de Medicina Legal de Sevilla y recogido por la prensa en 2015 encontró 563 suicidios sin registrar solamente en 2007. La inmensa mayoría eran hombres. ¿Por qué esa diferencia?

Según las estadísticas del INE -que, como decimos, están confeccionadas a la baja-, en 2015 se registraron en España 3.602 muertes por suicidio: se quitaron la vida 2.680 hombres y 922 mujeres, tres veces menos que los hombres. ¿Por qué? En 2016 se produjeron 3.565 suicidios en total, con similar porcentaje, mientras que en 2017, último año con estadística cerrada, el suicidio se mantuvo como la primera causa de muerte externa con 3.679 fallecimientos, un 3,1% más que en 2016: se suicidaron 2.718 hombres frente a 961 mujeres. Es decir, un 26,12% más de suicidios de varones que de hembras. ¿Por qué? ¿Qué incidencia tienen los avatares familiares en el suicidio de hombres?

Ése último es un estudio que no se ha realizado aún en España, quizá porque no interesa, pero es una de las grandes cuestiones pendientes en nuestro país, donde las políticas del hembrismo más radical están triunfando hasta en la judicatura. Incluso en los medios de comunicación se practica una especie de automordaza para no publicitar este tipo de estadísticas que rompen el discurso reaccionario del populismo de extrema izquierda.

La falsa violencia de género

En los foros de los guardias civiles se ha rescatado en los primeros días de enero una información publicada en noviembre de 2012 en la propia web de la Guardia Civil y que pasó entonces desapercibida: Desmantelada una red que presentaba denuncias falsas por violencia de género para cobrar ayudas públicas, titulaba la noticia la web de la Benemérita.

La investigación se inició en el verano de 2012, al detectar un aumento significativo de denuncias por violencia de género entre ciudadanos marroquíes, presentadas en el Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido (Almería), en las que coincidían una serie de características y patrones comunes. Localizaron a un grupo organizado que se dedicaba a buscar mujeres marroquíes en situación irregular en España. Les ofrecían regularizar su situación administrativa simulando ser víctimas de violencia de género, además de posibilitarles acceso a las ayudas económicas que se conceden para las víctimas de estos delitos.

Contactaban con varones marroquíes, con situación administrativa regularizada para evitar su expulsión por aplicación de la Ley de Extranjería, a los cuales les ofrecían entre 2.000 y 4.000€ por simular ser pareja y agresor de la mujer, con la promesa de que cuando ésta consiguiera su residencia legal en España retiraría la denuncia y la causa se archivaría, quedando sin antecedes por dichos delitos [eso era posible entonces, ahora ya no, porque han cambiado las leyes].

En los casos investigados esas ayudas eran concedidas en el plazo de un mes. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 4 de El Ejido (Almería).

Es sólo una de las múltiples formas de, a través de denuncias de violencia, muchas de ellas falsas o sin comprobar en absoluto, poder financiarse desde redes mafiosas de tráfico de seres humanos hasta asociaciones hembristas creadas ad hoc para vivir de las subvenciones oficiales.

Las denuncias falsas por maltrato, ¿son sólo el 0,01%?

Para el Observatorio de Derechos Humanos y Libertades Públicas, dirigido por el exsecretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, el sostener desde los organismos oficiales y grupos feministas radicales que las denuncias falsas por maltrato son sólo del 0,01% es una media verdad que se convierte en la peor mentira. Ese dato, que proviene del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se refiere sólo al “insignificante número de condenas contra mujeres por denuncias falsas, lo que según los voceros de la verdad oficial y el pensamiento único evidenciaría que las mismas son muy escasas”.

Pero, muy por el contrario, el Observatorio asegura que el CGPJ oculta que para que un hombre pueda actuar por ser víctima de denuncia falsa el juez debe dictar Auto de archivo definitivo por inocencia o sin responsabilidad del acusado, o actuar por propia iniciativa como juez, deduciendo testimonio contra la denunciante, extremos que no ocurren casi nunca. Sólo en el supuesto de archivo definitivo y sin responsabilidad del acusado, es decir, declarado inocente de la acusación contra él por la denuncia de una mujer, el hombre puede intentar iniciar acciones legales por falsa denuncia.

“No dice el CGPJ que en el 99,99% de los casos los jueces decretan el archivo provisional por su propia seguridad, pues sólo hay que imaginar un crimen cometido por alguien declarado inocente”, insiste Sánchez Fornet. El archivo provisional es la medida que garantiza al juez menos problemas en su resolución, y es el que impide poder iniciar actuaciones contra la mujer denunciante por muy evidentes que sean las evidencias de falsa denuncia. “Está mal que los poderes judiciales, el Gobierno y los medios de comunicación no cuenten toda la verdad y manipulen a la opinión pública con verdades a medias, cinismo e hipocresía que son una evidente manipulación de la opinión pública”.

Según el Observatorio de Derechos Humanos y Libertades Públicas, tampoco dice el CGPJ que más del 80% de las denuncias presentadas son archivadas, y que “sólo con presentar la denuncia se adquiere derecho a percibir ayuda económica”. E insiste Sánchez Fornet en que “existen además bufetes de abogados y asociaciones de mujeres concertados con ellos que reciben subvenciones por tratar estos asuntos, además de enfocar la separación de bienes y custodia de los hijos con ventaja para sus clientas, según sus consejos”.

El Observatorio también señala que en ese 80% de denuncias archivadas “hay bastantes más denuncias falsas que ese mantra del 0,01%; ninguna mujer sólo por ser mujer tiene mejor condición que un hombre; entre ellas hay el mismo número de personas sin escrúpulos y de mala condición que entre los hombres. Estamos ante el intento de imponer una ideología feminista radical, hembrista, que desprecia al varón y lo considera un ser inferior, y están actuando el Gobierno, el partido que lo apoya, otros de la presunta izquierda y algunos medios de comunicación presuntamente progresistas, unos porque la comparten, otros porque buscan réditos en lectores/oyentes y otros por pura ignorancia”.

Jueces y partidos frente a las denuncias falsas

En ese punto, se recuerda el partidismo desplegado a favor del exministro socialista de Justicia Juan Fernando López Aguilar, que fue víctima de una denuncia falsa por violencia de género de su pareja. Se pide, por tanto, investigar todas las denuncias como se hizo con la del actual eurodiputado del PSOE, en la que se desplegó a varios policías interrogando a vecinos y familiares buscando pruebas contra él, con el resultado contrario al pretendido por la expareja: resultó ser inocente.

Por su parte, el propio partido de Albert Rivera, Ciudadanos, también fue criticado en su momento por sumar entre sus filas al excandidato de UPyD, Toni Cantó. El actor había suscitado la polémica en las redes sociales cuando afirmó en 2013 que la mayor parte de las denuncias por violencia de género eran “falsas”.

Cantó, que hoy en día es uno de los hombres de confianza de Rivera, persistió en esa misma línea argumental: “¿Sabías que un tercio de las muertes por violencia doméstica en España son hombres?, en 2010 se suicidaron en España 2.456 hombres, un total de 78,09% del total, aproximadamente el 70% de ellos estaba en proceso de separación”, dijo entonces el dirigente de Ciudadanos.

Se recuerdan, igualmente, otros casos sangrantes, como los expuestos ya en 2011por la magistrada María Sanahuja, exdecana de los jueces de Barcelona, cuando afirmó que ya entonces existían españoles con penas de seis meses de cárcel sólo por decir a sus mujeres “vete a la mierda”. La juez emplazaba a los escépticos a que acudieran a los juzgados de lo penal a comprobar ese dato y denunciaba que en España se vulneraba ya en esos momentos la presunción de inocencia de los varones.

Nada de eso ha servido para nada, y hemos llegado a situaciones tan ridículas como que, con fecha 10 de diciembre de 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya tenido que dictar una sentencia declarando que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte (Madrid), aprobado por acuerdo de 20 de octubre de 2015 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, es conforme a derecho por entender que no era exigible para su aprobación que dispusiera de “un informe de impacto de género” (sic).

El Supremo estimaba así el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Boadilla contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que declaró la nulidad de dicho PGOU, por haberse aprobado pese a que no contaba con un informe de “impacto de género” (sic). El Supremo dice que, aunque no había una normativa autonómica que impusiera dicho requisito –informe de “impacto de género”-, en todo caso había que aplicar la cláusula de supletoriedad del derecho estatal.

Las redes clientelares: fondos europeos

Independientemente de la razón que sin duda tienen las auténticas víctimas del machismo, el problema de la criminalización del hombre en general promovida desde el hembrismo más radical proviene de la concepción de la propia Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a la que algunos juristas consideran como una “aberración jurídica” al criminalizar a priori y al repartir condenas judiciales en función de la “arbitrariedad biológica” que supone el ser hombre o mujer.

Para algunos, esa ley fue utilizada en 2011 como subterfugio frente al techo de gasto autonómico que rubricó la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución: la ley 1/2004 habría permitido reactivar las fuentes de financiación provenientes de los fondos europeos que en 2004 habían llegado a su fin en nuestro país. Hay quien sostiene que las políticas de género podrían haberse utilizado para salvar el escollo de la limitación del endeudamiento público a través del reparto de dividendos europeos y que así los quebrados ayuntamientos recibirían fondos en relación al número de denuncias realizadas por violencia contra la mujer.

Pero eso produciría otro efecto perverso: la financiación oculta de redes clientelares, donde recae gran parte de las ayudas. Una financiación que alcanza a algunos grandes medios de comunicación, a través del cobro millonario de publicidad institucional para proteger a aquellas mujeres cuya estadística de asesinatos evidencia el fracaso de la propia Ley 1/2004.

Lo cierto es que algunos grupos han conseguido sacar provecho de la “industria” de los malos: existe una maraña de asociaciones relacionadas entre sí, a través de directivos de esas mismas asociaciones, y con partidos políticos que dominan en España esa “industria” de los malos tratos. Sus dirigentes pasan de una a otra con gran naturalidad y todas se retroalimentan.

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