Piden al Defensor del Pueblo que recurra al Constitucional la ley navarra contra la policía y de exaltación de los violentos

El secretario general de la Unión de Guardias Civiles (UnionGC), Ramón Rodríguez Prendes, ha pedido al Defensor del Pueblo en funciones, el socialista Francisco Fernández Marugán, que haga lo que su partido, el PSOE, y el Gobierno de Pedro Sánchez no han hecho: llevar al Tribunal Constitucional la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de «reconocimiento y reparación» de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

Se trata de una ley ‘populista’ propulsada por los radicales proetarras en contra de la policía española y de exaltación de los violentos, aprobada en Pamplona el 26 de marzo de 2019 y publicada en el Boletín Oficial del Estado número 91 el martes 16 de abril de 2019.

Ante esa ley, que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad consideran ominosa, UniónGC ha pedido la actuación del defensor del pueblo en funciones, Fernández Marugán, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 32 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional en base a las siguientes consideraciones:

  • La ley 16/2019 se ha dictado para burlar la sentencia del Tribunal Constitucional, aprobando una ley sustancialmente idéntica a la declarada inconstitucional, esperando que ésta no sea recurrida ante el Constitucional, por el momento político en el que es aprobada.
  • Esta ley foral conocida como “Ley de abusos policiales”, pretende reconocer como víctimas de torturas a personas que no cuentan con una sentencia judicial firme que acredite tal condición, lo que vulnera el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución en su articulado. Su finalidad se dirige al reconocimiento y reparación de supuestas víctimas de motivación política en ella especificadas en acciones acontecidas desde el año 1950 dentro del territorio de Navarra.
  • La Ley Foral 16/2019 no difiere en gran medida, a juicio de UnionGC, de las causas que motivaron la presentación inicial del recurso de inconstitucionalidad, y que fue declarada inconstitucional por el alto tribunal.

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