Fachada del Tribunal Constitucional. Foto: TC.

El Partido Popular ha puesto en marcha la máquina legislativa para cambiar las competencias del Tribunal Constitucional. El cambio le dotaría de potestad ejecutiva para sancionar los incumplimientos de las normas constitucionales. Todo hace pensar que el objetivo es castigar a los responsables de la Generalitat de Cataluña si se salen del redil constitucional. Pero el cambio, que parece que sólo gusta a los conservadores, podría volverse en su contra: según la Generalitat, tres ministros podrían ser sancionados por incumplir sentencias del alto tribunal.

Los recursos al Constitucional los presentan en este caso el Gobierno español y también el catalán. Ambos ejecutivos llevan mucho tiempo enfrascados en trifulcas constitucionales. Las sentencias, unas veces dan la razón a una parte y otras a la otra. Cuando el vencedor es el Gobierno de España la otra parte acostumbra a bajar las orejas y se pliega ante la decisión. Pero cuándo es al revés, a veces el ejecutivo central se hace el longuis y pasa de cumplir lo que el altísimo tribunal ha dictaminado.

La Generalitat catalana tiene contabilizadas once sentencias en su favor que afectan a los Ministerios que gestionan Isabel Tejerina (Agricultura), Fátima Báñez (Trabajo y Seguridad Social) y Alfonso Alonso (Sanidad).

Un ejemplo de sentencias ganadas por el gobierno catalán y que el gobierno español no cumple es la que tiene que ver con la gestión de la parte de la declaración de la renta correspondiente al 0,7% que se puede dedicar a la Iglesia Católica y/o a entidades sociales. Después del correspondiente recurso de la Generalitat, el Constitucional dictaminó que corresponde a este gobierno autonómico repartir las ayudas correspondientes a las entidades sociales. Pero el Ministerio de Alfonso Alonso no ha hecho ni caso y reparte según su criterio lo que se recauda en Cataluña en la casilla destinada a entidades sociales. Y no ha pasado nada.

En Agricultura y Medio Ambiente el TC emitió sendas sentencias los años 2013 y 2014 en las que aseguraba que el Ministerio estaba invadiendo competencias de la Generalitat al repartir directamente ayudas contra la contaminación y el cambio climático.

Igualmente, Fátima Báñez podría ser sancionada si sigue asumiendo directamente el reparto de las ayudas para el alojamiento para inmigrantes haciendo oídos sordos a la sentencia emitida al respecto por el Constitucional.

Y así hasta 11 sentencias. Ahora bien, si se cambia la ley del Constitucional se castigarían los incumplimientos que se produjesen a partir de la entrada en vigor de la nueva norma. Así que si el ministro Alonso quiere evitar el castigo ya puede pensar en ceder a la Generalitat el reparto de las subvenciones correspondientes al 0,7% de la ayuda social.

Aunque la cosa se podría complicar más si el cambio legal que quiere aplicar el Gobierno del PP a la ley del Constitucional fuese recurrido, por cualquiera con competencias para hacerlo, ante el… Constitucional. Hay quien afirma que el muy alto tribunal podría implosionar ante tamaña responsabilidad.