Con todo lo visto en el capítulo anterior, lo peor del mandato de José Luis Corcuera en Interior fue la persecución a la que sometió a los miembros demócratas de la Guardia Civil, los del SUGC (Sindicato Unificado de la Guardia Civil), para lo que se organizó todo un plan (“Operación Columna”), se compró a periodistas, se infiltró a guardias de la lucha contra el terrorismo en el SUGC y se llevaron a cabo actuaciones tan desproporcionadas como interceptar las seis cabinas telefónicas públicas del pueblo donde estaba destinado José Morata, sargento expulsado por su defensa de la democratización del cuerpo y promotor de la asociación COPROPER-6J, antecedente de la actual AUGC.
José Morata sigue expulsado de la Guardia Civil, con otros compañeros, a pesar de una Proposición No de Ley aprobada en el Congreso por unanimidad en 2010 que facultaba al Gobierno para promover el reingreso de todos a la Guardia Civil. Ni el PP ni el PSOE han hecho nada ¿Por qué votan a favor entonces?
Muchos de los detenidos en la “Operación Columna” fueron encarcelados en prisiones militares, otros en psiquiátricos y algunos en ambos, y a varios de ellos les quedaba una secuela en forma de tic en el cuello que les hacía mover involuntariamente la cabeza con espasmos continuos.
Eran guardias de distintos lugares de España que coincidieron en las prisiones y psiquiátricos militares. Y todo ello cuando ya hacía muchos años que en cuerpos policiales militarizados y en ejércitos del centro y norte de Europa existían sindicatos, que siguen existiendo hoy y no han sido un elemento extraño para los regímenes democráticos donde trabajan sino al revés.
La persecución más implacable contra los guardias civiles demócratas se llevó a cabo entre 1988 y 1991, siendo Corcuera ministro, aunque él siempre dijo que era cosa del ministro de Defensa, Narcís Serra, cuyos méritos quizás le valieron ser nombrado vicepresidente primero del Gobierno de González y después director de Caixa Catalunya, denunciado años después por prácticas corruptas en la gestión de la entidad por la fiscalía anticorrupción.
No hay democracia que merezca tal nombre donde se hayan producido abusos contra servidores públicos, presuntamente amparados en la ley, de esta magnitud. Solo un régimen político indigno de llamarse democracia puede tolerar esas prácticas propias del régimen más feroz contra los derechos humanos.
Dudo mucho que en un país en guerra quienes fueran traidores recibieran esa tortura. Y las víctimas eran, y son, funcionarios públicos, servidores del Estado, agentes que quieren una Guardia Civil más democrática, equiparable con cuerpos similares de otros países y cuyos miembros sean profesionales y no soldados obligados a disparar pelotas de goma a náufragos por su condición militar.
La ley del mar y todas las leyes de la humanidad dicen que al peor asesino que esté en riesgo de ahogamiento lo rescatas y después lo sometes al imperio de la ley. No hace falta ni ley para entender esto. Que a hambrientos inmigrantes que no sabían nadar, helados en el mar y de noche, un mando militar de la Guardia Civil ordene disparar y siga en activo demuestra el nivel de ignominia en que se trabaja en ese cuerpo, y personajes como Corcuera han sido determinantes en que esta situación se mantenga, combatiendo por tierra mar y aire, legal e ilegalmente, a los que pretendían una situación distinta, mejor, democrática, razonable, homologable con cuerpos de policía más o menos militarizados de países democráticos.
Lean mañana la tercera y última parte:
- José Luis Corcuera y los problemas del PSOE: retrato de ministro de un PSOE que no volverá (y III)
Lean también:
