“Las conversaciones de Argel, representan un punto clave en la evolución de ETA militar y de HB hacia la lenta, torpe y contradictoria, asunción de la democracia y la paz. Proceso que todos los demócratas estamos obligados a favorecer e impulsar”.

Mario Onaindia

Domingo Iturbe Abasolo, conocido como Txomin, fue el dirigente de ETA que supo entender que la actividad terrorista tenía un límite y que a ese limite se había llegado ya en 1986. Supo entonces que los ciudadanos vascos disponían de vías democráticas para resolver sus conflictos. Aunque sin preparación política alguna, Txomin empezaba a meditar sobre el final de la violencia y, antes de tener que volver a su pueblo con tanta muerte y sufrimiento a la espalda, quiso acabar con aquella situación.

No nos confundamos; su reflexión no tenía un origen basado en el arrepentimiento o en la incomodidad moral: él había dirigido con mano de hierro una organización terrorista, cuyas herramientas eran el tiro en la nuca, el coche bomba y el secuestro, y tuvo muchas ocasiones para acabar con el crimen y la destrucción. Por consiguiente, la única novedad residía en el momento elegido para dar por terminada aquella estrategia; los años y el cansancio ya pesaban. Al fin y al cabo, la ETA militar de entonces, desde su fundación a finales de los años 50, pasó por distintas asambleas. En la última, la VIII, celebrada en febrero de 1982 en un contexto de fuerte división interna por sus negociaciones con el gobierno de UCD, las tres cuartas partes de sus miembros decidieron seguir con la actividad terrorista. Este grupo, “los octavos”, terminaron su actividad criminal en 1984, como consecuencia de operaciones policiales. En 1992, los huidos y los que seguían en la clandestinidad se unieron a ETA militar.

Txomin fue un sanguinario, pero también fue un vasco que quiso poner punto final a la violencia. Me pregunto si es posible conjugar ambos conceptos. En el tiempo sí. Txomin fue impulsor de muchas muertes de personas inocentes, equivocadamente convencido de que luchaba por su pueblo. Cuando entendió que las razones en las que se justificaba jugaban en su contra supo que había que poner fin a aquella situación.

En el horizonte inmediato, la situación para ETA comenzaba a mostrar señales de cambio significativas, especialmente en lo que respecta a su tradicional refugio en Francia. El país galo, que durante años había servido como un lugar seguro para los miembros de la organización, empezaba a convertirse en un destino cada vez más peligroso para los etarras. La colaboración entre las autoridades francesas y españolas se intensificaba progresivamente, lo que presagiaba el cierre del territorio francés a la presencia de ETA a medio plazo.

El inicio de la colaboración francesa inquietó a la banda

Si bien inicialmente las relaciones entre los gobiernos socialistas de España y Francia no eran las más fluidas, se fueron produjeron avances importantes. En 1984, por primera vez, se llevaron a cabo las tres primeras extradiciones de miembros de ETA desde Francia a España. Este hecho marcó un precedente relevante en la cooperación entre ambos países en la lucha contra el terrorismo.

Francia, tras mantener una dura negociación con las autoridades españolas, accedió también a deportar a terceros países a miembros de ETA detenidos en su territorio que no contaban con petición de extradición ni con procesos judiciales pendientes en España. Esta medida supuso una presión adicional para los terroristas, que veían cómo se reducían sus opciones de refugio seguro en suelo francés.

Por último, la llegada al gobierno francés de Jacques Chirac y la derecha generó una inquietud palpable dentro de las filas de ETA. El cambio político alimentó el temor de que las nuevas autoridades endurecieran aún más la postura frente a la organización terrorista, incrementando la cooperación policial y judicial con España y dificultando todavía más la permanencia de la banda en Francia.

Durante este periodo, en España, tanto la Policía como la Guardia Civil actuaban conforme a la legalidad establecida. No se producían torturas; tampoco se llevaban a cabo entradas forzadas en domicilios o caseríos sin la correspondiente orden judicial. El trato a los detenidos se realizaba de acuerdo con los procedimientos legales en vigor, garantizando sus derechos y asegurando que el proceso se desarrollara bajo el amparo de la ley.

Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad lograron un notable nivel de eficacia en la lucha contra ETA. Las operaciones para desarticular comandos, así como los grupos de información, apoyo y correos de la banda, comenzaron a mostrar resultados consistentes. Un ejemplo destacado de esta labor es la caída regular de comandos de gran relevancia, como el Nafarroa, liderado por la etarra Mercedes Galdós, lo que evidenció un avance significativo en la estrategia policial frente a la organización.

Cambios en el entorno político y social vascos

La coyuntura política que se vivía en el País Vasco durante aquellos años tampoco era propicia para los intereses de ETA. A medida que el entorno social y político experimentaba cambios, la organización terrorista comenzó a percibir ciertas dificultades para mantener su capacidad de captación de nuevos militantes. A diferencia de épocas anteriores, cuando existía una especie de selectividad en el proceso de reclutamiento -un filtro que garantizaba cierto perfil ideológico o de compromiso-, esta práctica fue desapareciendo progresivamente. La presión social y el agotamiento de su base de apoyo llevaron a ETA a aceptar prácticamente a cualquier persona que se presentara dispuesta a integrarse en sus filas, sin importar tanto la preparación o la afinidad ideológica.

Este contexto ofreció a las fuerzas de seguridad del Estado una oportunidad que supieron aprovechar. Durante esos años, tanto la Policía como la Guardia Civil desplegaron una estrategia que consistía en la infiltración de agentes dentro de la propia organización. El proceso era largo y requería paciencia, pero muchos de esos infiltrados lograron, con el paso del tiempo, obtener información clave y contribuir de manera decisiva a desarticular comandos y estructuras internas de ETA. Los resultados obtenidos gracias a esta táctica se tradujeron en múltiples éxitos operativos, debilitando aún más a la banda y limitando su capacidad de acción.

A pesar de la protesta callejera, muy violenta y organizada, inspirada y dirigida desde Herri Batasuna, no llegó nunca a alcanzar el calificativo de “insurrección popular”, atributo con el que soñaba el mundo de ETA. EL PNV, que había sido un referente político para Txomin, se estaba posicionando claramente contra la violencia, y con los primeros pasos que se dieron en el desarrollo de la Ertzaintza, a implicarse directamente en esa lucha. El golpe político que más afectó a los simpatizantes de ETA fue el pacto de legislatura del PNV con los socialistas, firmado en 1985. En dicho pacto, se contemplaba que “los problemas políticos del País Vasco solamente deben ser negociados entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, el Gobierno Vasco y en su caso el del Estado”.

Mientras, en el sur de Francia, la guerra sucia continuaba con su actividad, creando más que miedo, pánico entre los huidos y refugiados. Desde las filas de los batasunos se señalaba al Estado como impulsor y financiador de esas actividades. Pero en este punto sería lícito preguntarse: ¿Qué ética revolucionaria es ésa que impide al enemigo utilizar los mismos métodos que emplea uno mismo?

Estabilidad en el frente penitenciario

La gestión del frente penitenciario bajo la dirección del Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Ledesma, se distinguía por una estabilidad relativa en términos generales. No obstante, esta aparente tranquilidad no era percibida de la misma manera por los familiares y abogados de los presos, quienes experimentaban directamente las dificultades derivadas de la ubicación del centro de internamiento de Herrera de la Mancha, considerablemente alejado del País Vasco. Esta distancia se convertía en un obstáculo relevante para mantener visitas frecuentes y un contacto regular con los internos, acentuando la sensación de aislamiento tanto para los presos como para sus allegados.

En los primeros compases de esta etapa, la administración penitenciaria no pudo poner en marcha una política de dispersión de los condenados por delitos de terrorismo. El objetivo principal de esta medida era evitar que los internos, al estar concentrados en un mismo centro, pudieran fomentar la complicidad, el compañerismo y el intercambio de ideas entre los propios miembros de ETA. Sin embargo, Instituciones Penitenciarias justificó la imposibilidad de aplicar la dispersión debido a la existencia de una amenaza tangible sobre los funcionarios de prisiones, quienes ya estaban siendo víctimas de la violencia. Este contexto de inseguridad motivó la decisión de mantener a los presos agrupados en un único centro en esta fase inicial.

Como respuesta al riesgo persistente que enfrentaban los trabajadores penitenciarios, se consideró imprescindible asignar una compañía de la Guardia Civil a la prisión de Herrera de la Mancha. Esta unidad se encargó de las tareas de protección y seguridad, asegurando la integridad del personal y contribuyendo a la estabilidad general dentro del centro penitenciario.

Txomin, el principal dirigente de ETA, observaba con creciente preocupación el aumento del número de militantes de la organización que iban siendo encarcelados. Esta situación provocaba no solo una merma en la capacidad operativa de la banda, sino también un descontento palpable entre el entorno social y familiar de los presos.

A pesar de los esfuerzos de las Gestoras Pro Amnistía y del equipo de abogados de Herri Batasuna, que actuaban como intermediarios entre las familias y los amigos de los encarcelados, las dificultades logísticas para visitar a los presos eran motivo de desacuerdo y protesta. Las comunicaciones y los encuentros personales se veían obstaculizados por la ubicación y las condiciones de los centros penitenciarios, lo que intensificaba el malestar entre los allegados de los internos.

Paralelamente, se daba la circunstancia de que aquellos militantes de ETA reinsertados en las negociaciones encabezadas por Rosón y Bandrés, especialmente en lo relativo a los denominados “polimilis”, iban obteniendo la libertad de manera paulatina. Esta liberación gradual de presos contrastaba con la situación de quienes permanecían encarcelados, generando diferentes dinámicas y percepciones dentro del colectivo de familiares y amigos de los reclusos.

Ésta era la situación que percibía Domingo Iturbe en los dos últimos años. Una situación que el mismo resumía en una frase: “Vamos a negociar ahora que tenemos algo que negociar”. Así se puso en marcha la noticia de que ETA quería negociar. Los abogados del mundo abertzale más próximos a Txomin, Iñaki Esnaola y Christianne Fando, se encargaron de transmitir esta noticia a los socialistas franceses y al nacionalismo vasco moderado. En el partido Socialista Francés de entonces había un sector mayoritario que defendía que la vía definitiva para acabar con ETA pasaba por la negociación. El propio Gastón Defferre, el primer ministro de Interior con el que tratamos, llegó a comparar a los etarras con la resistencia francesa contra el nazismo.

Mientras tanto, Iñaki Esnaola, abogado cercano al entorno abertzale y amigo personal de Xabier Arzalluz, presidente del EBB del PNV, jugó un papel fundamental en este proceso. Esnaola trasladó directamente a Arzalluz la nueva disposición de Txomin, principal dirigente de ETA, manifestando que ése era el momento idóneo para iniciar negociaciones. Su intervención tuvo como objetivo convencer al líder del PNV de que existían condiciones propicias para buscar una salida pactada al conflicto, aprovechando el contexto de debilitamiento de la organización y el creciente deseo de encontrar soluciones dialogadas. A la presión de Arzalluz se unió el entonces lehendakari José Antonio Ardanza, que inició una serie de acciones declarativas de presión sobre el Gobierno de Felipe González. Todo ello, a pesar de que el gobierno Ardanza estaba apoyado por el PSE.

No nos dejamos influencias por ‘cantos de sirena’

En el contexto de las crecientes tensiones y propuestas de diálogo provenientes del entorno abertzale y algunos sectores políticos franceses y vascos, la actitud adoptada tanto por la Presidencia del Gobierno como por el Ministerio del Interior en Madrid fue clara y firme. Las autoridades centrales, lejos de dejarse influenciar por los intentos de abrir vías de negociación o por las presiones mediáticas y políticas, optaron por no prestar atención a lo que consideraban “cantos de sirena”.

La actividad terrorista seguía siendo constante, lo que exigía mantener una respuesta policial contundente y sostenida. Las investigaciones abiertas en distintos frentes requerían continuidad y determinación, sin que la estrategia de seguridad pudiera verse condicionada por coyunturas políticas o intereses mediáticos. De este modo, el Gobierno central priorizó la vía policial y judicial frente a cualquier posible oferta de diálogo, reafirmando su compromiso con la legalidad y la estabilidad institucional.

En vista de la complejidad del contexto y la necesidad de adoptar decisiones meditadas en materia de lucha antiterrorista, se decidió convocar una mesa de coordinación específica. El propósito principal de esta mesa era analizar detenidamente la oportunidad de “recoger el guante” que se presentaba en aquel momento, evaluando las distintas opciones en torno a posibles vías de actuación frente a ETA. Para ello, se consideró fundamental implicar directamente a las mujeres y hombres que combatían el terror en primera línea, reconociendo así su experiencia y el riesgo personal que asumían cada día.

La metodología de trabajo adoptada se basó en el compromiso ético de no emprender nunca iniciativas de corte político sin previamente consultar a quienes arriesgaban sus vidas en el desempeño de sus funciones. Este principio de actuación se mantuvo inalterable durante todo nuestro periodo en el Ministerio del Interior, asegurando que las políticas y decisiones adoptadas respondieran siempre a la realidad y a las necesidades de quienes estaban directamente implicados en la lucha contra el terrorismo.

La ‘cohabitación’ francesa jugó a favor de España

En Francia, un hecho decisivo modificó de manera significativa la colaboración con España en materia de seguridad y lucha antiterrorista. Las elecciones generales otorgaron la victoria a los conservadores, lo que llevó a François Mitterrand a afrontar un periodo de cohabitación. Esta noticia fue recibida en España con cierta satisfacción, ya que abría nuevas perspectivas para fortalecer la cooperación bilateral y dejaba atrás el enfoque de “paternalismo” que, hasta entonces, había caracterizado la actitud de los socialistas franceses.

Con el nombramiento de Charles Pasqua como nuevo ministro del Interior francés, se celebró en La Haya una reunión del Grupo de Trevi. Este organismo, el primero creado en el seno de la Unión Europea para coordinar cuestiones de seguridad y fronteras, sirvió de escenario para el acercamiento entre ambos países. En esa ocasión, asistimos el ministro Barrionuevo y yo mismo, entonces como subsecretario de Interior español.

Durante la preparación del viaje a Holanda, el ministro español propuso que Barbara Durkhop, viuda del senador socialista vasco Enrique Casas –asesinado por ETA en febrero de 1984–, formara parte de la delegación española como intérprete. La sugerencia fue acogida con entusiasmo y permitió que, en el transcurso de la reunión celebrada en el hotel junto a las delegaciones francesa y española, Barbara desempeñase un papel destacado. Su intervención, especialmente emotiva y contundente, no pasó desapercibida para el ministro Pasqua, cuyas expresiones y comentarios reflejaron el impacto de sus palabras.

El resultado de este encuentro fue el firme compromiso de la parte francesa de reforzar la cooperación con España mediante la puesta en marcha de nuevas medidas. Estos avances se materializaron rápidamente y pudieron constatarse poco tiempo después, a la vuelta a Madrid.

El 25 de abril, un coche bomba de ETA hizo saltar por los aires un vehículo de la Guardia Civil en la madrileña calle de Juan Bravo. El resultado fue la muerte de cinco agentes, una masacre. Telefoneé a Robert Pandraud, segundo responsable de Interior francés. Barrionuevo, en paralelo, habló con Pasqua, su homólogo francés. Entre los detalles de los daños causados por la explosión, contamos la destrucción del paritorio de una maternidad cercana al lugar del atentado, con la fortuna de que no había en ese momento ninguna mujer dando a luz. La respuesta de Francia iba a ser inmediata y de gran repercusión: la detención de Txomin.

[Continuará…]