Un país miembro de la OTAN y de la Unión Europea, España, ha sido invadido. Sus fronteras, asaltadas por decenas de miles de ciudadanos magrebíes ante la pasividad, sino complicidad, de las fuerzas de seguridad marroquíes. Esta acción constituye un acto de agresión a traición contra la integridad territorial de un país soberano. A pesar de los informes de los que disponga Mohamed VI sobre Pedro Sánchez conseguidos con el espionaje de Pegasus, España debe exigir la reacción inmediata de la UE: suspender toda ayuda multilateral y bilateral a Marruecos, cancelar los acuerdos preferenciales con la monarquía absolutista y corrupta alauí, embargar las cuentas marroquíes en Europa y fortalecer la defensa de España con componentes y fuerzas de los países miembro.
El ataque perpetrado el jueves 30 de julio por más de 50.000 magrebíes contra la ciudad española de Ceuta, ante la permisividad de la policía marroquí, debe ser respondido de forma contundente. A pocos les cabe duda de que el rey absolutista de Marruecos, Mohamed VI, seguramente alentado desde la administración de Donald Trump, su ‘socio’ preferencial en estos momentos, ha vuelto a probar la debilidad de este tambaleante gobierno español, como ya hizo en 2002 con el islote de Perejil.
En aquel momento, la respuesta contundente de un gobierno fuerte y no en sus estertores finales, sostenido por la Unión Europea y hasta por Estados Unidos bajo mandato de George Bush, frenó la crisis y restableció por las bravas el status quo del islote que se quería anexionar Marruecos. Ahora, el absolutista rey marroquí ha comprobado algo que ya sabía: la debilidad extrema de Pedro Sánchez, a quien, al parecer, tiene preso de los datos obtenidos de forma ilegal de su teléfono móvil a través del espionaje de Pegasus. Debido a los datos de Pegasus o a la que sea, Sánchez se ha convertido en el nuevo Conde Don Julián español.
Esta invasión, la segunda de los almohades al decir de algunos, es tan grave que recuerda a la del Sahara en 1975, en los estertores finales del régimen de Franco, y se produce después de que el régimen sanchista regularizara a más un millón y medio de ilegales en España, muchos de ellos marroquíes. Esa legalización generalizada y la invasión magrebí de Ceuta han llevado a países como Italia a suspender el Tratado Schengen con España. Es una primera medida que podría ser adoptada por otros países de la Unión, que observan con auténtico horror cómo el sanchismo ha convertido a España en un coladero de ilegales.
Y Trump -cuya Administración podría estar apoyando por detrás este asalto masivo a la ciudad española de Ceuta- ha aprovechado la ocasión para meter aún más el rejón: ha aplaudido la fortaleza de Marruecos, ha criticado la debilidad extrema del moribundo régimen sanchista, ya sin socios parlamentarios y acosado por la corrupción, y ha hecho campaña propia para decir que a Estados Unidos le puede pasar lo mismo que a España si ganan los demócratas en las próximas elecciones.
Pagando al moro que nos invade
Esos son los hechos, y la actitud invasora de Marruecos no se ha frenado ni con las inmensas ayudas que esa monarquía corrupta recibe bilateralmente de España y multilateralmente de la Unión Europea. La realidad es que España y Europa están financiando la corrupción marroquí y su política expansionista.
Según datos oficiales, la Unión Europea destina más de 8.100 millones de euros a Marruecos entre 2021 y 2027 a través de fondos, préstamos e inversiones, apoyándose en el marco del acuerdo preferencial de asociación comercial. La financiación y ayudas de la UE al régimen marroquí se reparten en las siguientes partidas:
– Importe total: más de 8.100 millones de euros movilizados hasta 2027 en subvenciones y créditos del Banco Europeo de Inversiones.
– Control de fronteras y migración: alrededor de 500 millones de euros específicos para frenar la inmigración irregular y gestionar fronteras, a pesar de lo cual, Marruecos propicia los asaltos masivos a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, como se ha comprobado este 30 de julio en Ceuta, y de pateras a Canarias.
– Programas sectoriales: paquetes como los 624 millones de euros orientados a la transición verde, la reforma administrativa y la protección social.
Tras la invasión de Ceuta, esas ayudas deben congelarse como respuesta inmediata al régimen corrupto y agresor marroquí. Asimismo, para garantizar el cobro de los créditos dados, la UE debe embargar las cuentas de Marruecos en países europeos.
Por lo que respecta a los Acuerdos Preferenciales UE-Marruecos, Europa debe denunciar y suspender los siguientes:
– Libre comercio: este Acuerdo Euromediterráneo elimina o reduce aranceles para productos industriales y agrícolas, siendo clave para las exportaciones marroquíes hacia Europa en unas condiciones tan favorables que agreden al mercado agrícola español, cuyas fronteras, a pesar de todo, invaden.
– Pesca y agricultura: existen preferencias comerciales mutuas muy vigiladas por el impacto en mercados comunitarios como el español.
La ayuda española: tontos y apaleados
Por su parte, de forma bilateral, España ha movilizado cerca de 1.000 millones de euros en ayudas, subvenciones, créditos y proyectos de desarrollo dirigidos a Marruecos. Esta cifra abarca diferentes ámbitos de actuación que combinan la cooperación internacional tradicional con la financiación de infraestructuras y el control de flujos migratorios, que, por lo que se ha visto en Ceuta, no sirve para nada.
– Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) e Inyecciones Directas: se acumulan más de 200 millones de euros en transferencias directas bajo el marco de la Cooperación Española.
– Control migratorio y de fronteras: el Ministerio del Interior ha transferido subvenciones directas por valor de 60 millones de euros al Ministerio del Interior marroquí para financiar el despliegue policial, compra de vehículos y gestión fronteriza. Como se ve, no es solo dinero perdido, sino que el régimen sanchista es tonto y apaleados, parafraseando al refrán popular.
– Financiación de grandes proyectos: a través de herramientas como el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), España aporta líneas de crédito de gran envergadura. Un ejemplo destacado es el crédito de 250 millones de euros destinado al diseño y construcción de la desaladora de Casablanca.
Pero no es sólo eso, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se han aprobado de forma constante partidas sectoriales más pequeñas, pero de concesión directa, como las siguientes:
– Salud y asistencia social: una partida de 500.000 euros otorgada a la Asociación Marroquí de Planificación Familiar para mejorar la salud reproductiva y la atención de personas migrantes en el territorio marroquí.
– Patrimonio y economía local: subvenciones de 780.000 euros orientadas a la renovación de comercios tradicionales (como los negocios de cuero) y la rehabilitación de paisajes urbanos en la medina de Tetuán.
Finalmente, también los gobiernos regionales, como la Comunidad de Madrid, aportan fondos específicos, como, por ejemplo, paquetes de 4,6 millones de euros a repartir entre varios países prioritarios, incluido Marruecos, para proyectos de desarrollo locales de ONGs.
Los sectores agrícolas españoles, impactados
Pero ya no es solo que el régimen corrupto marroquí cobre todo lo anterior de España y de la UE e invada el territorio comunitario, sino que, también, los sectores agrícolas españoles han sido directamente perjudicados por las ayudas europeas e inversiones bilaterales que han destinado cientos de millones de euros a modernizar su regadío, financiar desaladoras y mecanizar explotaciones dentro del marco de la estrategia marroquí Génération Green. Esto repercute directamente en cultivos españoles que coinciden en ventanas comerciales y mercados de destino (como Alemania, Francia o el Reino Unido). Por ejemplo:
– Tomate y Hortalizas (Almería y Murcia): Marruecos ha incrementado drásticamente sus exportaciones de tomate a la UE favorecido por las cuotas y preferencias del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos. Los productores almerienses denuncian una brecha inasumible en costes de producción (salarios de 5-10 €/día frente a los costes del convenio agrícola español) y el uso de fitosanitarios prohibidos en la UE.
– Cítricos (Comunidad Valenciana y Andalucía): la entrada masiva e invasiva de naranja y mandarina marroquí en los mercados centroeuropeos coincide con el pico de producción levantino, presionando los precios en origen a la baja.
– Frutos rojos (Huelva): Aunque las empresas españolas han instalado delegaciones en regiones marroquíes como Larache o Agadir para reducir costes, el productor que cultiva exclusivamente en suelo español sufre la competencia directa en arándano, frambuesa y fresa.
– Aceite de oliva y frutos secos: las inversiones en grandes plantas de desalinización y regadío por goteo en el sur de Marruecos están convirtiendo al país en un actor competitivo emergente frente al olivar tradicional y de regadío en Andalucía.
En términos generales, las organizaciones agrarias españolas (COAG, ASAJA y UPA) argumentan que la Unión Europea y España flexibilizan los controles aduaneros y fitosanitarios a los productos marroquíes como contrapartida política para asegurar que Marruecos mantenga el control en las vallas de Ceuta y Melilla y en la contención de embarcaciones, que, como se ve, es una tomadura de pelo: el moro aprieta hasta ahogar.
En todo caso, esta dinámica sitúa al agricultor español en una posición de vulnerabilidad frente al cumplimiento estricto de las normativas europeas (PAC, directivas ambientales y costes laborales), mientras el país africano recibe apoyo financiero para su modernización agroalimentaria sin estar sujeto a las mismas exigencias.
Muchas voces se levantan hoy en España: nuestro país y la UE deben responder a la agresión marroquí y suspender o eliminar todos los paquetes de ayuda al régimen de Rabat.
