Los escritos de acusación contra dirigentes del PP por supuesta corrupción se acumulan ya en los juzgados, y hasta el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberá comparecer el próximo día 26 como ‘testigo’ por la supuesta financiación irregular del PP. Pero antes, la Delegación de Valencia de la Fiscalía Anticorrupción ha elaborado un durísimo escrito de conclusiones provisionales en el ‘caso Cooperación’ -uno de los múltiples casos abierto en Valencia- donde se acusa a 20 exdirigentes del PP de delitos como prevaricación, malversación, falsedad y hasta de asociación ilícita. Comienza la avalancha de juicios contra el PP.

El escrito de la Delegación de Valencia de la Fiscalía Anticorrupción se ha presentado en las Diligencias Previas 1743/11 del Juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia, conocido como ‘caso Cooperación’, por supuestos delitos continuados de dirigentes del PP valenciano de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, falsedad en documento mercantil y oficial cometido por particular, asociación ilícita, blanqueo de capitales y fraude de subvenciones.

Además de 167 años 11 meses y 1 día de prisión para los 20 exdirigentes del PP acusados, la Fiscalía pide como responsabilidad civil la cantidad de 4,6 millones de euros en favor de la Generalitat Valenciana.

Estas son las penas que la Fiscalía pide para los exaltos cargos del PP y de la Generalitat acusados de corrupción, además de la condena en costas para todos ellos:

– Rafael Blasco Castany: 12 años de prisión e inhabilitación por 30 años por malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad, y 4 años de prisión, multa de 24 meses a razón de 200€ diarios e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo público por 12 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita.

– Marcos Antonio Llinares Picó: 12 años de prisión e inhabilitación por 30 años por el delito de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad, y 4 años de prisión, multa de 24 meses a razón de 200€ diarios e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo público por 12 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita.

– Agustina Sanjuán Ballesteros: 4 años de prisión e inhabilitación por 7 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de malversación y prevaricación, y 7 años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

– Jose María Felip Sardá: 7 años y 6 meses de prisión e inhabilitación por 17 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.

– Dolores Escandell Domenech: 4 años de prisión e inhabilitación por 7 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.

– Augusto César Tauroni Masiá: 11 años y 6 meses de prisión e inhabilitación por 28 años por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad; otros 4 años de prisión, multa de 24 meses a razón de 190€ diarios e inhabilitación para el ejercicio del derecho de empleo o cargo público por 12 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita, y otros 6 años de prisión y multa de 3.000.000€ con 11 meses de prisión como responsabilidad subsidiaria para el caso de impago.

Además, el fiscal pide para Tauroini el comiso de los dos apartamentos adquiridos en Miami en el 485 de Brickell Ave STE 1908 y en el 200 Byscaine Blvd Unit 4910, y del yate ECLIPSE marca Prinz, modelo 54 coupe. Igualmente, decomiso del dinero de las cuentas de EE.UU. de las sociedades New Castle Consulting Corporation, Indra Holding And Investment Corporation, Worldwide Trinning Corporation, International Human Resources, Quinto Centenario, Desarrollos Del Ecuador y Worldwide Human Resources por el delito de blanqueo de capitales.

– Arturo Ignacio Tauroni Masiá: 7 años y 6 meses de prisión e inhabilitación por 18 años, e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio por el tiempo de la condena por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad, además de otros 2 años y 6 meses de prisión, multa de 24 meses a razón de 90€ diarios e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo público por 12 años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita.

– María Isabel Castillo López: 7 años y 3 meses de prisión e inhabilitación por 18 años, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad, además de otros 2 años y 3 meses de prisión, multa de 24 meses a razón de 90€ diarios e inhabilitación especial por 12 años e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita.

– Alfonso Navarro Torres: 7 años y 3 meses de prisión e inhabilitación por 18 años, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad, además de 2 años y 3 meses de prisión, multa de 24 meses a razón de 90€ diarios e inhabilitación especial por 12 años e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita.

– Adolfo Soler Sempere: 7 años y 2 meses de prisión e inhabilitación por 18 años, e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad, además de otros 2 años de prisión, multa de 24 meses a razón de 90€ diarios e inhabilitación para el ejercicio del derecho de empleo o cargo público por 12 años e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita.

– José Bollaín Pastor: 7 años y 3 meses de prisión e inhabilitación por 18 años, e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad, además de 2 años y 3 meses de prisión, multa de 24 meses a razón de 90€ diarios e inhabilitación para el ejercicio del derecho de empleo o cargo público por 12 años e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita.

– Luís Freire Oleas: 7 años y 3 meses de prisión e inhabilitación por 18 años, e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad, además de otros 2 años y 3 meses de prisión, multa de 24 meses a razón de 90€ diarios e inhabilitación para el ejercicio del derecho de empleo o cargo público por 12 años e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita.

– Alina Indiekina Lysenko: 6 años de prisión y multa de 1.500.000€ con 9 meses de prisión como responsabilidad subsidiaria para el caso de impago. La Fiscalía pide también el comiso de los dos apartamentos adquiridos en Miami en el 485 de Brickell Ave STE 1908 y en el 200 Byscaine Blvd Unit 4910 y del yate ECLIPSE marca Prinz. Decomiso del dinero de las cuentas de EE.UU. de las sociedades New Castle Consulting Corporation, Indra Holding And Investment Corporation, Worldwide Trinning Corporation, International Human Resources, Quinto Centenario, Desarrollos Del Ecuador Y Worldwide Human Resources por el delito de blanqueo de capitales.

– Luís Fernando Castel Aznar: 7 años y 3 meses de prisión e inhabilitación por 18 años, e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad, además de 2 años y 3 meses de prisión, multa de 24 meses a razón de 90€ diarios e inhabilitación para el ejercicio del derecho de empleo o cargo público por 12 años e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita.

– Rafael Pedro Barrera Cuquerella: 3 años de prisión y multa de 800.000€, con 9 meses de responsabilidad subsidiaria en caso de impago, pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por tiempo de 6 años e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio por el tiempo de la condena por cada uno de los tres delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

– Carlos Andrés Chust: 1 año y 11 meses y 1 día de prisión e inhabilitación por 3 años, e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.

– José Luís Mezquita Alcañiz: 7 años y 2 meses de prisión e inhabilitación por 18 años, e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.

– Rosa Castelo Otero: 7 años y 1 mes de prisión e inhabilitación por 18 años, e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.

– Alberto Pampín Bueno: 7 años y 1 mes de prisión e inhabilitación por 18 años, e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.

– Jesús Urquiza Delgado: – 7 años y 2 meses de prisión e inhabilitación por 18 años, e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad, además de 2 años y 2 meses de prisión, multa de 24 meses a razón de 90€ diarios e inhabilitación para el ejercicio del derecho de cargo público por 12 años e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio por el tiempo de la condena por el delito de asociación ilícita.

Esto es sólo en Valencia. La historia de juicios contra el PP no ha hecho más que comenzar: la Gürtel en Madrid amenaza con ser aún peor.