Illa, que maravilla, es president de la Generalitat. Tras un debate del que nadie se acuerda, eso sí precedido de una notable performance, presidida por la actuación de un payaso; tras ella se proyectó una película tirando a malilla de polis y ladrones, llamada «Operación Jaula» y, finalmente, se produjo un desfile de modelos de cohecho, presidido por Mossos, amnistiados e hiperventilados. También, al parecer, había mimos, tipo Marlaska, pero esos estaban en Madrid, callados como corresponde a su profesión…
Quién se lo iba a decir a Illa, tras tantos traspiés y la siempre duda de si Sánchez estaba por la labor de dejarlo tirado. Tampoco está claro cuánto durará, ni se sabe si Puigdemont enredará con la policía, Marlaska, los Mossos o Sánchez.
El caso es que la maravilla nos trae no pocos costes. El primero es la penúltima humillación a la que, con la colaboración policial sin duda, ha sido sometida la ciudadanía y la justicia española. Existen otros costes políticos de los que hablaré al final, pero conviene recordar que los costes del acuerdo con ERC son fundamentalmente económicos.
Todo empezó con grandes mentiras. La primera es que Cataluña esta infrafinanciada. Cosa falsa de toda falsedad. Desde la reforma por Zapatero, firmada para favorecer a Catalunya, fracasada por la crisis, y que no pudo cumplir con el Estatuto, las Comunidades infrafinanciadas son: La Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Cataluña, en términos de gasto por habitante ajustado, se encuentra en la media y es similar a Madrid.
Es igualmente falso que la financiación singular y el ordinalismo formen parte de la federalización de España. Se tratará, en todo caso, de confederalización, al modo vasco o navarro. Y es dudoso que sea constitucional.
La última mentira del oficialismo independentista, el mantra de todos los mantras independentistas, es la del déficit fiscal de la Comunidad. No sólo se utiliza un estrambótico método (el llamado flujo monetario), sino que se falsean resultados. El déficit catalán supone que puesto que los F16 están en Zaragoza es en Aragón donde se debe contabilizar el beneficio y, por ejemplo, si los viajeros de AVE llegan a Barcelona, lo que pase en Guadalajara no importa a Catalunya.
Sobre estas falsedades financieras, los acuerdos firmados entre PSOE y ERC no persiguen otra cosa que reducir la aportación a la solidaridad – por la vía del cambio de sistema- y la aportación a políticas sociales -por la vía de la apropiación de la imposición que se recauda en Catalunya-.
Según los independentistas, el déficit fiscal de la comunidad supera los 22 mil millones anuales que son los que reclaman. Según las balanzas fiscales de Hacienda el saldo fiscal sería un 65% menos.
La reducción progresiva acordada, de la que no se ha dado detalle, supondría, inicialmente, una subvención de casi diez mil millones anuales, un 200% más del cupo vasco o Navarro. Cantidad que, por cierto, podría reclamar igual la Comunidad de Madrid, aunque es esperable que en la lógica de pisar a Ayuso se le condene a subir impuestos y pagar más solidaridad.
El dinero que se quiera destinar a la financiación catalana, si el resto de las Comunidades no pierden, habrá de salir de la deuda pública, del déficit -en improbable escenario de reglas europeas- o, en su caso, de la reducción del servicio público. Por supuesto, los acuerdos se articulan para que sea en la próxima legislatura cuando empiece a gobernarse, un favor al que siga.
La aportación a la solidaridad de Catalunya en la liquidación última (2022) es de 2.088 millones (7,4% de sus ingresos tributarios), mientras Baleares aporta 345 (7,09%) millones y Madrid 7.395 (25,16%). Tanto por la vía de la compensación de déficit como por la vía de nuevas competencias propias (rodalías) el cupo catalán será de cero zapatero.
El ordinalismo es otro truco para reducir la solidaridad. El hecho de que una Comunidad no pueda descender en orden de financiación por habitante, según su recaudación tributaria, supone que Catalunya no pagará solidaridad. Como todo el mundo sabe España les roba.
En esas condiciones entenderán ustedes que un evidente coste político es que los socialistas perderán espacio político, como Page, Barbón y compañía han recordado.
El otro coste tiene que ver con la reapertura de una nueva negociación entre PSOE y Junts que pondrá en riesgo, una vez más la legislatura. Vale, puede que Puigdemont le deba una a Sánchez por no detenerle, pero Turull y compañía están por la labor de estropearle la felicidad al gobierno del progresismo universal.
Otro empandullo curioso, en cuanto se empiece a negociar, es el desacuerdo de los otros socios de Gobierno que no pueden firmar, especialmente los valencianos, una hipótesis de esa naturaleza.
Todo es una maravilla, la presidencia de Illa lo anuncia. El coste de la maravilla es el que es, y aún puede que los criterios aquí expuestos sean pocos, sin olvidar el lío constitucional en el que nos meten. Estupendo.
