La expansión del narcotráfico en el sur de España ha dejado de ser un fenómeno marginal. Cuando el crimen organizado se exhibe, corrompe el entorno y empieza a cobrarse la vida de quienes lo combaten, la cuestión ya no afecta solo a la seguridad de una frontera: compromete la autoridad del Estado y la salud moral de la sociedad.

Hay momentos en la vida de un país en los que el peligro deja de ocultarse y empieza a parecer normal. Ocurre hoy en los puertos del sur de España, donde las narcolanchas ya no son solo una amenaza, sino una exhibición de impunidad. Su sola presencia humilla al Estado y deja más solos a quienes, desde la Policía y la Guardia Civil, arriesgan la vida para contenerlas.

Escribo estas líneas desde la preocupación, pero también desde la memoria. He visto lo que sucede cuando una democracia se acostumbra a convivir con la amenaza y sé que la dejadez moral suele ser el primer síntoma de derrotas más profundas.

Nunca es solo droga. Cuando un territorio se acostumbra a la impunidad, lo que crece no es solo un mercado ilícito, sino una forma de poder que mide la resistencia de las instituciones y convierte la ley en una presencia cada vez más frágil.

Lo más inquietante no es únicamente la audacia del delincuente, sino el instante en que su audacia deja de escandalizar. Una democracia empieza a debilitarse cuando la ciudadanía contempla escenas de desafío abierto y acaba aceptándolas como parte del paisaje. En ese momento, la ley no ha sido todavía derrotada del todo, pero ya ha empezado a retroceder en la imaginación pública, que es siempre el primer territorio que pierde un Estado cuando deja de imponer respeto.

El sur como retaguardia del narcotráfico

Si las narcolanchas tienen como destino las costas del sur de España, su origen está en los puertos y las playas del norte de África, especialmente de Marruecos. Al otro lado del Estrecho se despliega la retaguardia y la plataforma logística de un narcotráfico que ya no puede confundirse con la vieja delincuencia menor. Cuando en los márgenes de un Estado prosperan redes de transporte, protección y abastecimiento del crimen, lo que arraiga es una estructura mafiosa.

No se trata solo de embarcaciones rápidas que cruzan de una orilla a otra. Detrás de ellas hay almacenamiento, combustible, vigilancia, comunicaciones, protección en tierra y una cadena de intereses que no se improvisa. Cuando ese mecanismo funciona con regularidad, ya no estamos ante episodios aislados, sino ante una infraestructura criminal que conoce bien las debilidades del entorno y aprende a explotarlas con una paciencia metódica.

No sería la primera vez que una frontera sirve de retaguardia para una amenaza contra España. En la frontera norte, ETA aprovechó durante años la pasividad francesa para convertir ese territorio en refugio y base de apoyo. Y dentro del País Vasco, el terror se vio a menudo rodeado no solo de miedo, sino también de silencios, ambigüedades y climas de tolerancia que agravaron todavía más la soledad de las víctimas.

Todas las amenazas prolongadas tienen una primera fase de incredulidad. Se piensa que serán pasajeras, que bastará con ignorarlas o minimizarlas, que la convivencia sabrá absorberlas sin pagar un precio excesivo. Pero la historia enseña lo contrario: lo que no se combate a tiempo se enquista, y lo que se enquista termina por condicionar la vida pública, degradar el lenguaje de las instituciones y acostumbrar a demasiada gente a una forma de anormalidad que acaba pareciendo inevitable.

A ello se añade una conexión inquietante: la cercanía entre las redes del narcotráfico y las dedicadas al tráfico de inmigración ilegal. No siempre son las mismas organizaciones, pero comparten rutas, apoyos y mecanismos de corrupción. Cuando distintas economías criminales cooperan, el desafío deja de ser aislado y se convierte en un entramado más flexible, más rentable y difícil de desarticular.

Esa capilaridad del crimen organizado constituye una de sus mayores fortalezas. No necesita dominarlo todo; le basta con penetrar lo suficiente en algunos puntos sensibles para que el conjunto se resienta. Un funcionario comprado, un vecino intimidado, un empresario dispuesto a blanquear, una comunidad resignada: así se forma el tejido blando sobre el que las mafias consolidan su influencia sin necesidad de mostrarse siempre con violencia.

Por eso las autoridades marroquíes deberían entender que combatir estas redes no es una exigencia ajena, sino una necesidad propia. Las mafias no se conforman con transportar droga: compran silencios, doblan voluntades e intentan infiltrarse en la economía legal hasta rozar la política.

El silencio social

Hay también un peligro moral: la costumbre. Como ocurrió en otros tiempos con otras amenazas, una sociedad puede acabar callando por miedo, cansancio o resignación. En el sur, ese silencio podría adquirir una forma mafiosa: no nacida de una ideología, sino del temor, del dinero fácil y de la convivencia cotidiana con el poder criminal.

El miedo rara vez se presenta de manera solemne. Llega poco a poco, en forma de prudencia excesiva, de conversaciones que se interrumpen, de nombres que se dejan de pronunciar, de hábitos que se modifican sin reconocerlo. Así empieza a alterarse la convivencia. La gente aprende a no ver, a no saber, a no recordar. Y cuando una comunidad se educa en esa forma de ceguera, la libertad cotidiana empieza a encogerse, aunque las instituciones sigan en pie.

En una tierra herida por el desempleo y la falta de horizontes, la droga puede presentarse como una falsa salida. Y ahí se consuma una de las victorias más oscuras del narcotráfico: cuando deja de percibirse como amenaza y empieza a tolerarse como destino.

Por eso el combate contra el narcotráfico no puede reducirse a la mera persecución policial, por indispensable que esta sea. También exige una presencia del Estado que ofrezca alternativas, prestigie la ley y haga visible que la prosperidad no puede nacer de la humillación colectiva. Cuando el dinero ilícito empieza a circular con apariencia de éxito, corrompe no solo balances y negocios, sino también la escala de aspiraciones de una generación entera.

La memoria del Estado

A esa amenaza exterior y social se suma otra, más sutil: la debilidad con que a veces se afrontan los retos de seguridad. Conviene recordar que en los años más delicados de nuestra democracia fueron muchos hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes sostuvieron, con sacrificio silencioso, la legalidad y la convivencia.

Conviene decirlo con claridad, porque a veces la democracia incurre en la ingratitud de olvidar a quienes la defendieron cuando hacerlo implicaba quedarse solos. Durante años, muchos servidores públicos trabajaron sin aplauso, entre incomprensiones y riesgos ciertos, sosteniendo una frontera moral además de una frontera física. Si hoy podemos reconocer la gravedad de algunas amenazas es, en parte, porque otros antes pagaron el precio de no apartar la vista.

Sé bien que la degradación comienza siempre con pequeños gestos de tolerancia hacia lo intolerable. Primero se minimiza la amenaza, luego se desacredita a quienes alertan y, al final, reaccionar sigue siendo posible, sí, pero mucho más costoso.

No hablo desde la exageración, sino desde la memoria. Vi caer a muchos de ellos y sé lo que cuesta al Estado defenderse cuando llega tarde. Sería imperdonable olvidar ahora lo que significó entonces su entrega.

España ya conoció otra mutación criminal de consecuencias profundas. En Galicia, el contrabando de tabaco, casi consentido en los últimos años de la dictadura y en los primeros de la transición, acabó sirviendo de base para la entrada de cocaína a través de las mismas redes. Combatimos aquel fenómeno desde 1983 en coordinación con la Dirección General de Aduanas, y la experiencia dejó una lección clara: toda economía ilícita arraigada puede convertirse, si no se frena a tiempo, en la antesala de un mal mucho más devastador.

La experiencia gallega debería estudiarse menos como una excepción local que como una advertencia nacional. Las redes ilegales rara vez desaparecen por sí solas; mutan, se adaptan, cambian de mercancía y de socios cuando perciben una oportunidad mayor. Lo que un día se tolera como economía de supervivencia puede convertirse al día siguiente en un sistema criminal de escala internacional. Y cuando esa transformación se consuma, el coste humano, institucional y moral de revertirla es siempre mucho más alto.

Me inquieta, sobre todo, la facilidad con la que una sociedad empieza a negociar consigo misma para justificar lo injustificable. Así nacen los climas morales en los que las mafias dejan de ser un cuerpo extraño y pasan a convertirse en un poder temido y aceptado.

Cuando se empieza a contar a los muertos

Hay un signo particularmente sombrío que debería sacudir cualquier indiferencia: empezamos a enterrar a quienes combaten el narcotráfico. Cuando una sociedad empieza a contar a sus muertos, ya no puede refugiarse en eufemismos.

En ese punto, cualquier discusión terminológica sobra. Ya no sirve hablar de incidentes, de sucesos aislados o de tensiones propias de un territorio complejo. Cuando quienes representan la ley mueren o son atacados por ejercer su deber, lo que se está poniendo a prueba es la capacidad misma del Estado para garantizar que la violencia no marque las reglas. Ése es el umbral que una democracia no debería consentir traspasar nunca.

Lo que está en juego no es solo la seguridad de unas costas, sino la entereza del Estado y la salud moral de la sociedad. Ya aprendimos en la frontera norte lo que cuesta dejar crecer una amenaza hasta que se vuelve costumbre; no deberíamos aprenderlo de nuevo en el sur. Si no se actúa con firmeza, cooperación real y conciencia del peligro, España corre el riesgo de acostumbrarse otra vez al miedo, al soborno y al silencio. Y un país que se acostumbra a eso empieza, sin saberlo, a perderse.

Todavía estamos a tiempo, pero no indefinidamente. La autoridad del Estado no se preserva solo con declaraciones, sino con perseverancia, coordinación institucional y una voluntad inequívoca de no ceder terreno a la intimidación. Hace falta cooperación internacional, eficacia policial, respaldo político y, sobre todo, una conciencia civil que comprenda que la indulgencia frente al crimen nunca sale gratis. Cada concesión al miedo, cada silencio comprado, cada excusa ofrecida en nombre de la costumbre va preparando una derrota que luego siempre se lamenta demasiado tarde.