La democracia española atraviesa un periodo de degradación institucional sin precedentes, donde la separación de poderes y el principio de justicia retributiva se han supeditado a la aritmética parlamentaria. La cesión de la competencia de prisiones al Gobierno Vasco en 2021 no fue, como se pretendió vender, un mero trámite administrativo de desarrollo estatutario, sino el diseño de una “pasarela de impunidad” para los presos de la banda terrorista ETA.

En ese sentido, por el apoyo del PNV y Bildu, es cómo se concibe la ‘ingeniería penitenciaria’ de la Consejería de Interior vasca. Bajo la dirección de la supuestamente socialista María Jesús San José López, la gestión de los centros penitenciarios de Martutene, Zaballa y Basauri se ha transformado en una ‘oficina de beneficios discrecionales’. La aplicación sistemática del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario —el denominado “tercer grado encubierto”— permite a terroristas con condenas de sangre eludir el régimen ordinario de cumplimiento.

Casos recientes como los de Jon Bienzobas Arretxe (alias Karaka), condenado por el asesinato de Francisco Tomás y Valiente en 1996, o la progresión de figuras como Mikel Albisu (Antza) y Soledad Iparraguirre (Anboto), evidencian un patrón: el vaciamiento de las penas para los asesinos de ETA.

Desde un punto de vista jurídico, estas decisiones contravienen el espíritu de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que exige para la progresión de grado: un arrepentimiento expreso y verificable (no meros formularios tipo); la colaboración activa con la justicia para el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos de ETA aún sin resolver, o el pago de las responsabilidades civiles, extremo sistemáticamente ignorado mediante declaraciones de insolvencia fraudulentas.

La reciente excarcelación de Garikoitz Aspiazu Rubina (Txeroki), exjefe militar de la banda, en febrero de 2026, tras su salida de Martutene, supone el culmen de este proceso de desmantelamiento de la memoria y la dignidad de las víctimas.

Pero no es solo ETA la única moneda de cambio. El mantenimiento del actual Ejecutivo no solo se sustenta en la claudicación ante EH Bildu, el brazo político de los asesinos etarras, y el nacionalismo del PNV, sino que se ve envuelto en una red de escándalos judiciales que afectan al corazón mismo del Palacio de la Moncloa.

El primero, el caso de la esposa del presidente del Gobierno. La reciente imputación de Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida representa un hito sombrío. La utilización de la estructura del Estado para favorecer intereses privados y la captación de fondos para cátedras universitarias sin titulación académica previa, bajo la sospecha de cartas de recomendación a empresas adjudicatarias de contratos públicos, quiebra la ética exigible a la familia presidencial.

En segundo lugar, la trama de las mascarillas (Caso Koldo/Delorme, o cobro de comisiones ilegales en la compra de material sanitario a través de la empresa Soluciones de Gestión) y el caso hidrocarburos (presunta red de fraude en el IVA de combustibles que habría desviado decenas de millones de euros, conectando directamente con el entorno de Aldama y las gestiones ministeriales), revela una estructura criminal enquistada en el Ministerio de Transportes del sanchismo durante lo más crudo de la pandemia. Así se ha visto ya en el juicio que se acaba de iniciar contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

La corrupción no es solo el robo de dinero público; es la perversión de las instituciones para garantizar la impunidad de los aliados y el enriquecimiento de los allegados.

Obvio citar el resto de casos de supuesta corrupción que persiguen judicialmente al sanchismo (hermanísimo, fontanera-conseguidora, Correos, Forestalia, fiscal general, número tres de Montero y un larguísimo etcétera), pero la conclusión es clara: tenemos un gobierno que actúa contra los ciudadanos españoles y contra la propia Nación. El Gobierno Frankenstein ha dejado de ser una metáfora política para convertirse en una realidad jurídica disfuncional. Por un lado, se pacta la libertad de asesinos convictos para asegurar los votos de Bildu; por otro, se intenta controlar la Fiscalía General del Estado para blindar judicialmente a los miembros del ejecutivo y su entorno familiar.

La justicia española se encuentra ante su mayor reto: demostrar que el imperio de la ley está por encima de la supervivencia de un presidente que ha decidido que su permanencia en el poder bien vale la deslegitimación del sistema democrático nacido en 1978. No vale ya el cambio de la sangre por los votos. No merece la pena ahogarse en la sangre de los vilmente asesinados ni de alimentarse de las angustias de los estafados con tal de no dejar de subirse al Falcon.