Anoche he vuelto a soñar con lo mismo. Con aquella llamada del Gabinete Telegráfico y Telefónico de Interior que casi nunca traía una buena noticia. Era la pesadilla que tantas veces me arrebataba el descanso y hacía que la noche dejara de ser un refugio. A veces llegaba cuando el sueño apenas empezaba a vencerme; otras, antes siquiera de llamar a mi puerta. Pero casi siempre irrumpía cuando ya dormía profundamente, cuando por fin me había abandonado al descanso. Entonces sonaba el teléfono y la noche volvía a romperse. Anoche, en el sueño, aquella llamada regresó.
Quince años después del anuncio del cese definitivo de ETA, la memoria de los años de plomo continúa siendo una herida abierta. Este 20 de octubre de 2026 conmemora una declaración que puso fin a la actividad terrorista de la organización, pero no a sus consecuencias ni al dolor que dejó tras de sí. Los atentados, los secuestros y la extorsión que ensombrecieron los años ochenta y noventa siguen latiendo en el fondo de tres preguntas irrenunciables: cómo se llegó a aquel final, qué compromisos quedaron documentados y qué ha sucedido desde entonces con quienes cumplían condena.
Durante estos años -y de manera especialmente intensa en los tres últimos-, las negociaciones oportunistas y la sombra que aún pesa sobre su verdadero contenido han contribuido a cubrir con un velo lo sucedido: una tragedia prolongada y una amenaza constante contra nuestra democracia. Como si, después de cuarenta años de dictadura y otros cuarenta y tres de actividad terrorista, todo hubiera sido sencillo; todo, salvo para las víctimas y sus familias.
Si quienes nos han gobernado en los últimos años no quieren recordar a las víctimas, deberían recordar al menos que el primer objetivo de aquel terrorismo fue acabar con las libertades y quebrar la paz. Tal vez crean que la mejor manera de cerrar definitivamente aquella pesadilla consiste en enterrarla bajo el silencio. Sinceramente, no creo que ése sea el único propósito. También está el precio político de los apoyos necesarios para conservar el poder. Por eso, hoy también se celebran los quince años de una felonía, ejecutada por etapas, y sin luz ni taquígrafos.
La amenaza de ETA se instaló durante años en la vida cotidiana y encontró respaldo en una parte notable de la sociedad vasca. Pero Euskadi nunca fue un bloque uniforme. Hubo víctimas y perseguidos; ciudadanos obligados a mirar bajo el coche antes de arrancar; familias que aprendieron a vivir con el miedo; personas que callaron para sobrevivir y otras que, aun sabiendo el precio que podían pagar, defendieron su libertad frente al terrorismo.
Muchos vascos tuvieron que abandonar su tierra, como antes habían hecho quienes huían de la represión política durante la dictadura, porque ya no encontraban seguridad en las calles que habían sido las suyas. Habrá quien sostenga que se marcharon por razones económicas, para proteger su patrimonio o salvar sus negocios de la extorsión y el secuestro. Pero sabemos que ETA terminó disparando en todas las direcciones y que el miedo no preguntaba por ideas, apellidos ni condición.
Contar aquella historia exige distinguir la responsabilidad de la organización y de quienes la sostuvieron de la experiencia de una población que también padeció la coacción y que, aunque muchas veces demasiado tarde, acabó enfrentándose a ella.
Los antecedentes de un final
El camino hacia octubre de 2011 no fue recto, transparente ni inevitable. Quince años después, aquellas negociaciones continúan envueltas en dudas, zonas de sombra e interrogantes que nadie ha terminado de despejar. Entre sus antecedentes figuran los contactos iniciados alrededor de 2000 entre Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi en el caserío Txillarre y las posteriores conversaciones con representantes de ETA en Suiza y Noruega. En torno a ellas se levantó un ceremonial de mediadores, escenarios discretos y gestos calculados que, en ocasiones, pareció proyectar una simetría moral imposible: de un lado, una organización terrorista y su historial de violencia; del otro, un Estado democrático obligado a defender la vida, la ley y la libertad.
El archivo AROVITE sobre el documental El fin de ETA y la cronología de RTVE reconstruyen un proceso que saltó por los aires el 30 de diciembre de 2006, cuando la bomba de la T-4 de Barajas asesinó a Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Aquel estruendo no solo quebró una negociación: devolvió de golpe al país la verdad brutal que el lenguaje diplomático podía ocultar. Apenas un día antes, en La Moncloa, se había expresado una expectativa favorable sobre el final de ETA. Después llegó la explosión, el humo y dos vidas arrebatadas. La ruptura y los asesinatos que siguieron impiden presentar aquellas conversaciones como un camino limpio y continuo hacia el cese definitivo.
Aiete: una propuesta, no un pacto de excarcelaciones
La Declaración de Aiete pidió a ETA el cese definitivo de su actividad armada y la apertura de conversaciones con España y Francia limitadas a las consecuencias de la violencia. Sus firmantes reclamaron a ambos gobiernos que aceptaran ese diálogo y solicitaron reconocimiento, compensación y asistencia para las víctimas. También propusieron conversaciones políticas entre actores no violentos, en un ámbito separado. Era una aspiración que ETA había sostenido desde los años ochenta y que los principales partidos democráticos habían rechazado durante décadas: convertir el final de una campaña terrorista en una negociación con el Estado.
El documento, recogido por la prensa el 17 de octubre de 2011, fue una propuesta de sus promotores, no un contrato firmado por los gobiernos ni una prueba de concesiones penitenciarias pactadas. Sin embargo, con el paso de los años llegaron decisiones y acuerdos que alimentaron la sospecha de que algunas contrapartidas se fueron administrando por etapas.
ETA anunció el cese definitivo el 20 de octubre y volvió a pedir diálogo a los gobiernos español y francés. A las medidas penitenciarias se sumó después una consecuencia política de enorme alcance: la colaboración parlamentaria en Navarra entre formaciones antes separadas por una distancia que parecía infranqueable. Cuando desaparece el estruendo de los atentados y se apaga el miedo cotidiano, el olvido comienza a abrirse paso. Y ese olvido puede convertirse en la última victoria de quienes quisieran que el dolor de las víctimas quedara reducido a una nota al pie de la historia.
El final se completó por etapas: al cese de 2011 siguieron el desarme de 2017 y la disolución de 2018. Entre esos hitos, el colectivo de presos EPPK declaró, el 28 de diciembre de 2013, que reconocía el daño causado y aceptaba acogerse individualmente a la legalidad penitenciaria, según recuerda el balance de EFE del 20 de octubre de 2026. Aquel reconocimiento llegó tarde y resultó insuficiente. No debía haber sido una fórmula aislada ni una concesión arrastrada por las circunstancias, sino una exigencia moral constante desde el mismo instante en que la organización decidió dejar las armas. Reconocer el daño significa mirar de frente a las víctimas, nombrar la injusticia cometida y asumir que ninguna causa política puede justificar una vida arrebatada, una familia destrozada o una sociedad condenada durante décadas a convivir con el miedo.
Quince años después: excarcelaciones y homenajes
El panorama penitenciario ha cambiado profundamente desde el cese de ETA. El balance publicado el 20 de octubre por EFE sitúa en torno a 110 los condenados por terrorismo que aún cumplen pena, más de la mitad en régimen de semilibertad. En 2011 eran 559 en España y alrededor de 150 en Francia. El Independiente estima, por su parte, que unos 600 miembros de la organización han salido en libertad desde aquel anuncio. Son cifras que describen el paso del tiempo, pero que, leídas desde la memoria de las víctimas, también pesan: detrás de cada condena hubo un atentado, una amenaza, una familia quebrada o una vida que nunca pudo recomponerse del todo.
A ese balance debe añadirse una deuda todavía más dolorosa: los asesinatos de ETA que continúan sin esclarecerse judicialmente. La cifra varía según el criterio empleado. La AVT identificó en 2021 un total de 315 crímenes sin resolver, mientras que una misión del Parlamento Europeo examinó 379 casos. No son números intercambiables ni equivalen necesariamente a causas que sigan abiertas hoy, pero todos conducen a una misma herida: cientos de familias aún no conocen toda la verdad sobre quién decidió, preparó o ejecutó el asesinato de sus seres queridos. El tiempo transcurrido no borra esa deuda; la hace más amarga. Cada expediente archivado, cada prueba perdida y cada responsabilidad que no llega a los tribunales prolongan el atentado en la memoria de quienes siguen esperando justicia.
Tras esas cifras conviven, sin embargo, situaciones jurídicas muy distintas. No es lo mismo recuperar la libertad por haber cumplido íntegramente una condena que obtener la libertad condicional. El tercer grado permite cumplir la pena en régimen abierto, mientras que el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario puede flexibilizar su ejecución sin equivaler necesariamente a una progresión de grado. Pero el rigor jurídico no debería ocultar el agravio moral que acompaña algunos regresos: en demasiadas ocasiones, la salida de prisión se ha convertido en un recibimiento público entre aplausos, banderas y honores. Actos denunciados como apología del terrorismo -no siempre con éxito- que obligan a las víctimas a contemplar cómo quienes sembraron el miedo son acogidos como referentes. La libertad que concede la ley no debería transformarse en una celebración que humille de nuevo a quienes ya pagaron el precio más alto.
El balance durante los gobiernos de Pedro Sánchez
Desde 2018 se generalizaron los acercamientos de presos. En octubre de 2021, además, el Gobierno vasco asumió la gestión de las prisiones de Euskadi, un anhelo siempre perseguido por el PNV y por los apoyos políticos de ETA. Ésta era, sin duda, la transferencia más buscada por los nacionalistas durante años, para romper con el alejamiento y el aislamiento de los presos de ETA en las cárceles del resto de España. Ambos cambios forman parte de la evolución penitenciaria durante los gobiernos de Pedro Sánchez. El número exacto de personas excarceladas entre junio de 2018 y el 20 de octubre de 2026 recuento de 124 progresiones a tercer grado, 28 aplicaciones del artículo 100.2 y 62 libertades condicionales desde el traspaso penitenciario de 2021. Esas cantidades corresponden a medidas diferentes, pueden afectar a las mismas personas y tienen un periodo de referencia más corto.
El aniversario, marcado también por las detenciones de Irun
El decimoquinto aniversario del cese coincide con una investigación por presuntos delitos de terrorismo en Guipúzcoa. La Ertzaintza detuvo el 17 de octubre a dos personas que se habían presentado voluntariamente en la comisaría de Irún acompañadas por su abogado. Las pesquisas habían comenzado el 26 de septiembre, tras un control en Eskoriatza en el que los agentes localizaron información sensible sobre fuerzas y cuerpos de seguridad y datos sobre un posible lugar donde habría armas y explosivos, según el Departamento vasco de Seguridad. Para mí, resulta ser una noticia inquietante.
Este 20 de octubre, la Audiencia Nacional ha decretado su ingreso en prisión, según fuentes jurídicas. La Fiscalía había solicitado la medida por presuntos delitos relacionados con organización o grupo terrorista, resistencia grave a la autoridad, desórdenes públicos, depósito de armas y sustancias explosivas.
En esta misma fecha se han escuchado declaraciones llamativas sobre el aniversario: voces que descartan “casi por completo el regreso de la violencia”, como la de Otegui, aunque inmediatamente apela a la prudencia, o la de Patxi Lopez que “celebra sentirse más seguro paseando por las calles del País Vasco que por las de Madrid”. Recordará a compañeros que fueron asesinados de un tiro en la nuca, con los que compartía militancia y principios. Es una buena noticia que el miedo ya no acompañe cada paseo ni obligue a nadie a mirar hacia atrás, pero resulta inevitable pensar en quienes nunca pudieron conocer esa normalidad.
Mientras unos hablan hoy de seguridad con la serenidad que concede el tiempo, otros permanecen en la memoria, víctimas de una época en la que una amenaza, una mirada o el cañón de una pistola podían quebrar una vida. La paz merece celebrarse, sí, pero nunca a costa de convertir el terror padecido en un recuerdo lejano, cómodo o desprovisto de nombres.
Más allá de la actualidad del aniversario, permanece una exigencia que el paso del tiempo no debe apagar: mantener vivo el recuerdo de las víctimas, reclamar a quienes ejercieron el terrorismo que reconozcan el daño causado y pidan perdón, y acompañar a los familiares de quienes ya no están. La memoria no se sostiene solo con una conmemoración: exige recordar los nombres y las vidas arrebatadas, escuchar a sus familias y no dejarlas solas cuando termina el aniversario.
