Irene Montero & García Gallardo

España es una democracia de baja calidad. Una partidocracia. Lo es no tanto por cómo se conformó con una carta otorgada (aunque votada) en vez de un proceso constituyente, que también, sino por el posterior desarrollo durante decenios tras haber nacido de ese pecado original.

Desde 1978 nuestro régimen no ha hecho más que crecer y asfixiar la democracia. El uso del dinero público creando chiringuitos, salarios, prebendas, viviendas gratis total, palacios, coches oficiales, aviones, viajes y colocación de familiares y amigos en un estado sobredimensionado (como impusieron los ganadores de la Segunda Guerra mundial a Alemania), nos acerca más a una república o dictadura bananera que a una democracia europea moderna.

Sobran decenas de miles de políticos, chiringuitos, estructuras creadas a mayor gloria de los partidos y faltan médicos, enfermeros, inspectores de trabajo, profesores y criterios comunes que hagan posible la igualdad de oportunidades hoy inexistente. Los partidos han infectado y controlan el Estado. Se lo han repartido como una tarta. Los votamos en las elecciones (a los partidos, no a personas) y luego ellos se ponen de acuerdo en políticas ajenas a lo que han prometido para conseguir los votos.

Es un timo democrático. El actual gobierno Frankenstein es buena prueba de ello. Que los grupos independentistas con mínimo apoyo nacional pero concentrado en sus territorios marquen el rumbo del Gobierno es el peor síntoma de una enfermedad que ha ido creciendo desde que PSOE y PP necesitaron a los nacionalismos (CiU y PNV), que a mayor capacidad competencial no han ido moderando sus discursos independentistas (supremacistas) sino al contrario.

Ahora hemos bajado otro escalón. Una ministra hace una ley que reduce condena y pone en libertad a 190 violadores, abusadores o pederastas (serán muchos más) y sigue manteniendo ante toda evidencia que es una ley buena para el interés general, una ley divina de la muerte porque la hizo ella y sus amigas desde la frivolidad que nos muestran a diario riéndose de violadas, celebrando fiestas en el Ministerio (Montero) o mostrándonos al hijo sobre la mesa del despacho ministerial (Belarra) mientras presuntamente trabaja. En ningún país medianamente serio se podría actuar con tanta estulticia y seguir en el cargo. Comportamientos propios de un régimen bananero.

Que rectifiquen la ley ya no sirve para nada. Nadie que haya recurrido su condena desde que se aprobó la ley podrá ver recortados sus beneficios ni cambiando la ley. Si los políticos y militares cometen delitos de lesa humanidad en guerras por violaciones contra derechos de los ciudadanos, rebajar condenas o permitir salir en libertad a violadores y pederastas sería el equivalente en política a esos delitos: errores de lesa humanidad. La autora debería ser cesada de inmediato… pero el presidente del Gobierno no puede cesarla. El Gobierno de chichinabo al servicio de los partidos políticos, no del interés de la ciudadanía, tiene un presidente capado en sus competencias porque las negoció y cedió para alcanzar el poder.

En el otro extremo y prueba de la polarización y empobrecimiento del debate social aparece el vicepresidente de la comunidad de Castilla y León hablando de un protocolo desconocido, que dice que el PP firmó con VOX en dicha comunidad, que impone obligar a los médicos a tratar de convencer a las mujeres que van a abortar para que no lo hagan.

Les importa el feto, no la mujer que lo porta, aunque después el feto sea persona y pase el resto de su vida en la calle entre cartones con hambre y frio, o que muera de una enfermedad a la que no se ha dedicado el presupuesto necesario para curarla que sí se dedicó a tratar de convencer a la madre para que lo dejara crecer y nacer; se vuelven a preocupar cuando va a morir para que no pueda decidir cuando quiere hacerlo sin dolor porque a ellos les pertenece en esos dos momentos de su vida: cuando está en el vientre de la madre y cuando va a morir; entre uno y otro acto, tras nacer y hasta morir no es su problema.

Que haya un recurso del PP en el Tribunal Constitucional desde hace 12 años sobre la ley de plazos del aborto, tan garantista que está prohibido desde muchas semanas antes de que ningún feto haya podido seguir con vida fuera del vientre de la madre ni con todos los conocimientos científicos. Como debe ser porque el feto, mientras no haya posibilidad de que viva fuera del vientre de la madre no tiene vida propia y es de la madre, pero a partir de que pueda vivir sin la madre es otra vida y acabar con ella sería un crimen. Es una ley basada en la ciencia, la libertad y los derechos de la mujer gestante como futura madre, que debe ser compatible con respetar el feto desde el momento en que alcanza madurez que le permitiría sobrevivir separado de la madre.

No se pueden imponer las creencias morales de nadie a una sociedad. En el mundo occidental este asunto estaba resuelto hasta que la política woke en Estados Unidos se ha pasado de rosca autorizando abortos el día del alumbramiento y la respuesta de los conservadores ha sido autorizar que se puedan prohibir todos los abortos, lo que ya está siendo llevado a la práctica en diversos estados. Es lo que ocurre cuando los extremos se desafían. Abortistas que defienden que dos días antes de nacer el feto no tiene derechos y lo asesinan, o quienes creen que desde el mismo momento de la inseminación el aborto es un crimen porque el feto pertenece a ellos y su moral, no a la mujer que lo porta en el vientre. Los extremos se retroalimentan. En España sobran los dos y no necesitamos ni a las unas ni a los otros.

 

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