La dependencia es una de las partidas sociales más necesitada y menos favorecida por Pedro Sánchez en sus Presupuestos para 2019. Su acuerdo con el podemita Pablo Iglesias sube, ciertamente, los niveles de gasto en la dependencia, pero los populistas no han tenido en cuenta las cuentas de los profesionales del sector, que estiman que para equilibrar las actuaciones en esta actuación social se necesitarían al menos 715 millones con los que asegurar la plena atención de los dependientes más vulnerables (Grados II y III). Una vez más ha quedado patente la demagogia populista.

En el punto 2.3.1. del pacto, con el epígrafe “Mejorar las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia”, suscrito entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su socio estalinista, Pablo Iglesias, han previsto mejorar la financiación de la dependencia del nivel mínimo (132 millones de euros más) y recuperar el nivel acordado derogado por el Partido Popular (383 millones de euros más). Dice el pacto que “la financiación debe de ser de carácter finalista, a través de la recuperación de los convenios de acuerdos financieros entre Estado y Comunidades Autónomas, que se derogaron en 2012.

En total, y pese a la publicidad dada, el ‘impacto presupuestario’ previsto en este campo por el dúo Sánchez-Iglesias se queda ‘sólo’ en 515 millones de euros que, si bien suponen un incremento del 40% respecto al PGE 2018, queda muy lejos de los 715 millones que exigen los Directores y Gerentes de Servicios Sociales de toda España, ya que conocen muy bien las carencias del sistema.

Es decir, que pese a toda la demagogia desplegada por Sánchez y por Iglesias sobre lo ‘divino’ -socialmente hablando- de sus Presupuestos Generales para 2019, éstos se quedan muy lejos de lo que realmente sería necesario en puntos socialmente tan sensibles como la dependencia.

Se necesitarían 715 millones para nivelar la situación

En definitiva, que Sánchez e Iglesias, que quieren ‘vender’ grandes logros sociales, han pasado olímpicamente de los estudios remitidos por, entre otros, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que estimaban que un incremento de 715 millones de euros permitiría acabar con los recortes de 2012 y asegurar la plena atención de los dependientes más vulnerables (Grados II y III), una auténtica vergüenza del actual sistema público.

Según ese estudio, que han obviado el dúo Sánchez-Iglesias, la Ley de la Dependencia estableció un escenario para su completa aplicación que finalizaba en 2012 y que se prorrogó hasta 2015. Sin embargo, casi cuatro años después de esos plazos, más de 110.000 Grandes Dependientes y Dependientes Severos continúan sin recibir las prestaciones y servicios a los que tienen derecho reconocido.

Por ello, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales propuso al Gobierno de Sánchez que en los PGE de 2019 se corrigiera esa auténtica vergüenza del Sistema, para lo que la Administración General del Estado debería haber incrementado su aportación en 715 millones de euros en 2019. Esa cantidad permitiría atender en 2019 al menos al 92% de personas con grados III y II sin Programa Individual de Atención (PIA, 102.000 personas), y admitir un 8% (global) de personas en espera (en gestión de PIA o expedientes que han de ser depurados…, lo que supondría unas 8.000 personas, según el estudio).

Para componer esas cifras, la citada asociación -la más grande y fiable del sector-, ha tomado como base del cálculo el coste público de atención (coste neto de atenciones) promedio de 2012, cuando se atendía básicamente a los grados III y II, que ascendía a 7.029 euros (sin tener en cuenta la inflación y otras variables).

Así, el citado incremento en los PGE para posibilitar esa atención ascendería a un total de 715.194.767 de euros, pasando de los 1.308 millones de 2018 a 2.023 millones en 2019, lo que supondría un incremento del 54,7% para el total presupuestado en el Nivel Mínimo Garantizado.

Una subida que debería ir condicionada a un acuerdo con las Comunidades Autónomas que suponga la obligación de dedicarse a los Grados III y II, puesto que el Estado estaría financiando de manera directa el equivalente al coste de su atención plena. Se parte de la evidencia de que algunos territorios tienen muchos deberes que hacer con los grados III y II, mientras que otros tienen recortes que revertir.

Impactos directos de la medida propuesta

Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que preside José Manuel Ramírez Navarro, estas medidas que se propusieron al Gobierno pero que han sido desatendidas, tendrían los siguientes impactos:

– Plena atención al finalizar 2019 de las personas dependientes más frágiles (severos y grandes dependientes) y terminar con la vergüenza de la desatención a las personas más dependientes.

– Atención al finalizar 2019 de unos 130.000 dependientes más, para alcanzar aproximadamente 1.130.000 personas atendidas. El resto del Limbo (grado I) se acometería en 2020 (con un menor coste).

– Creación de al menos 40.000 nuevos empleos directos en el sector.

– Alcanzar una inversión pública en la materia en 2019 estimada de 7.800 millones de euros, de los que 3.100 retornarían de forma inmediata, simplemente en forma de cotizaciones a la seguridad social, IRPF, impuesto de sociedades, etc., considerando el actual modelo de atenciones entre servicios y prestaciones.

– Permitiría mejoras de coberturas, supresión de algunas incompatibilidades y recuperación de importes de PECEF (Prestación económica para cuidados en el entorno familiar).