A partir de 1978, los cinco policías de Sevilla que fundaron un sindicato clandestino en la Policía Nacional, un Cuerpo de estructura y regido por el Código de Justicia Militar, iniciaron un lento camino de captación de afiliados, en células independientes, de tal forma que los afiliados en torno a uno de los fundadores no eran conocidos por los demás, y los nuevos que se iban incorporando hacían lo mismo, captar afiliados, amigos sobre todo de absoluta confianza, y sólo el que los captaba conocía su identidad. Elementales medidas de seguridad aconsejaban actuar así por las sanciones a las que se exponían.
El trato que recibían los policías que habían dejado el uniforme gris y estrenaban el marrón dejaba mucho que desear. Ya se habían acabado las tensiones con la sanidad militar, donde los policías y sus familiares eran maltratados en citas y tratamiento, siempre subordinados a que llegara algún superior jerárquico o su familiar, y al pasar a ser atendidos por la Seguridad Social ese problema se acabó.
Persistían otros, como los bajos salarios que llevaban a muchos de sus miembros al pluriempleo, el exceso de jornada laboral, 24 horas de servicio por 24 libres en muchas unidades y la disponibilidad permanente si algún mando entendía que debían continuar en el trabajo. La aplicación del Código de Justicia Militar, prácticamente sin defensa posible pues el mando siempre lleva razón (aunque haga o diga barbaridades y esté borracho cuando lo hace), empujó a algunos policías de Sevilla a tratar de alcanzar los cambios que ya en ese año se estaban produciendo en las estructuras del país pasando de la dictadura a la democracia.
Además de los cinco fundadores (Manuel Tapada y Carlos Jiménez –q.e.p.d-, Guillermo Gómez Cunnighan, José López y José M. Osorno), hubo un sexto hombre que aunque no disfruto del reconocimiento por no estar el día en el que se levantó el Acta fundacional, sí que participó junto con los cinco fundadores en todas las reuniones que desembocaron en la consolidación del sindicato, siendo su nombre Antonio López Domínguez. Con posterioridad se fueron sumando otros, entre ellos José Tejero Díaz (autor del libro Memorias de una lucha clandestina) y Manuel Benítez Romero, siendo ellos la vanguardia de otros muchos policías que se sumaron después exigiendo una policía civil al servicio del pueblo, un trato digno y acabar con determinadas prácticas policiales incrustadas que no respetaba derechos civiles de manifestación, protesta y otras libertades políticas y públicas.
Denuncia de prácticas corruptas de los mandos
Uno de los elementos de batalla ya entonces de los policías clandestinos era la denuncia de las prácticas corruptas de los mandos militares que trabajaban en la Policía Nacional. Famosos fueron los casos de la denuncia del policía de caballería, Miguel Zarza Pérez, después miembro de la primera Gestora Nacional Clandestina del sindicato, sobre el uso que daba el comandante, conocido como «el veneno», al que varios policías de la unidad le construyeron un chalet en una provincia limítrofe mientras Miguel Zarza y otros se veían obligados a realizar sus servicios, o cómo alojaba «gratis total» caballos de determinada terrateniente de Sevilla en las caballerizas de la Policía y nunca se supo si cobraba por ello y quién se quedaba con el dinero.
Fruto de las denuncias realizadas, Miguel Zarza pasó un mes encerrado en los calabozos, traicionado por compañeros de los que luego fueron llamados «meaperros» y el periodista que se hizo eco de las denuncias estuvo detenido también por la Policía por publicar cosas ciertas, pero que no se pudieron demostrar porque los testigos cambiaron su testimonio a favor del corrupto que, como siempre, tenía poder para hacerles la vida agradable o muy desagradable a sus subordinados.
La denuncia de la corrupción fue una palanca para remover el sistema anquilosado militar que funcionaba en la Policía, y a pesar de las múltiples descalificaciones que se vertían sobre los policías sindicalistas (tachados de «rojos» por aquellos mandos y sus secuaces cuando la verdad es que los había de todas las ideologías, desde la izquierda a la extrema derecha) y con el permanente discurso de que la Policía sin su carácter militar no podría funcionar.
Unos pocos años después se demostró que la Policía cuasi civil (del todo nunca se ha alcanzado esa condición) cumpliendo un horario razonable (37,30 horas semanales en vez de 48-60) y con menos efectivos podía incrementar la eficacia muy considerablemente. En la sociedad española hoy se vive un cierto parecido en cuanto a que la corrupción está haciendo tambalearse el bipartidismo y dejando en evidencia que hay muchas cosas que cambiar, además de propiciar el nacimiento de nuevos partidos políticos con nuevos planteamientos.
La corrupción en la Policía, el ejercicio del mando como después se ha visto que han hecho muchos responsables políticos, convirtiendo lo público en cortijo particular, aceleró los cambios y proporcionó una herramienta a los policías demócratas para que en 1984, primero, coincidiendo con la legalización de los sindicatos, y en 1986 con la ley 2/86, algunas cosas quedaran asentadas, si bien esta ley fue especialmente restrictiva en materia de derechos de los policías, como lo evidencia que aun hoy los policías civiles del Estado español son los únicos que no pueden estar afiliados a sindicatos de clase en toda la Unión Europea.
Paradójicamente se puede estar afiliado a partidos políticos y no a UGT, CCOO, CSIF o SAT, lo que deja en evidencia el «freno de mano» con el que se actuó en 1986 y para mí, por lo vivido en la Policía en los 30 años transcurridos, que ese freno sigue echado y las prácticas con las que se actúa hoy no se corresponden con la evolución de la sociedad, cuyos derechos civiles se vulneran sistemáticamente por todos los cuerpos de seguridad, estatales, autonómicos y locales. Otra cosa es que la ciudadanía española sepa y quiera mantener derechos como a no ser identificado sin una razón que lo justifique o el franquismo sociológico sigue presente en amplias esferas de nuestra sociedad.
Vea también: