Purria es un americanismo que transmite que algo es de mala calidad. En eso se fue convirtiendo el paquete fiscal del Gobierno, a medida que la señora Montero, de los Montero de Hacienda, manoseaba la fiscalidad y troceaba la negociación hasta hacerla incomprensible, pactar una cosa y su contraria, remitir un impuesto no para mejorar los bienes públicos sino para financiar déficit autonómicos y cosas por el estilo.
Esperábamos lo comprometido con Europa: situar el tipo mínimo de sociedades a las multinacionales en el 15%. Una medida por la que hemos sido sancionados y que debía aplicarse en 2023. Hemos recibido lo que nunca se avisó.
No supone modernizar el sistema tributario, ni cerrar los agujeros que lastran al Impuesto sobre Sociedades, ni el impulso a la fiscalidad ‘verde’ que anticipaba el Libro Blanco de hace dos años. Es bastante probable que no mejore la equidad del sistema fiscal.
Entre otras cosas porque la necesaria reforma fiscal que necesita España requiere una situación económica distinta.
Cualquier reforma en un país como el nuestro con un margen fiscal escaso debido a la elevada deuda pública, más que a la elusión fiscal de las empresas que las medidas adoptadas sugieren, el coste de las políticas redistributivas recae en el resto de la población, no en los más ricos, que tienden a desplazar a sus precios las cargas fiscales o a retirar bienes gravados del mercado.
De hecho, el problema de los ocho mil millones que buscaba con tanta ansiedad como impericia la ministra tenían un objeto: no vulnerar las reglas fiscales europeas y alargar la corrección de los niveles de deuda hasta siete años. La preocupación del Gobierno no era otra que no tener que recortar esa cantidad del gasto.
No cabe duda de que una reforma fiscal no es fácil. De hecho, nuestro sistema fiscal, con sus sucesivas reformas, no es muy distinto al que diseñó la socialdemocracia de la derecha (Ordoñez) que luego continuó el PSOE (con el mismo ministro) y apenas lo retocó Montoro del PP.
Salvo la ocurrencia de Sebastián de devolver IRPF y suprimir el impuesto de patrimonio en periodo de crisis (ideas socialistas, recuerden). No ha habido cambios sustanciales.
Las dificultades no sólo son técnicas sino también ideológicas. Estamos presos de los liberales enamorados del índice de esfuerzo fiscal y la curva de Laffer (ya les he contado aquí y volveré a contarles para suplicio de mis amigos Triper y Revuelta, en compañía de otros, en próxima entrega que esto no va a ninguna parte).
También estamos presos de la publicidad de la supuesta mediocre presión fiscal española. Uno es un enamorado de la presión fiscal, pero discrepo de sus habituales medidas en relación con la Unión Europea, como también he contado aquí y les volveré a contar, no se inquieten.
Para mejorar la equidad fiscal, y mejorar nuestra presión fiscal no es necesario aumentar tipos, sino ensanchar las bases imponibles. Ustedes y yo sabemos que los juegos de subvenciones y exenciones o bienes sujetos a imposición mínima de consumo (del que se benefician las rentas altas) son fuente de inequidad.
El Gobierno lo sabe. Igual que sabe que esta reforma no beneficiará especialmente a las rentas de clases medias o personas vulnerables.
El problema es que el discurso fiscal del Gobierno está sujeto a las presiones de la llamada “Brahmanización” de la izquierda (téermino económico inventado por economistas de izquierda).
Los Brahmanes son la casta superior de la India. La izquierda busca con ansia al votante formado. El problema de este votante, integrado por vástagos de la clase media empobrecida, es que suma a su alto conocimiento, un bajo ingreso. Los que no tienen ni ingresos ni conocimientos votan populismo de derecha.
Esta “brahmanización” (piensen en Más País, Podemos y aliados de la izquierda de verdad verdadera del Gobierno), nos conduce a que el discurso fiscal no busque el encuentro con la clase media y trabajadora que definió a la vieja izquierda, sino que conduce a lo que se ha denominado “mentalidad de suma cero”. Es decir, no hay encuentro: son ellos o nosotros.
Por ello, no les sorprenderá el tipo de enmiendas y negociaciones a las que el PSOE, que hasta Sánchez era el partido socialista europeo menos “brahmanizado” se haya contaminado de un populismo de esta naturaleza.
El producto de la política del conflicto entre “los de arriba y los de abajo”, o ellos o nosotros, es un paquete fiscal que difícilmente mejorará las dotaciones públicas y solo financiará déficit y deuda pública.
El paquete fiscal se ha tramitado como enmienda a la Ley del impuesto mínimo complementario –una trasposición europea que España debía haber aprobado en 2023 y por la que ha sido ya denunciada–.
El paquete fiscal definitivo incluye un nuevo impuesto a la banca sobre el margen de intereses y comisiones obtenido por entidades de crédito. Es temporal, tres años y tiene reducciones de base imponible y minoraciones de cuotas líquidas en Sociedades en función de la rentabilidad y la recaudación irá a financiación autonómica. O sea, Catalunya que está en trance de no tener bancos será doblemente beneficiada.
166 multinacionales españolas pagarán el pato del impuesto mínimo, aumentarán sus precios. Se permite a los vascos lo que no se permite a los españoles: financiar deducciones en el IRPF para la rehabilitación de vivienda.
Lo de la energía tiene su aquel. Se pactó con unos suprimirlo, con otros prorrogarlo y con otros un proyecto de Ley a final de año para hacerlo fijo. Eso sí: las que inviertan en carbonización, o sea todas las grandes, no pagará.
En fin, les he prometido contárselo otro día: nada de reforma equitativa de la fiscalidad. ¿Por cierto, recuerdan lo de los impuestos verdes? Pues tampoco. O sea, una purria.
