Más allá de algunos detalles, es fácil elucidar qué ha pasado con Juan Lobato. Hace algunos meses, Díaz Ayuso le dijo al exportavoz socialista en la CAM “usted no es un delincuente, así que le queda poca vida en el PSOE”. Sonó como una bofetada pero era una premonición.

Todo empieza con las declaraciones de impuestos de 2020 y 21 en que Alberto González Amador intenta colar a Hacienda facturas falsas para tapar dos delitos fiscales, uno de 155.000€ en 2020 y otro de 195.951,41 en 2021.

El 2 de febrero de 24, el abogado de González Amador envía un correo a la Fiscalía con el siguiente acuerdo: aceptación de la comisión de dos delitos, pago de lo defraudado, pago de las multas correspondientes (40% de lo defraudado) y que la Fiscalía no se oponga a “la suspensión de las penas de prisión para Alberto González Amador por ser las condenas inferiores a dos años (4 meses cada una)».

Hasta aquí, todo dentro de los cauces habituales de la persecución de la evasión fiscal y los acuerdos que se alcanzan con los defraudadores. En este caso, González Amador reconoce sus delitos, satisface las deudas y multas y llega a un acuerdo para evitar la cárcel.

Pero de pronto, el 12 de marzo, ese hacha de la comunicación y la objetividad que es Angélica Rubio (la que publicó que el juez Peinado tenía dos DNI con cinco propiedades compradas con cada uno, otra noticia falsa y bulo creado ex profeso) consigue por arte de birlibirloque y ayuda del Mago Pop copia del escrito remitido por González Amador a la fiscalía y divulga la información sin hacer referencia al origen del correo.

El 14 de marzo, Rubio publica a la 01:25 am un extracto del correo que luego, a las 07:14 y a las 09:06, replicarán otros dos medios. Juan Lobato acaba de recibir desde Moncloa el correo y la información. Se los facilita Sánchez Acera, la jefa de gabinete de Óscar López, el ministro que Sánchez Castejón ha señalado como sucesor de Lobato en la FSM.

Como es lógico, Lobato se huele la celada: López quiere su puesto y usa a su jefa de gabinete para hacerle llegar una información caliente y chusca. Lobato es inspector de hacienda y sabe perfectamente que aquella información es peligrosa y puede ser delito. Vuelve a preguntar a Sánchez Acera por el origen y ésta insiste en que proviene de los medios y que debe utilizarla esa misma mañana contra Ayuso en la CAM, cosa que hace a las 10:10.

En octubre del 24, hace un mes, el Fiscal General del Estado es imputado por el Tribunal Supremo, se registra su despacho y se le requisan todos los dispositivos electrónicos. El 30, una Dana asola Valencia. Se suspende la sesión en el Congreso, salvo la votación que hará de Rubio consejera de RTVE, cosa mucho más importante que los estragos de la riada.

A los pocos días del registro al FGE y la incautación de sus equipos telemáticos, ya en noviembre, Lobato acude a un notario con los wasaps sobre ese documento intentando cubrirse las espaldas. La jugada es fácil de ver: desde Moncloa le filtran un documento secreto fingiendo que lo han conseguido de Rubio, la Woodward española, y se lo dan, regalo envenenado, a Lobato para su debate con Ayuso. Al final, si no hubiera acudido al notario, Lobato se chuparía la filtración delictiva y acabaría imputado, dimitiendo, cediendo el paso a Óscar López y expulsado de la Inspección de Hacienda. Creyó que podía sostenerle el pulso al Don de Moncloa y sus consiglieres y esta semana, animoso, dijo que no se iba, que lo estaban linchando desde Moncloa y que el viernes, después de declarar ante el juez, presentar el acta notarial y probablemente todos los wp de esta miserable historia, iría al Congreso Federal.

Entonces el sátrapa narcisista se puso en marcha y en apenas 24 horas le cortó la hierba bajo los pies. Es el estilo del bully, o tragas o te mueres.

Entretanto, Sánchez se dará un baño de lameculos y estómagos agradecidos, hablará de lo malísimos que son todos menos él y se hartará de gritar el nuevo lema que se le ha ocurrido, España adelanta por la izquierda, que ya es ser infantil.

Y nadie en el Aquelarre de Sevilla se preguntará por qué lo que más cabrea al líder supremo es la ida al notario y no el delito de la filtración. Tampoco se preguntarán por qué un presidente que tiene imputada a su mujer, a su hermano y a su Fiscal General sigue sonriendo como si fuera un orate.