Pocas veces se puede aseverar una cosa como la que se dice en el titular, pero en este caso es que ha sido el grupo parlamentario popular con su mayoría absoluta y en solitario quien ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal poniendo fecha límite a la instrucción de causas penales. Y no sólo ha indultado a todos los corruptos que puedan aparecer en el futuro, sino que a los que están o pudieran estar inmersos en causas de corrupción que se estén investigando, también.

Y es que el 5 de diciembre se empieza a aplicar a los sumarios en instrucción el tiempo de 18 meses, que se puede ampliar al doble mediante Auto razonado del juez, transcurridos los cuales la instrucción debe cerrarse obligatoriamente, estén o no las pruebas.

Hace más de 2 años que se esperan tres comisiones rogatorias para conocer la identidad del comprador real del ático de Marbella y no el testaferro del paraíso fiscal que figuraba (investigación que en fechas recientes ha sido declarada legal tras la denuncia de Ignacio González contra el comisario de Marbella). Esta causa puede decaer si continúa a este ritmo porque hace tres años que se presentó la denuncia.

Las tres denuncias sobre ONGs corruptas que se han podido quedar cientos o miles de millones de € (incluyendo subvenciones de la UE) de subvenciones para gitanos en extrema pobreza tampoco saldrán. Hace tres años de la primera denuncia y se ha investigado una mínima parte de la documentación recabada. Como dichas asociaciones disponen de mucho dinero están ya personadas pidiendo pruebas y recurriendo las decisiones, la fiscalía o no tiene tiempo o no tiene interés, y como la justicia es para los ricos y piden varios miles de euros para poder personarse como acusación popular hay poco o nada que hacer.

Los Pujol también tendrán recursos suficientes para hacer imposible que en el plazo máximo de tres años a partir del 5 de diciembre sea posible desmontar la trama que han organizado. Quizás hasta que no ha sido aprobada esta ley no se ha podido registrar la sede de CiU porque Pujol padre amenazó con tirar de la manta y es mucha manta esa. Y si alguna vez se supiera qué personajes de este país con responsabilidad pública usaron la cuenta «soleado» de Arturo Fasana en Suiza también habrá garantía de que se consuman los plazos sin haber podido investigar nada. Y no se ha registrado la vivienda de Pujol padre, sino sólo la habitación del hijo que esa noche dormía allí. El juez y el fiscal lo prohibieron expresamente.

Es una amnistía y patente de corso para todos los corruptos poderosos. Ahora hace falta saber si el PSOE dice que lo derogará (Ciudadanos, Podemos e IU deberían pronunciarse también), o si este es el «pacto de Estado en secreto» que debería llamarse «pacto por la corrupción» para echar tierra sobre todos los corruptos de los últimos 40 años que han asolado el país, llevando a su gente a la actual situación de miseria y pobreza.

Esta amnistía, aunque un futuro gobierno decida cambiar la LEC, todos los que están en proceso en estos momentos seguirán rigiéndose por la ley recién aprobada porque las normas no pueden ser retroactivas si perjudican al acusado.