Hay momentos en que la política deja de ser una discusión de salón, una trinchera de palabras gastadas, y se convierte en una pregunta elemental: qué país queremos dejar en pie cuando pase el humo. España ha vuelto a mirar estos días el rostro más oscuro del fuego: montes reducidos a ceniza, pueblos cercados por las llamas, familias evacuadas con lo puesto, profesionales exhaustos combatiendo en condiciones casi imposibles. Y, junto a todo ello, esa expresión que ya no pertenece solo al lenguaje técnico, sino al vocabulario del miedo: incendios de sexta generación.

El presidente Pedro Sánchez ha propuesto un pacto de Estado frente a la “emergencia climática”. Se podrá discutir su contenido, exigir concreción, reclamar medios, prevención, gestión forestal, coordinación administrativa y evaluación rigurosa. Todo eso no solo es legítimo: es imprescindible. Pero negar la necesidad de un gran acuerdo nacional, en este tiempo de calor extremo, sequía, abandono rural y fuegos que ya no obedecen a los manuales antiguos, sería una frivolidad histórica.

Ahí reside, sin embargo, una parte del problema de esa propuesta: en la denominación, en esas dos palabras casi mágicas —“cambio climático”— que para unos nombran una evidencia dramática y para otros suenan ya a consigna, a bandera partidista, a territorio contaminado por la sospecha. La izquierda, al apropiarse de esa definición, al convertir esas dos palabras —“emergencia climática”— en contraseña moral y arrojarlas contra los demás como si fueran una prueba de pureza, corre el riesgo de vaciar de aliados el propio pacto que dice querer construir. Empeñarse en construir el pacto alrededor de la “emergencia climática” puede ser, paradójicamente, una forma de negarse al pacto mismo si en él no cabe otra motivación.

Mesa nacional libre de ideologías

Hay quienes hablan de calentamiento global; otros, de los ciclos propios de la naturaleza; otros, del crecimiento de los gases de efecto invernadero; y otros, sencillamente, de la falta de previsión, de medios y de trabajo constante para prevenir los incendios. No cuando aprietan los calores y las cámaras buscan la columna de humo, sino durante el resto del año: desbroces, cortafuegos, aprovechamiento ordenado del bosque como en tiempos no tan lejanos, limpieza del monte, vigilancia, presencia humana y cuidado cotidiano del territorio. Si el acuerdo pretende ser verdaderamente de Estado, no puede exigir una adhesión previa a una sola explicación, sino convocar a todos alrededor de una obligación común: evitar que España arda.

Hay, sin embargo, un dato incontestable, objetivo y científico: la temperatura media del planeta se ha elevado en torno a 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, precisamente desde el comienzo de la era industrial y del uso masivo de los combustibles fósiles. Ese hecho no obliga a cerrar el debate; al contrario, exige abrirlo con más seriedad.

Convoquemos, por tanto, una mesa nacional para definir objetivos. Llamemos a los mayores expertos de este país —científicos, ingenieros forestales, meteorólogos, bomberos, técnicos de protección civil, responsables municipales, agricultores, ganaderos y conocedores del territorio— a discutir y aportar conocimientos, propuestas y explicaciones sobre este estado de cosas. Y hagámoslo con luz y taquígrafos, de cara a la opinión pública, para que los ciudadanos recuperen la confianza en iniciativas que deben conducir a un plan capaz de aminorar estos daños enormes que hoy agravan la descoordinación administrativa y la pelea política.

No soy experto en prevención ni en control de incendios forestales. No pretendo vestir de ciencia lo que no es sino memoria, conciencia y respeto. Mi experiencia con el fuego viene de lejos, de aquellos años entre 1979 y 1982, cuando dirigía el área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. Entonces asistí a incendios urbanos, incendios de edificios, incendios con nombres de calles y rostros de vecinos. Uno de ellos quedó grabado para siempre: en la calle Carranza, junto a la glorieta de Bilbao, un joven que pasaba por allí intentó salvar a personas atrapadas por las llamas. Murió como mueren los héroes anónimos: sin haber pedido permiso a la historia para entrar en ella.

La plantilla de bomberos de la capital rondaba entonces el millar de efectivos, entre jefes, mandos intermedios y bomberos. Era un colectivo muy preparado, disciplinado, cuasi militar, y con una vocación que no cabía en ningún reglamento. En aquellos parques había oficio, jerarquía, compañerismo y una serenidad admirable ante lo que para cualquier ciudadano era pánico puro. Aprendí de ellos que el fuego no se combate solo con agua: se combate con conocimiento, con entrenamiento, con prevención, con mando, con medios y con una moral de servicio que rara vez ocupa titulares.

Pero aquellos incendios, por terribles que fueran, pertenecían a otro mundo. El fuego de un edificio era una tragedia localizada, visible, limitada por muros, calles, escaleras y fachadas. Los incendios que hoy arrasan territorios enteros tienen otra naturaleza. Los llamados de sexta generación liberan una energía tan brutal que pueden alterar su propio entorno, cambiar vientos, proyectar nuevos focos y desbordar la capacidad ordinaria de predicción y respuesta. Ya no es solo el monte ardiendo: es la atmósfera participando del incendio.

Por eso el debate no puede reducirse a un intercambio miserable de culpas mientras todavía huele a humo. La prevención no se improvisa en agosto. La gestión del territorio no se decreta cuando el viento cambia. Los cortafuegos, la limpieza de montes, la agricultura viva, la ganadería extensiva, la ordenación urbanística, la educación ciudadana, la protección civil, los medios aéreos y terrestres, la coordinación entre administraciones y la adaptación climática son piezas de una misma arquitectura nacional. Si una falla, cruje el conjunto.

Pacto de Estado: sin ‘foto’ y sin retórica

Un pacto de Estado no debería ser una fotografía solemne ni una coartada retórica. Debería ser un compromiso verificable, financiado, sostenido en el tiempo y blindado frente al capricho electoral. Debería unir a la ciencia con la administración, a los ayuntamientos con las comunidades autónomas, al Estado con los pueblos, a los urbanitas con quienes aún mantienen vivo el campo. Porque el cambio climático no arde en abstracto: arde en pinares, en encinares, en casas, en recuerdos, en economías familiares, en animales muertos, en noches sin dormir.

No se trata de convertir cada incendio en un mitin ni cada tragedia en una pancarta. Se trata de entender que la realidad ha cambiado y que las respuestas viejas empiezan a quedarse pequeñas. Quienes han visto avanzar una lengua de fuego saben que hay segundos en los que la vida depende de decisiones tomadas años antes: una pista abierta, un depósito lleno, un retén contratado, una llamada atendida, una casa perimetrada, una norma cumplida, una población formada.

Aquel joven de la calle Carranza no preguntó a quién votaban los vecinos atrapados. Los bomberos que hoy entran en el humo tampoco preguntan por siglas. El fuego, cuando llega, no distingue ideologías. Por eso la política, si quiere estar a la altura de quienes se juegan la vida, debe dejar de comportarse como una chispa irresponsable y empezar a actuar como un servicio público adulto.

España necesita apagar las llamas de hoy, sí. Pero necesita, sobre todo, impedir las de mañana. Si el pacto de Estado frente a la emergencia climática, o lo que sea, sirve para eso, para pasar del ruido a la prevención, de la consigna al plan, de la ceniza al futuro, entonces no será un brindis al sol. Será, quizá, una de las pocas formas dignas de mirar a los ojos a quienes lo han perdido todo y decirles: esta vez hemos aprendido.