La valoración del Ministerio de Derechos Sociales sobre los datos del Sistema de Atención a la Dependencia “se apoya en una manifiesta manipulación estadística, con una falta de rigor en la información y cambiando criterios que hacen que no sean comparables los datos que presentan con los de la serie histórica”. Así lo ha denunciado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Lo único que hace el ministro Bustinduy es “alardear de una gestión que genera mucho sufrimiento en personas tan vulnerables como quienes se encuentran en situación de dependencia”.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha salido así a desmentir los últimos datos sobre el Sistema de Atención a la Dependencia, correspondientes al primer trimestre de 2025, presentados el pasado 24 de abril por el Ministerio de Derechos Sociales que preside Pablo Bustinduy. El ministro, Bustinduy antiguo podemita que abandonó la formación de Irene Montero e Ione Belarra cuando ésta se venía electoralmente abajo, es hijo de Ángeles Amador, quien fuera ministra de Sanidad con Felipe González.
Frente a los datos presentados “triunfalmente” por el Ministerio de Derechos Sociales al respecto, José Manuel Ramírez “aclara” de dónde sale la cifra de 278.575 personas en listas de espera que, según dicen en el Ministerio, no cuadran con sus datos. Según Ramírez, “los datos han sido extraídos del portal web del Ministerio de Derechos Sociales”.
La Asociación de Directoras y Gerentes sostiene que esos datos del propio Ministerio señalan que a finales de marzo de 2025 hay 123.019 personas a la espera de valoración; 129.545 personas aguardan a que se les elabore el PIA (reconocimiento de la prestación o servicio que les corresponde), y 26.011 personas más ya están valoradas y tienen reconocido su grado de dependencia y aprobado el PIA, pero aún están esperando recibir la prestación.
El resultado serían 278.325 personas en listas de espera. “Personas que, diga lo que diga el Ministerio, han solicitado ser valoradas y atendidas por su situación de dependencia y que están a la espera de ser valorados, de que se haga el PIA o de recibir de manera efectiva la prestación o servicio al que tengan derecho”, según afirma Ramírez, quien añade que “si la suma no es correcta, con mucho gusto rectificaremos. Nos parece cruel jugar con las cifras y no tener en cuenta parte de estas 278.325 personas, que no son solo una cifra, sino personas de carne y hueso, junto a sus familiares, que están esperando durante meses una respuesta de la Administración”.
Según la citada Asociación, cuando el ministerio de Bustinduy “rebaja la cifra de desatención”, es decir, la lista de espera, a 182.532 personas, se refiere exclusivamente a aquellas con las que el Ministerio y los gobiernos autonómicos no están cumpliendo la Ley, que establece en 180 días el plazo para darles la prestación o servicio a la que tienen derecho.
Según los datos publicados por el propio ministerio, en el último año no solo no se redujo el tiempo de espera, sino que aumentó de 328 días en marzo de 2024 a 338 días en marzo de 2025. “Con el ritmo que tiene el sistema de atención a la dependencia se tardarían 11 años para lograr la plena atención”, dicen desde la Asociación, y añaden: “Vamos a recordar al ministerio, con sus propios datos, para rebajar cualquier triunfalismo, que en lo que va de año 8.004 personas fallecieron en las listas de espera (3.960 a la espera de valoración y 4.044 a la espera de prestación); cada 15 minutos fallece una persona en estas listas de espera”, sin haber sido atendidos.
Frenazo en la financiación estatal
José Manuel Ramírez va aún más lejos. El presidente de la asociación afirma que “mientras congela la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, este Gobierno alardea de un incremento del 150% en presupuesto. Pero lo cierto es que desde 2024 se frena este incremento de financiación estatal”.
Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el incremento de financiación de la dependencia del gobierno de Pedro Sánchez es apenas un 5%, y es debido a que en los presupuestos de 2024 no ha habido ningún incremento presupuestario destinado a la dependencia; lo que ha habido ha sido un incremento del gasto -exactamente 185 millones de euros-, debido a la obligación del Ministerio de soportar el nivel mínimo de financiación correspondiente a las personas beneficiarias de la Ley, al haberse incrementado el número de personas atendidas, ya que por ser un sistema con modelo de financiación capitativo, el ministerio tiene que ampliar obligatoriamente sus aportaciones. Es decir, aumentó el gasto por imperativo legal, pero no por compromiso político.
Por todo ello, en la Asociación de Directoras y Gerentes se muestran “profundamente decepcionados del oscurantismo y por la manipulación de los datos, cambiando criterios para alardear de resultados que no se corresponden con la realidad que sufren esas más de 278.000 personas y sus familiares, esperando durante meses una respuesta de la Administración que, para más de 8.000 de ellas, llega demasiado tarde.
