Presentada la ley de Amnistía y los acuerdos con Sumar, PNV, ERC, Bildu, BNG y Junts (no es un acuerdo, es lo que dicen los independentistas y lo que el PSOE no asume pero dice que estudiará), más Coalición Canaria, entramos en un periodo político de alto riesgo porque Sánchez será presidente gracias al apoyo de todos aquellos que odian tanto a España que ni pronuncian su nombre.
Alto riesgo porque la imagen de España como democracia se ha desplomado en Europa. Es imposible explicar que aquél sobre el que has actuado en tu país con la justicia y en organismos internacionales legal y políticamente porque era un golpista, prófugo de la justicia, ultraderechista e independentista pasa a ser socio de investidura amnistiado por la necesidad de sus votos para mantener el poder.
Alto riesgo porque el Gobierno está condicionado por los enemigos internos y externos de la nación (independentistas y Marruecos). La política del PSOE (y la de Sumar) es coincidente con la del grupo de Puebla, un foro político con mayoría de dirigentes de países latinoamericanos que solo entienden la democracia si ellos, la izquierda, están en el poder. Nació en 2019 y son miembros del mismo dirigentes de PSOE y Sumar, con otros de izquierda de distintos países ejemplos de democracia como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En España ya hay comportamientos no homologados con democracias europeas: no responder desde el gobierno las preguntas de la oposición sino criticarla, descalificarla, desautorizarla, criminalizarla y aislarla es el primer paso para imponer un populismo con máscara democrática. En esa trainera, que diría Ortuzar, lleva remando Pedro Sánchez desde 2018. Mientras las naciones del grupo de Puebla no cuestionan sus banderas ni su integridad territorial, aquí pretenden imponer el Estado multinivel, plurinacional con territorios y ciudadanos de primera, segunda, tercera y regional y no estar de acuerdo con estos propósitos y llevar la bandera como símbolo de unidad de la nación te convierte en fascista.
Mientras la ley de Amnistía esté en trámite y recurrida, los supremacistas vascos y catalanes seguirán apoyando a Sánchez a la vez que lanzando proclamas victoriosas de su pulso al Estado. El próximo año hay elecciones en Cataluña (en las últimas generales PSC, En Comu –Sumar- y PP estuvieron en votos por delante de Junts y ERC), y también las hay en el País Vasco, donde PNV y Bildu compiten por ser quienes obtuvieron más cesiones de Sánchez. Veremos qué hace la oposición, pero ni el centrismo desnortado de Feijóo (quiso imponer la vacuna covid obligatoria bajo sanción de miles de euros y privación de libertad en un centro de confinamiento), ni el lanzallamas de Abascal encuentran el punto justo de acción para oponerse a la marabunta política que se cierne sobre el país.
Si el tiempo que esté Sánchez de presidente no hace mucho destrozo (más del que ha hecho ya dando oxígeno a los independentistas), podría actuar como un dirigente socialdemócrata en dos asuntos que arrastra del mandato anterior. Cambiar la ley Mordaza es una exigencia democrática. No en lo que exigen sus socios (prohibir pelotas de goma etc.), sino en la protección de los derechos de la ciudadanía.
Los españoles somos los únicos miembros de la UE sin derechos civiles, vulnerados siempre que un policía decida que va a rellenar estadísticas porque le apetece o por orden ilegal de su jefe, que siempre cumplen, y contra lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en 1993, ordenando identificarse a ciudadanos (varios millones cada año) alentados en vez de corregidos por sus mandos y la clase política. Así lo denunció la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en 2021. España es el único país donde un policía puede decidir sin razón para ello y abusando del principio de autoridad, vulnerar el derecho de ciudadanía a deambular sin ser molestado por la policía.
Si el poder judicial prestara la misma atención a proteger los derechos de la ciudanía a no ser identificados caprichosamente que a sus prerrogativas profesionales, otro gallo cantaría. Las identificaciones no mejoran la seguridad, al revés, se producen más delitos por estar los vehículos detenidos y no patrullando. Es una práctica estéril, ineficaz, vulnera derechos y además, mientras se identifica sin razón a inocentes los delincuentes tienen más libertad de movimientos. Es así por la negligencia de jueces y fiscales (pocos y con mucho trabajo para involucrarse en esto), dirigentes políticos de Interior, mandos y sindicatos policiales y el apoyo entusiasta a esta ilegalidad contra libertades y derechos de PP y VOX.
Asunto pendiente de la anterior legislatura es también el proceso iniciado en la Guardia Civil por Interior y Defensa para el reingreso de los cuatro guardias civiles, José Piñeiro, José Morata, Manuel Rosa y Manuel Linde, éste a título póstumo, expulsados por defender la aplicación de la Constitución a la Benemérita a mediados de la década de los 90 del siglo pasado. Si además de estas dos cuestiones que afectan a las fuerzas de seguridad sube el SMI, las pensiones y lo acompaña con medidas sociales no todo habrá sido negativo en la futura legislatura.
