Corrupción: el síntoma y la enfermedad

Ir a cenar en grupo o con empresarios no es un delito. Que sea en plena pandemia cuando hay restricciones, a un restaurante caro sin saber para qué ni quién invita arroja serias dudas sobre la moralidad de los participantes, pero no está tipificado en el Código Penal. Ir de putas con tu dinero, tampoco. En el caso “Mediador” parece que se buscaban empresarios con sanciones que quisieran recibir subvenciones o que buscaran abrir negocios en Canarias por su especial tratamiento fiscal, y un avispado ciudadano decidió crear una red poniendo en contacto a esos empresarios con diputados y con un general de la Guardia Civil. Los procedimientos (pago de cenas, comisiones, “mordidas” o “impuesto revolucionario” a cambio de influencia) sí pueden ser delito.

El meollo del asunto es que el Estado, las administraciones, están infectadas de nepotismo, descontrol y posibilidad de decidir arbitrariamente sobre quién puede o no hacer negocio entre una maraña de burocracia que hace imposible dicho control. Así funciona la sociedad española y ésa es la enfermedad que nos aqueja, uno de cuyos síntomas es la corrupción.

El PSOE fue avisado para que cesara al diputado Curbelo antes de su detención. Hemos visto al FBI registrando la casa del presidente de Estados Unidos (jefe de Estado), vimos a la policía francesa registrar el domicilio del expresidente y jefe de Estado francés Sarkozy, o a la policía de Israel registrar despacho y domicilio del presidente/jefe del Estado, pero en España el despacho de un diputado o el teléfono del exministro de Interior Fernández Díaz están blindados por ley y aunque la justicia investigue delitos graves no puede acceder a ellos.

Imaginemos a la policía registrando por orden judicial la Zarzuela o Moncloa. Ciencia ficción imposible en España. Las cuentas del diputado del PSOE Fuentes Curbelo no pudieron investigarse por ser aforado y la fiscalía se opuso a la petición policial de registrar su despacho en el Congreso. Dicen los servicios jurídicos del Congreso que es el Tribunal Supremo quien debe solicitar el registro y la Mesa decidirá si lo acepta o no. Con esta protección, algunos diputados gestionan empresas, crean asociaciones, fundaciones, ONGs y reciben ayudas oficiales en un Estado en el que anidan vividores, allegados, correligionarios y los 40 ladrones que acompañaban a Alí Babá en el famoso cuento persa en España se han multiplicado y pueden ser 400.000.

Ha sido así en el pasado y seguirá en el futuro porque la enfermedad no se cura combatiendo los síntomas, sino que hay que reformar la estructura del Estado, su administración, la justicia y la formación cívica que se enseña desde los colegios. Menos doctrina política sectaria y contra la nación y más formación en valores desde la escuela; cuando llega a la justicia un caso de corrupción combatimos el síntoma, no la enfermedad que infecta el Estado y la sociedad.

El diputado y el general de la Guardia Civil son los últimos ejemplos de un sistema político y social basado en el amiguismo y el nepotismo. Una situación que afecta desde las más altas instancias al último ayuntamiento, donde familiares y conocidos de los que lo dirigen tienen posibilidad de un trabajo, cargo, ayuda o contrato vedados a la gente corriente. Desde los familiares, amigos y asesores de Pedro Sánchez a decenas de miles de chiringuitos mamandurrias regados con millones de euros de subvenciones (el último conocido APRAM, asociación que presuntamente defiende a prostitutas para que dejen la profesión, que ha recibido millones de subvención de PSOE y PP y cuya responsable ostenta un patrimonio millonario sin justificación).

De patrimonios de políticos habría que hablar y preguntar a Felipe González, Aznar, Zapatero, Bono, Cascos y otros muchos si su situación patrimonial actual es coherente con los salarios públicos recibidos y declarados, o si hay algún secreto en esta partidocracia con máscara de democracia que el común de los ciudadanos desconocemos.

Es noticia, a la vez que se conoce el caso Mediador, que se investiga al marido de la directora general de la Guardia Civil por contratos en Andalucía, o al responsable de carreteras en Cantabria, que, como el general de la Guardia Civil citado, han gestionado, recibido ayudas y podido desviar dinero sin que fuera detectado porque no hay controles y donde los hay no sirven.

El nepotismo forma parte de las prácticas ordinarias políticas y sociales. ¿Cuántos de los funcionarios del Tribunal de Cuentas son familiares de los miembros titulares del mismo? ¿Cuántos familiares o hijos de políticos del Congreso trabajaron en el mismo? ¿Quiénes integran las diputaciones y cabildos? ¿Nadie sabe que todas las instituciones y organismos públicos de este país están infectadas de nepotismo y amiguismo?

Ésa es la enfermedad y los casos de corrupción que conocemos con cuentagotas los síntomas, pero combatiéndolos individualmente sin cambiar las bases del Estado, la administración, la justicia y la moralidad, sin un contrato social entre ciudadanos y sus servidores elegidos para gestionar temporalmente los asuntos públicos hoy inexistente, la enfermedad seguirá devorando al Estado y la sociedad. El ministro de Transportes de Grecia dimite tras un choque de trenes; en España al ministro de Defensa cuando el Yak-42 lo ascendieron a presidente del Congreso; el accidente de 2013 en Santiago de Compostela o el metro en Valencia no tuvieron consecuencias políticas. España es diferente.

Por citar el ejemplo que mejor conozco, pueden investigar cuántos hijos de mandos policiales ingresan como inspectores por la escala ejecutiva. Seguro que algunos merecidamente, superando el proceso con justicia, pero el número de aprobados señala que la ciencia debe estudiar si hay un gen específico transmitido por herencia que hace que los hijos de mandos policiales que superan el ingreso a la escala ejecutiva, grupo A, sea tan elevado. Seguro que el hecho de que los tribunales lo conformen mandos de policía compañeros de los padres de los que aprueban no tiene nada que ver, porque sería reconocer una cloaca en el corazón del Estado. ¿Cuántas cloacas así puede haber en el Estado, en todas sus administraciones y organismos?

En una reunión sobre la ley de Personal de la Policía en el año 2010 planteé que el ingreso en la policía en vez de por dos escalas, la básica y de mandos, se produjera solo por la escala básica. Estaba presente el director general de la Policía, Francisco Velázquez, dirigentes de otros sindicatos y siete mandos policiales. Un mando encolerizado dijo que eso sería la muerte de la policía como institución. Hice alguna gestión y supe que, de los siete mandos allí presentes, dos de ellos tenían dos hijos cada uno ingresados por la escala ejecutiva y cuatro, un hijo/a. El que no tenía hijo ingresado porque no tenía hijos tenía una sobrina ingresada por la ejecutiva. Este mando con sobrina me propuso en 1987, recién elegido vocal del Consejo de Policía y secretario general de Madrid de mi sindicato, que comenzara a ascender (oficial, subinspector, inspector) porque me veía con posibilidades de llegar en 20 años a inspector jefe. ¿Ha cambiado algo desde entonces en la policía y en el Estado?

En el caso que nos ocupa, aparte de la falta de control del general (como de todos los generales o jefes superiores con fondos reservados y en otras competencias), comprobamos el estricto criterio de selección de cargos públicos que permitió al diputado Curbelo dejar en herencia la dirección general que ocupaba a su sobrino, lo que su partido, el PSOE, permitió. ¿Cuántos políticos/as tienen pareja en la política en su mismo partido? Ese matrimonio de Extremadura que cada día se levantan de la misma cama y van a Mérida al mismo edificio cada uno en un coche oficial con conductor, y así vuelven para dormir en la misma cama. Ésa es la catadura de la casta política que dirige el país.

Resulta evidente que la política es una profesión muy solicitada que garantiza el futuro al encartado y a su familia. Desde ahí se pueden sortear los principios de mérito y capacidad facilitando acceso a trabajos de familiares y amigos y decidir arbitrariamente la concesión de ayudas o contratos públicos. ¿Cuántos familiares del diputado Curbelo están colocados en su territorio? ¿Cuántos de otros diputados o por ser de un partido están colocados en ayuntamientos, cabildos, diputaciones o empresas municipales o autonómicas? ¿Cuántos del PSOE hay en Andalucía, ahora ya también del PP, cuantos del PNV en el País Vasco o de los independentistas en Cataluña en diputaciones, ayuntamientos y otros múltiples organismos y chiringuitos? ¿Cuántos miles de asociaciones, fundaciones y ONGs de familiares, conocidos o compañeros de partido reciben subvenciones, miles de millones, que dedican principalmente a tener un salario fijo para trabajar en asuntos tan importantes para el interés general de los españoles como la tipología de las manchas en la piel de las iguanas verdes del Congo? Mientras, millones de personas en paro, cientos de miles en colas de hambre, jubilado/as con pensiones miserables y la mayor tasa de jóvenes desocupados y sin futuro de la UE. Ésas son hoy las dos Españas.

La trastienda de este caso emite una música que me suena. Villarejo fue denunciado anónimamente a la fiscalía que aceptó la denuncia y abrió una causa general prospectiva. El denunciante se identificó después como colaborador del CNI en alguna entrevista. Sólo con información del CNI podía remitirse dicha información y ya ha quedado acreditado en sede judicial que el comisario jubilado era colaborador habitual del servicio secreto español.

En el caso que nos ocupa, el mediador y denunciante de una trama de favores que él mismo organizó parece que adquirió al precio de 1.000 euros cada uno los teléfonos de algunas prostitutas que participaron en las fiestas para acceder a las fotografías de los mismos. ¿Es un comportamiento normal? ¿Esas prostitutas realizan otras labores además de las propias? ¿Eran sus teléfonos particulares o adquiridos para la ocasión?

De la misma forma que el CNI (su exdirector entonces, Sanz Roldán) decidió que había que acabar civil y profesionalmente con Villarejo, ¿es posible que el servicio secreto haya visto riesgo para el Estado por las cesiones a Marruecos y al independentismo y haya decidido intervenir moviendo algunos peones para provocar una bola de nieve que acabe con el Gobierno? En las cloacas del Estado profundo las cosas pueden funcionar así.

 

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