Lo que comenzó en 2018 como una serie de “anomalías” individuales se ha convertido, tras ocho años de mandato de Pedro Sánchez, en una constante estructural donde la mentira, la colonización institucional, la inoperancia gestora y el paso previsible hacia una autocracia se han asumido con una pasividad pasmosa.
La semilla de esta trayectoria ya mostraba sus rasgos desde el principio, eran los orígenes de un sanchismo autoritario y polarizador que muy pocos supieron ver: no era normal que Sánchez plagiara su tesis doctoral sin que hubiera consecuencias, como tampoco lo fue que su gente hiciera trampas en las primarias, ni que intentara adulterar la votación con una urna detrás de una cortina en aquel convulso Comité Federal de su propio partido. Sin embargo, lo que entonces parecía un estilo atípico de supervivencia política –resiliencia lo llamó- terminó transformándose en una forma de gobernar basada en la quiebra sistemática de la palabra dada… y ya de paso, del sistema.
Con el paso del tiempo, el “no es normal” se ha convertido en el día a día de la política española. Sánchez negó rotundamente los indultos a los golpistas y corruptos catalanes para terminar firmándolos; aseguró por activa y por pasiva que nunca pactaría con los estalinistas de Podemos ni con los sucesores políticos del entorno de ETA, para terminar convirtiéndolos en sus socios preferentes; y renegó de la amnistía hasta que necesitó sus votos para mantenerse en el poder, momento en el que pasó a defenderla como una exigencia democrática, incluido no solo el intento de golpe de Estado dado, sino también la corrupción económica que ese intento de golpe conllevó.
En medio de esta espiral de demencia, o de psicopatía, al decir de algunos –Rosa Díez dixit-, la gestión de la pandemia desarrollada por Sánchez dejó al descubierto la propaganda como herramienta central de su gobierno, apelando a un comité de expertos que jamás existió mientras el país contabilizaba más de 137.000 muertos.
A la quiebra de la palabra dada por el presidente le siguió el asalto a los contrapesos del Estado. No es normal la colonización sistemática de instituciones públicas y estratégicas -desde RTVE, el CIS, Indra, Renfe, Paradores o Correos, hasta Red Eléctrica e incluso empresas de capital privado como Telefónica-. Este afán de control por parte del sanchismo más corrompido -según los sumarios abiertos en los tribunales de justicia- ha alcanzado su cota crítica en el Tribunal Constitucional, capaz de hacer blanco lo negro -con la amnistía- o de actuar como un tribunal de ultracasación en el caso del latrocinio de los ERE, mientras se prepara una ofensiva legislativa para controlar la Justicia, buscar la impunidad ante los casos de corrupción familiar y de partido que cercan al entorno presidencial y perseguir tanto al poder judicial como a la prensa libre cuando no actúan a favor del sanchismo.
A este debilitamiento institucional sufrido en la España negra de Sánchez se suma un modelo socioeconómico y territorial devastador: leyes ideológicas que terminaron rebajando penas a violadores, la ruptura implícita de la caja única del Estado para satisfacer exigencias separatistas, la incapacidad de presentar Presupuestos Generales en toda la legislatura y una agenda de fanatismo climático que ha dejado al país expuesto hasta el punto de sufrir apagones. Todo ello bajo un clima político deliberado de polarización, donde se busca levantar muros entre españoles, se trata a la oposición como a un enemigo al que hay que exterminar -esperemos que sólo políticamente- y se llega a afirmar abiertamente que se puede “gobernar sin el Parlamento”, lo que es propio tanto de una dictadura fascista como de una estalinista.
Pero el rasgo definitivo de este periodo no es sólo la ambición de poder de Sánchez y de la manada sanchista, sino la ineficacia trágica en la gestión diaria. La dinámica del sanchismo responde siempre al mismo patrón: anuncio, foto, titular y, después, la nada. Prometió las obras del Barranco del Poyo que nunca se hicieron (con un saldo trágico de 228 muertos); prometió ayudas inmediatas a La Palma que años después no han llegado a muchas familias que aún esperan un hogar; prometió inversiones en infraestructuras ferroviarias que no produjeron (46 muertos en Adamuz); prometió 750.000 viviendas que jamás se construyeron, y prometió medios contra incendios que nunca compró mientras miles de hectáreas ardieron y arden en la España del Puerto Hurraco sanchista. Sánchez no gestiona, Sánchez anuncia. Es el arte de vender humo mientras el país arde, se inunda o se apaga.
Llegados a este punto, la mayor tragedia no es sólo la actuación del Ejecutivo, sino la anestesia colectiva de una sociedad que parece haber normalizado lo inaceptable. Sánchez no solo ha degradado la gestión y las instituciones; ha saqueado el alma de una nación al acostumbrar a los ciudadanos a una evidente deriva autocrática. Si el país no reacciona ante esta erosión constante nos arriesgamos a perder la democracia taza a taza, recordando la advertencia del periodista norteamericano Edward R. Murrow: “Una nación de ovejas engendra un gobierno de lobos”.
