Decíamos en la entrega anterior que la secuencia del desastre, es decir, cómo una entidad bancaria saneada y en expansión, es arruinada y saqueada por una banda organizada de depredadores, puede trasladarse a guión cinematográfico con facilidad, solo que en unos casos los delincuentes portan bandera monárquica española y en otros barretina y señera. Veamos ahora las consecuencias del escándalo con lo que ocurrió en Banca Catalana.

En la magistral defensa que hizo entonces de Pujol, su abogado, Joan Piqué Vidal, no se negaron los fraudes y las apropiaciones sustanciosas de dinero; lo que negaba el letrado, con más entusiasmo que datos, era que Pujol hubiera metido la mano. Aquel letrado, profesor de Derecho Penal, conocía bien el entramado de Banca Catalana, y también de Renta Catalana, que citamos por la relación que tuvo esta otra entidad con la caja B de la banca pujolista.

El abogado había sido, nada menos, que secretario general de la entidad bancaria, y estuvo a punto de ser obligado a cambiar su situación procesal y pasar de abogado defensor a testigo o, incluso procesado. Él y otros letrados, también intervinientes en el caso, resulta que habían sido quienes, como “parte contratante” se las habían visto en noviembre de 1982, cuando todo iba a pique, con los accionistas del banco, en junta general.

Con una brillante actuación, digna, eso sí, del abogado de don Vito Corleone, Piqué consiguió que los accionistas no acudieran a los tribunales y que optasen por esperar a acuerdos y pactos, “entre buenos catalanes”, para recuperar algo de sus dineros. Lo que son las cosas, resulta que el Joan Piqué de entonces tenía cierto parecido físico con el actor Robert Duvall, aquel que en la pantalla daba vida a Tom Hagen, el abogado de los Corleone en El Padrino.

A los españoles nos robaron 400.000 millones de pesetas

La aportación que hizo entonces el Estado, para apagar el fuego, fue de 400.000 millones de pesetas, si, lector, así fue. Si quiere haga usted la traslación a euros, que a mí me da vergüenza. Ya es conocido cómo salió Pujol inmaculado de aquello, tras ser aclamado por las multitudes, de derechas e izquierdas, cuando desde un balcón de la plaza de Sant Jaume homologó su imputación con un agravio, un ataque a Cataluña. Fue el letrado Piqué el que fraguó todo tipo de pactos entre bambalinas, durante varios años, para que aquel sumario acabase arrumbado en una audiencia, con gran daño para la imagen de la Justicia, tras aquel gran escándalo.

El citado Joan Piqué, autor de algunas monografías de derecho penal, se creía, como su jefe Pujol, intocable. La actitud de muchos jueces y magistrados, ante este personaje, era la de auténticos lacayos. Era mucho su poderío, pero vino a caer en desgracia hace unos años, como consecuencia de su relación con Pascual Estevill, aquel juez elevado a consejero del Poder Judicial por CIU y que fue condenado por extorsiones económicas, realizadas mientras se desempeñaba como magistrado-juez en Barcelona. Los dos ilustres juristas dieron con sus huesos en prisión, dada la evidencia de sus sucios negocios.

Como final, y para entender la complejidad de los escándalos financieros en España, y, al menos, explicarnos a nosotros mismos porque no prosperan las querellas y demandas de justicia, miremos un poco de reojo hacía el pasado, y veremos a las diferentes oligarquías haciendo trampas, para, eso sí, no pisarse entre la manguera entre bomberos, pero a costa de arruinar a los más débiles.

En 1983, ante la situación creada por los desfalcos y latrocinios realizados en el grupo Banca Catalana, se traspasó la entidad a un consorcio del resto de banqueros españoles.

El lamentable final de un escandalazo de primera fila

Finalmente, el Banco de Vizcaya, ya por entonces con afinidad nacionalista, se hizo con el 89 % de las acciones, así como con el control del Banco Industrial del Mediterráneo y Banco Industrial de Cataluña. En 1984 Pujol era incluido en la querella de la Fiscalía, junto al resto de directivos de aquella banca, creada, nos decían, para “fer país”. Tras la vergüenza de la gran concentración nacionalista en la Plaza de San Jaume Pujol fue excluido del sumario en 1986, si bien se continuó su instrucción respecto de 18 ex consejeros del banco quebrado.

Más de 3.000 folios y otros 65.000 en documentos acumulaban las diligencias judiciales. Los cargos de la acusación eran graves: apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil, maquinación para alterar el precio de las cosas y algunos otros hechos también contemplados en el Código Penal vigente entonces.

Finalmente, y tras los embarullamientos que fue consiguiendo el equipo de abogados de la defensa, el sumario fue sobreseído en marzo de 1990, con gran daño para la Justicia, perjuicios fabulosos para las arcas públicas y la ruina de muchos ciudadanos. Todo quedó en que hubo una gestión imprudente e incluso desastrosa.

La historia de hoy frente a la corrupción de ayer

Pero a lo que vamos, a nuestra encrucijada histórica actual, con una confrontación política Gobierno español – Generalitat de Catalunya, institución esta última que representa al Estado en aquella comunidad autónoma; que no se olvide este aserto de Perogrullo para saber de qué estamos hablando. Y ocurre este grave conflicto mientras que sale a flote, como si se tratase de un viejo barco pirata hundido hace siglos, la podredumbre de un clan mafioso, los Pujol, treinta años después del escándalo Banca Catalana, que es el origen de todo lo que hoy se está conociendo, según mi modesta opinión. Ni el político más lerdo se puede creer lo de la herencia de don Florencio Pujol, sobre todo después de que la hermana del expresident manifestase su desconocimiento de la existencia de tal legado; es decir, y esto en términos legales: “A confesión de parte, relevo de prueba”.

Esperé con ingenuidad que la comparecencia del fundador de Convergencia Democrática de Catalunya ante el Parlament, hace unos meses, aportase algo más de lo que ya conocemos a través de los medios de comunicación. Decepción y pena por ver cómo el viejo taimado sigue siendo el gran padrino de su partido y aledaños. Treinta años después las mismas apelaciones al patriotismo, que, como se ha citado por ahí invocando a Samuel Jhonnson, mal traducido por cierto, es el último reducto de los canallas.

Hubo, eso sí, unos cuantos mensajes del gran padrino, unos dirigidos a sus aún subordinados, empezando por Artur Mas, y otros dirigidos a Madrid. Toda una puesta en escena, pero con advertencias en caso de que se siga adelante. Estas amenazas parece que las ha reiterado en fechas recientes a los capitostes convergentes que le visitan, incluido su ahijado político Artur Mas.

Es decir, Pujol podría hablar si quisiese, por ejemplo, de la alianza financiera gestada en Barcelona, allá por 1990, para ayudar al emirato de Kuwait, por entonces invadido por Sadam Hussein; podría hablar también de Grand Tibidabo y de la participación en el holding de Javier de la Rosa y del entonces tesorero del Rey, Manuel Prado, y así un largo etcétera de asuntos y negocios turbios de los que tuvo en su día información privilegiada.

Omertà, o la ley de silencio entre Felipe González y Pujol

De lo que de ninguna manera va a hablar Pujol es de su pacto con Felipe González en 1984, y de cómo el presidente socialista pasó de decir en todas partes que “quiero a ese enano en la cárcel”, a una entente cordial, a la garantía de impunidad perpetua, y que ha durado hasta ayer; donde pesaron mucho los buenos oficios de Juan Carlos de Borbón y de unos cuantos poderosos empresarios.

La forma en que se violentó la investigación, las presiones a jueces y magistrados y el resultado final de aquello tuvo efectos devastadores en el ánimo de quienes, desde colectivos progresistas judiciales y de la fiscalía, venían trabajando para situar a la Justicia española en la democracia. Todo quedó como estaba; es decir, sin alterar apenas un statu quo, en el que las viejas castas franquistas y el Opus Dei siguieron controlando en buena parte el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, Escuela Judicial, Ministerio de Justicia, selección y formación de personal, política asistencial y el gran entramado empresarial, central o autonómico, que se ha ido creando anejo al calor de las privatizaciones, con entrega a los amigos de los grandes negocios relacionados con la construcción, informática, digitalización, registros, etc. etc., sin olvidarnos de la privatización de las nacionalizaciones, matrimonios y otros muchos asuntos, entregados por Mariano Rajoy a sus colegas y familiares: los registradores de la Propiedad y Notarios.

Tengo la convicción de que el actual caso Pujol, como todo lo que afecta a los poderosos de nuestro país, no se va a solventar con justicia, es decir con castigo para los actos delictivos, reparación a los perjudicados y celeridad en las actuaciones judiciales.

Ni siquiera los de la “desconexión” del Estado español han planteado una alternativa judicial al caso de los Pujol en clave de nuevos tribunales de su República Catalana.

Puede que lo que se negocie, en ese sainete de viaje a ninguna parte del Parlament es borrón y cuenta nueva.

De aquellos polvos vinieron estos lodos, y también la célebre “herencia de don Florencio”, oculta durante todos estos años, a buen recaudo, lejos de Cataluña y de la Agencia Tributaria. ¿Se desandará el camino y se llegará ahora a donde no se quiso llegar hace treinta años? No tengo por costumbre hacer predicciones, pero me temo lo peor.

[*] Ver también: Pujolandia y Felipe González: los antecedentes de la corrupción en Cataluña (1)