El cuarto intento de los dirigentes catalanes para proclamar una Cataluña independiente de España tiene los días contados, a imagen y semejanza de los que se produjeron en los dos últimos siglos en nuestro país. Sucedió durante las dos Republicas, en febrero de 1873 con la Primera, y en abril de 1931 y octubre de 1934 con la Segunda.

El Parlamento de Cataluña acaba de aprobar, con los 72 votos de los diputados de Junts pel Sí (JxS) y la CUP, la ‘declaración solemne del inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república’, un ‘proceso de desconexión que no se supeditará’ al Tribunal Constitucional.

Surrealismo ‘buñueliano’: latrocinio económico y travestismo ideológico

Esta nueva y atípica proclamación del Parlament del 10 de noviembre de 2015 –sin la elección de un nuevo gobierno de la Generalitat tras las elecciones del 27-S-, abre un serio proceso de desafección institucional, división ciudadana y ruptura del dialogo con el Gobierno de España que salga de las urnas el próximo 20-D, lo que sin duda es necesario atajar.

La insoportable intransigencia de una parte de la clase política y social catalana, trufada del peor surrealismo ‘buñueliano’, ha devenido tras el mayor caso de corrupción y latrocinio económico protagonizado por la familia del mismísimo expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, durante las dos últimas décadas. Junto a él, también se ha visto implicado el partido que lo sustenta, Convergencia Democrática, liderado por su sucesor y presidente en funciones, Artur Mas, cuyo travestismo ideológico ha sido capaz de mutar sus principios burgueses por el republicanismo más radical al que ha entregado de manera gratuita su bagaje político y -lo que es peor- parte de sus votos.

El peso de la ley

Hoy como ayer, el Estado y sus instituciones tienen toda la legitimidad -y la obligación- para neutralizar política y jurídicamente el disparate secesionista proclamado por 72 diputados independentistas (por 63 en contra) que declara solemnemente el inicio del proceso de creación del ‘Estado catalán independiente en forma de república’ y proclama que el Parlament ‘no se supeditará a las decisiones del Tribunal Constitucional’.

La soflama independentista está trufada de críticas al ‘estado español’, a sus instituciones y a la Unión Europea por fomentar el capitalismo, a la vez que pretende planificar la ‘desconexión’ entre Cataluña y el resto de España con una hoja de ruta para tramitar las primeras leyes del proceso constituyente, la Seguridad Social y la Hacienda propia: las llamadas ‘estructuras de Estado’ que el Gobierno de Mas lleva preparando desde hace meses.

La seriedad de la nueva amenaza se sintetiza en la advertencia del diputado Raúl Romeva de que la situación ‘ya no tiene freno’. ‘Si no es hoy será mañana, si no somos nosotros serán otros’ quienes continuaran el proceso secesionista.

Hoy como ayer, el Estado ha hecho lo que debía: iniciar el recurso jurídico con el apoyo de todas las fuerzas políticas en defensa de la unidad de España, la Constitución y la propia democracia.

El recuerdo del pasado…

El jurista canario Eligio Hernández, recuerda cómo durante la primera Republica de 1873 ya se proclamó en nuestro país, de forma unilateral, el Estado catalán, que sólo pudo revocar aceptando la disolución del ejército en Cataluña y la sustitución del presidente Figueras por Francisco Pi y Margall.

El 14 de abril de 1931, Francesc Maciá aprovechó la proclamación de la segunda Republica para proclamar a su vez la República Federada Catalana, revocada tras la presión para aceptar un Estatuto de Autonomía para Cataluña. Una situación que se repetiría en octubre de 1934 cuando el presidente de la Generalitat, Lluís Companys (ERC), vuelve a proclamar unilateralmente el Estado Catalán de la República Española, y aclara: ‘Cuando digo que por defender las libertades de Cataluña estoy dispuesto a jugarme la vida, no hago uso de un latiguillo, sino que expreso una realidad’.

Solo después de que el consejero de Gobernación, José Dencás, comenzase a organizar el ejército catalán a fin de impedir el paso de tropas españolas que pudiesen ser enviadas contra Cataluña y dentro de Barcelona, es cuando el Consejo de Ministros, mediante decreto firmado por el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y por el presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, declaran el estado de guerra en todo el territorio de la República española. El 17 de octubre, Companys comunica al general Batet su rendición tras una rebelión en la que murieron cuarenta y seis personas, treinta y ocho civiles y ocho militares.

El presidente y el Gobierno de la Generalitat fueron juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales, condenados por rebelión militar a treinta años de prisión y posteriormente indultados. La autonomía catalana fue suspendida indefinidamente por una ley aprobada por el Gobierno de la CEDA, con Lerroux.

…para no repetirlo

Hoy como ayer, el presidente del Gobierno ha asegurado entender el ‘hartazgo de los españoles’ ante este desafío y la «zozobra» de los catalanes ‘ante una iniciativa que desprecia la legalidad’. Mariano Rajoy ha insistido en que no habrá ninguna desconexión ni ninguna fractura entre Cataluña y España y ha dejado claro que el recurso al Tribunal Constitucional es el primer paso y, aunque espera que ‘sea el último’, no ha descartado tener que activar otras medidas mucho más contundentes, entre ellas el propio artículo 155 de la Constitución que llevado a sus últimos extremos e implicaría suspender de facto la autonomía catalana.

Dialéctica farisea

El 52% no independentista representando en el parlamento catalán, esto es, las fuerzas de oposición, no han dudado en calificar lo ocurrido como ‘insurgencia’, Joan Coscubiela (Catalunya Si que es Pot), argumentando el fariseísmo de los independentistas por denostar al TC y recurrir al mismo tiempo al tribunal. También han denunciado la ‘perdida de un plebiscito para el que no cuentan con la mayoría’, según Inés Arrimadas (Ciutadans), mientras que Miquel Iceta (PSC) recordaba que la mayoría minoritaria ‘no tiene ni los diputados suficientes para cambiar el Estatut, ya que necesitan dos tercios’.

La gravedad de la situación actual no nos debe llevar a combatir proclamas con bombas, ni siquiera imaginarias como ha sugerido algún líder político extremeño, sino sólo a responder con la firmeza de las leyes y el Estado de Derecho para desactivar espurios argumentos ideológicos más propios de un franquismo trasnochado como el ‘España nos roba, continuaremos en Europa o, nos persiguen por poner urnas’.

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