Una vez más, los partidos independentistas se han negado a ir a las consultas que protocolariamente debe hacer el Rey antes de proponer un jefe de Gobierno. Es otra demostración de su aversión a la Monarquía y a la Constitución que la ampara. Ni siquiera para una cuestión tan simple como la de qué opinan sobre la investidura de Pedro Sánchez (en la que participarán) han querido ver a Felipe VI. Lo bueno del caso es que en un país acostumbrado a casi todo el desplante no tendrá más trascendencia, aunque en teoría el Rey ignorará si apoyarán o no dicha investidura y, en teoría, repito, puede considerar que Sánchez no tiene suficientes apoyos y enviarnos a unas nuevas elecciones.

La grosería institucional de los independentistas es una más de las actitudes de hostilidad que atraviesa la vida política de este país, donde quienes están al margen de la Constitución mantienen sus derechos e intentan imponer su modo de ver las cosas a los demás.

Todo esto se debe, claro está, a considerar al rival no como un adversario legítimo, sino un enemigo a destruir. Véase si no el ejemplo del concejal del PSOE Daniel Viondi toqueteando repetida y amenazantemente la cara del Alcalde de Madrid, Martínez Almeida, aunque por fortuna los socialistas hayan quitado todos sus cargos al matón de turno.

Otro ejemplo, menor si se quiere, se produjo en Zaragoza, donde la presidenta de las Cortes autonómicas, Marta Fernández, de Vox, y la ministra Irene Montero, de Podemos, se ignoraron recíprocamente y luego la primera desairó a la secretaria de Estado Rodríguez Pam al negarse a estrechar su mano.

Afortunadamente, repito, éste no es todavía un anecdotario grave, pero sí sintomático de por dónde van las cosas y no saber que las formas en la política preludian el fondo de la misma. Si no paramos a tiempo en estas actitudes, un día tendremos algo más gordo que lamentar.