Titulan algunos medios de comunicación, con motivo del Comité Federal que ha reunido al socialismo realmente existente, que Pedro Sánchez “no puede ni sabe” explicar a sus compañeros sus acuerdos con ERC. En realidad sí sabe: no es muy difícil y ERC lo ha explicado muy bien.
Es cierto que no puede porque Sánchez sí sabe que no es constitucional y no es legal. No; Catalunya no está en los derechos históricos de la disposición adicional primera, no; la LOFCA no recoge la nivelación a la carta y, menos aún, el ordinalismo. Eso de que después de la nivelación tengo que seguir siendo más rico que nadie. Tampoco puede decir que no lo cumplirá para que los independentistas no le dejen tirado, aunque Junts ya les ha dicho que lo mantendrán en coma, más no muerto.
Así que, siguiendo el consejo de sus “cabezas de huevo” (en Ferraz y Moncloa), se dispone a, primero, aplicar neolengua y demagogia a la financiación autonómica y, luego, a preparar una escalada contra Madrid, con el pretexto del “paraíso fiscal”.
Dice Sánchez que él ha puesto en estos años 300 mil millones más de lo que dio el PP en el mismo periodo de tiempo. Afirmación falsa: él no ha puesto nada: los ingresos fiscales de las Comunidades están reglados.
Voy a ver si logro explicarlo, otra vez. Los recursos autonómicos de régimen común se reparten cada año de acuerdo con una fórmula (la llamamos necesidad de gasto) que define los recursos necesarios en cada Comunidad para financiar un nivel uniforme de servicios públicos (Fondo de Garantía, en términos del acuerdo de Financiación).
Esta norma se regula repartiendo los recursos según una variable que se denomina “población ajustada”, que sustituye a la población de cada territorio en muchos de los cálculos. Esta “población ajustada” se calcula rectificando la población real por una estimación, que está en la norma aprobada hace once años, de los costes de provisión de los servicios públicos, en base a variables demográficas y geográficas que incluyen envejecimiento de la población y su dispersión, así como la extensión del territorio.
Esto es lo que se llama fondo de suficiencia que en el 75% se nutre de impuestos (propios y cedidos –incluye la parte autonómica del IRPF- y otro 25% del estado). Esto ha sido así con Zapatero, Rajoy y Sánchez. No sólo menos lobos, habría que decirle al presidente, sino recordarle que estos dineros se actualizan cada año con un índice de ingresos tributarios estatales (el llamado ITE, por ingresos tributarios del Estado.
Se lo diré de otra forma: no es Sánchez el que decide, es la recaudación. Debido fundamentalmente a la buena evolución de los ingresos tributarios autonómicos y estatales en el último año liquidado (2022), la financiación creció un 13,8%. Para los dos últimos años no hay datos, pero los tributos utilizables han crecido a ritmos del 19,3% en 2023 y 14,7% en 2024. Ya les aviso que bajarán en 2025 o se estancarán.
Cuando estos recursos no cubren lo que correspondería a una comunidad por “población ajustada”, entra en juego el Fondo de Suficiencia (que es lo que unos llaman nivelación, otros solidaridad y otros igualdad). Y quien supera los recursos son los que nutren este Fondo (Madrid, Catalunya y Baleares). De aquí es de donde quiere escapar Catalunya.
Cuando Sánchez dice que doblará el fondo de solidaridad habla de un fondo que no existe, pero, sobre todo, está diciendo que o paga el Estado o paga Madrid.
Hay otros fondos llamados de Convergencia Autonómica que se financian con recursos del Estado y que compensan a las Comunidades más desarrolladas.
Por cierto, los fondos que reciben Cuenca, Teruel o Soria no forman parte de la financiación autonómica, como se reconoce por la Unión Europea el régimen fiscal canario por ultraperificidad y a Baleares se le incluyen en las necesidades de gasto los costes de insularidad (está en la Constitución y en la LOFCA).
Debe decirse que estos recursos se calculan para un nivel similar de competencias y de esfuerzo fiscal. Pero ese esfuerzo fiscal, pretensión original del Estatuto catalán, no puede usarse para determinar el fondo de suficiencia (la solidaridad o la nivelación, como la quieran llamar). Lo dijo el Constitucional en su sentencia al Estatut de Catalunya.
Todas las Comunidades tienen capacidad normativa sobre sus impuestos propios que pueden usar a su antojo. Como siempre se habla del impuesto de sucesiones y Madrid habrá que decir que fue un ministro de Zapatero el que suprimió el impuesto en toda España y que el PP hubo de ponerlo por presiones de la Unión Europea para evitar la intervención en España.
El discurso sobre “el paraíso fiscal” madrileño no se sostendrá ni legalmente y, me temo que tampoco política ni fiscalmente. Las reducciones de Ayuso son más cosméticas que reales, más o menos como el impuesto a los ricos de Sánchez.
Lo que da dinero a Madrid, notablemente por encima de otras Comunidades, es -sí, es así – el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (es decir, lo que se paga por constituir empresas, créditos, entradas de capital extranjero y cosas por el estilo). Ahora entenderán las ganas de llevar centros y empresas fuera de Madrid y de controlar la actividad contractual de las empresas públicas para que Ayuso no pille de su actividad económica.
Éste es un sistema opaco, ininteligible y desigual, cierto, que debió ser corregido hace once años. Pero no es en la línea del foralismo sino en la de contemplar las dimensiones de las necesarias correcciones de las que no se habla en la Moncloa: hay más envejecimiento, más despoblación y más dificultados para gestiones en la dispersión y necesidades los servicios públicos más relevantes: educación y sanidad.
Todo el mundo lo sabe. Pero esto no les interesa a los independentistas catalanes y, por lo tanto, no le interesa a Sánchez. Que en la Moncloa utilicen lo incomprensible técnicamente del sistema para, a golpe de neolengua y amenazas, salvar unos días de gobierno es cosa suya.
Pedro lo sabe, pero no puede contarlo y recurre a la demagogia. Es lo que hay.
